Consejo de Pueblos Atacameños emplaza a la ministra Hernando por declaraciones sobre la estrategia del litio: “Valida un modelo hidrogeológico errado”

Dirigentes del CPA en el congreso

Presidente del CPA ante el congreso

Tras el llamado de ayuda al sector privado que hizo la ministra de Minería, Marcela Hernando, en el seminario Políticas de Desarrollo del Litio, donde aseguró que “estamos conscientes absolutamente de que el Estado chileno no tiene las condiciones para avanzar solo (en la explotación del litio) … la tecnología y los conocimientos están en la industria privada”, el Presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Vladimir Reyes, emplazó a la secretaria de Estado a que priorice el trabajo con las comunidades del pueblo Lickanantay en vez de pasarlos por alto e ir con la industria privada, enfatizando que “todo emprender con el litio primero debe ser consultado a los dueños de casa, ni la Corfo ni el Estado son los dueños de los salares, estos se ubican en territorio Atacameño y deben contar con la autorización de sus habitantes”.

La máxima autoridad del CPA explicó que en primer lugar se debe entender que “el territorio ha sido habitado desde hace once mil años por los y las Lickanantay, con ocupación efectiva, ancestralmente ligados al territorio como fuente de vida, que no separamos el agua de la tierra, el arriba con el abajo, sostenemos una relación directa con el ecosistema, con los salares que habitan microorganismos, extremófilos que sustentan la vida”.

El Presidente de la asociación indígena continuó sus declaraciones enfatizando que el “Consejo de Pueblos Atacameños cuenta con una Unidad de Medio Ambiente, unidad especializada que nos permite comprender con el conocimiento ancestral las dinámicas de los procesos extractivos, contando con estudios y análisis propios de las ciencias comunitarias, de las ciencias indígenas, logrando articularnos con la academia y universidades. Consideramos importante que la Política Nacional del Litio integre el conocimiento ancestral territorial a la par, y en igualdad de condiciones, con los servicios públicos con competencia ambiental. Necesitamos relevar nuestros saberes a los estamentos estatales y no esperar a la Superintendencia en sancionar, sino con la posibilidad de que activada la alerta temprana por sobre-extracción se cierre inmediatamente la llave que extrae agua de nuestros salares”.

Valida un modelo hidrogeológico errado

Por su parte, el coordinador de la Unidad de Medio Ambiente (UMA) del CPA, ingeniero civil ambiental Francisco Mondaca, declaró que “a la fecha se han realizado diferentes estudios y modelos hidrogeológicos del Salar de Atacama por parte de empresas y lo realizado por Corfo, los cuales aún carecen de información relevante de cada sistema en particular, en donde consideran al salar como un sistema homogéneo y minimizado sus modelos a niveles sin evaluar si estos descensos o disminución de volúmenes han tenido efectos sobre la dinámica de los diferentes ecosistemas particulares de las lagunas que existen en el salar”.

Además, que “creemos que aún falta definir y mejorar los modelos conceptuales existentes, con información actualizada como por ejemplo dejar de insistir que la salmuera se desconecta del agua fresca, esto no se da en todos los sistemas lagunares. Asimismo considerar a organismos que dependen de gradientes hidráulicos y como estos influyen sobre las cadenas tróficas de las diferentes especies de los humedales (salares)”.

El profesional explicó el impacto de la extracción de litio en el Salar de Atacama aclarando que “cuando hablamos de litio nos referimos a la minería del agua, lo que se explota es agua con un 30% de sales aproximadamente, denominada salmuera. El litio está concentrado un 0,2% en la salmuera, para obtener una tonelada de litio se evaporan más de 1 millón de litros de agua, dicha agua evaporada no regresa al sistema. Además, considerando desde el transporte y proceso de refinado de carbonato de litio hasta generar la batería de litio, conlleva una cadena de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo cual no se entiende a qué se le llaman energías verdes o transición justa”.

Mientras que el coordinador de la Unidad Jurídica del CPA, abogado Sergio Chamorro, manifestó que desde lo legal buscan como último punto “establecer como principio rector en toda planificación, plan o política la aplicación inmediata del artículo 15 del Convenio 169, en su numeral 1 y 2, lo que comprende participación, deliberación, consulta, indemnización (…) De igual forma el Estado se comprometió a la restitución de todas las tierras atacameñas, contenido en el artículo 3 transitorio de la Ley Indígena, restitución que a la fecha no cumple”.

Política para la explotación del litio

Cabe recordar que en los años 70’s, la explotación del agua en el Salar de Atacama inició con las primeras mediciones, prospecciones e inversiones en la zona por parte de Corfo, pertenencias que abarcan un 55% del total de la superficie. En 1979 se declara al litio como mineral no concesible a través del Decreto Ley Nº2886 que modificó la Ley 16.319 y creó la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

En la década de los 80’s comenzó una operación, a través de contratos se inició el despojo de la tierra atacameña en forma de arrendamientos a través de la Corfo, mecanismo de concesión administrativa que contempla de forma paralela la propia Constitución Política de la República de Chile. Entre los principales acuerdos entre el Estado y privados, dispuso de toda la zona sur del Salar de Atacama y una franja de 1370 hectáreas, pertenencias denominadas “tierra de nadie”. Actualmente SQM y Albemarle son las empresas autorizadas mediante concesión administrativa en forma de contratos directos con el Estado para la explotación de salmuera y producción de derivados del litio en el Salar de Atacama.

Lo anterior es un resumen de la política implementada para la explotación del litio, que a su vez conlleva al estado a asumir una serie de compromisos con el pueblo atacameño Lickanantay, en particular la Ley Indígena 19.253, que conforme a su artículo 26 estableció un Área de Desarrollo Indígena denominada “Atacama La Grande”, esto se traduce en que los órganos de administración estatal deben focalizar su acción para mejorar la calidad de vida de sus habitantes indígenas que ocupan un territorio, lo que a la fecha no se refleja en la práctica.