Inversión estancada por consulta indígena suma US$6.902 millones

La realización de consultas en distintas zonas del país mantiene un total de 8 iniciativas paralizadas. Desde su puesta en marcha hace diez años, los proyectos de inversión sometidos al Convenio 169 de la OIT suman US$13.481 millones.

Una profunda reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es la que recientemente anunció el ministerio de Medio Ambiente. Se trata de un cambio disruptivo, porque elimina la figura del Comité de Ministros y crea macrozonas. Sin embargo, al interior de la plataforma se mantiene a la fecha un instrumento que ha servido para más de una polémica en la tramitación de grandes proyectos de inversión.

Se trata de la Consulta Indígena, que surgió tras la ratificación por parte del Estado de Chile en el año 2008 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este establece el deber para el Estado de consultar las medidas legislativas y administrativas que afecten directamente a los pueblos originarios con el fin de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

A la fecha, la realización de consultas en distintas zonas del país mantiene un total de 8 iniciativas paralizadas que suman US$6.902 millones, según los registros públicos del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Desde su puesta en marcha hace diez años, los proyectos de inversión sometidos a dicho instrumento suman US$13.481 millones, por lo que los que están actualmente paralizados representan la mitad.

Entre los proyectos que se encuentran bajo esta modalidad están: Tren Alameda Melipilla de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE); Quebrada Blanca Fase 2 de Teck; el proyecto de Minera Delfín, ligado a Hernán Büchi y Víctor Petermann; y cuatro proyectos de energía renovables no convencionales. A la fecha, acumula 723 días sometido a dicho instrumento el proyecto de EFE, que pretende expandir su red de transporte urbano en la capital y considera una inversión de US$1.100 millones. En cinco meses más, este podría batir el récord, que hasta hoy lo ostenta Codelco y su megaproyecto RT Sulfuros, el que sumó un total de 891 días en consulta indígena.

La última apertura de este tipo de procesos se produjo a finales de diciembre de 2017. Se trata del proyecto el Parque Eólico Cabo Leones III de Ibereólica y en promedio han tomado poco más de un año con cuatro meses.

Desde el gobierno confirmaron que “la reforma al SEIA que está planteando el gobierno no toca en nada la consulta indígena. Queda tal cual está”.

Expertos piden cambios

Consultado si el proceso viene a ser un obstáculo que frena los proyectos de inversión, el ex director ejecutivo del SEA, Jorge Troncoso, es categórico: “Bajo ninguna circunstancia creería que vienen a frenar las iniciativas si es que se llevan adelante bajo lo establecido en la norma”. No obstante, aclaró que “siempre estos instrumentos son perfectibles, si se considera que permanentemente el SEIA está sometido al escrutinio público”.

Entre los expertos apuntan a la necesidad de imprimir cambios al mecanismo. La abogada Paulina Riquelme, socia de Eelaw, plantea la idea de especializar a funcionarios para efectos de disminuir plazos de consulta. “El objetivo es sistematizar las buenas experiencias de consulta con capacitación permanente. Lecciones aprendidas, pues hoy la dificultad es que los plazos de la consulta indígena no conversan ni son consistentes con los del SEIA”, concluye.

Jaime Solari, gerente general de Soluciones en Gestión Ambiental (SGA), propone buscar una vía para acotar el cierre de los procesos. “Muchas comunidades están usando este instrumento para obstruir los proyectos. En forma mañosa lo están haciendo los abogados de las comunidades. Algunas veces estás desarrollando un proyecto y las comunidades no te dejan levantar la línea base, porque para que ocurra ello las familias indígenas deben ser entrevistadas. Debe existir información de primera fuente. Si no te abren la puerta y no participan, terminan por ser un obstáculo en la tramitación de un proyecto de inversión”, añadió el experto.

A modo de contrapunto, Alonso Barros, director de la Fundación Patrimonio Desierto de Atacama, sostiene que el diálogo genuino entre una comunidad y una empresa no es algo que se dé así por la nada. “Al final llega una empresa y pide dialogar desde arriba hacia abajo. No es fácil llegar a acuerdo cuando hay una mesa de diálogo coja. Para constituir un dialogo equitativo, con una cancha pareja, la comunidad pide recursos para que haga sus propios estudios para establecer las líneas de base”, relata el abogado.