A cuatro meses que el anterior gobierno adjudicara los contratos especiales de operación del litio a una empresa china y otra nacional, las que en conjunto explotarían 80 mil toneladas anuales; el Ministerio de Minería anunció que acatará el fallo de la Corte Suprema que acogió los recursos de protección de las comunidades atacameñas de Camar y Coyo dejando sin efecto la licitación.
Así lo comunicó ayer la ministra de Minería, Marcela Hernando, quien adelantó que lo que harán de aquí en adelante "es acatar el fallo y ejecutar aquellas tareas administrativas que en derecho corresponden. Ya habíamos advertido que la licitación estaba mal hecha. Sin embargo, al estar judicializado el proceso decidimos esperar a ver qué dictaban los tribunales competentes. La Corte Suprema ya falló a favor de las comunidades originarias y esto marca un precedente".
En la misma línea, el subsecretario Willy Kracht, explicó que lo que le corresponde al ministerio "es seguir todas las tareas administrativas para cumplir con lo que eso implica, lo que tiene que ver con devolver las garantías a las empresas adjudicadas, dejar sin efecto la resolución N°1 de 2021 que llamó a licitación y terminar los procedimientos iniciados por los recursos de reposición presentados contra la decisión adoptada por el Comité Especial de Licitación".
Serán coherentes
Respecto a la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que destaca que la falta de una ubicación específica para el desarrollo del proyecto de explotación de litio en las bases de licitación impidieron una consulta indígena; desde el ministerio expresaron que estos argumentos del fallo "trasmiten la tremenda importancia que tiene el diálogo con los pueblos originarios y los territorios, que es algo que está contemplado y que forma parte del diseño en el que se va a trabajar en adelante para la creación de capacidad estatal de producción de litio".
En la misma línea, el encargado de litio y salares de la cartera, Gonzalo Gutiérrez, aseguró que "este fallo es coherente con la iniciativa de la Empresa Nacional del Litio. Esto como ministerio lo habíamos expresado antes y se estaba a la espera de la situación judicial, así que esto permite continuar con la política que ha planteado el Presidente Gabriel Boric al respecto".
Las autoridades sostuvieron, además, que con la caída de la licitación del litio el Estado puede generar alianzas público-privadas sin ningún tipo de restricción, entre las distintas compañías que han manifestado interés en la exploración y extracción del litio.
Era "una amenaza"
Desde la comunidad atacameña de Coyo, que presentó un recurso de protección al igual que Camar, comunicaron que el fallo "ha restablecido el imperio del derecho y trae justicia a los pueblos atacameños", y que "una licitación que no determinaba el área bajo la cual se iban a ejecutar las exploraciones en búsqueda del litio, es decir, en principio podían realizarse dichas acciones exploratorias en cualquier lugar del territorio nacional; constituía una amenaza insoslayable para el ejercicio efectivo de los derechos que se consagran para nuestra comunidad en el Convenio 169 de la OIT ratificada por el Estado de Chile".
Conocido el fallo y la determinación del ministerio de acatarlo, desde la comunidad atacameña de Coyo, que preside Lady Sandón, expresaron que "el desarrollo económico no puede realizarse a costa de los pueblos ni sin el reconocimiento, dialogo y respeto de los derechos de estos, tal como hemos propiciado siempre desde nuestra milenaria cultura atacameña, estando dispuestos, ayer, hoy y mañana a que desde ese camino es posible construir acuerdos de futuro, beneficiosos para todas y todos".
450 mil toneladas anuales esperaba aumentar la producción de litio al 2030 la Política Nacional Minera 2050.
400 mil toneladas de litio metálico comercializable buscaba licitar el gobierno anterior con los nuevos contratos.
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Publicado el 03 de junio de 2022
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