El Comité de Ministros deberá zanjar el futuro del proyecto Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado, ligado a Minera Delfín, empresa cuya propiedad comparten el economista Hernán Büchi, el empresario Claudio Segura y el desarrollador turístico Víctor Petermann.
La iniciativa, cuya inversión alcanza los US$17 millones, fue rechazada por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de Antofagasta. La decisión causó molestia en la empresa minera, sobre todo porque el Servicio de Evaluación Ambiental había recomendado su aprobación, planteamiento no fue recogido por los organismos con competencia en el proceso de evaluación.
Cercanos a la compañía sostienen que la medida sienta “un pésimo precedente para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”. Sin embargo, si bien admiten que el proyecto es de un tamaño menor para las cifras que se acostumbran en la minería, sí resulta preocupante su rechazo frente al escenario actual de la industria minera.
“Planta de Sulfato de Cobre Pentahidratado” corresponde a un proyecto minero cuya capacidad nominal de diseño es de 12.000 toneladas al año de mineral al 25% de pureza, y consiste en la extracción de mineral de cobre (óxido de cobre) desde el yacimiento Delfín, a una razón de 1.200 toneladas al día aproximadamente mediante el método subterráneo de explotación con arranque por subniveles o Sublevel Stoping.
A modo de justificación de la medida, la máxima autoridad ambiental de Antofagasta planteó que el proyecto no se hace cargo de “las características y circunstancias” establecidas en el artículo 11 letra C de la ley de Bases del Medioambiente. Dicha norma se relaciona con “reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos”.
En ese sentido, el evaluador reparó en el retiro del proceso de consulta ciudadana de la comunidad de Peine, localidad cercana al proyecto, que cuestionó que la compañía no presentara un plan concreto de compensaciones. Según la presidenta de esa agrupación, Teresa Chaille, la decisión de abandonar el proceso de PAC se debió a que la compañía no entregó certezas respecto al plan de compensaciones.
Agregó que no existe posibilidad de acuerdo a la fecha con la compañía, reiterando su negativa a la iniciativa que deberá ser zanjada durante las próximas semanas por el Comité de Ministros.
“Hay muchas cosas que no están claras en el proyecto y que consideramos que no corresponden, sobre todo por el impacto medioambiental que va a generar y cercanía del proyecto”, aclaró. El proyecto se instalaría a siete kilómetros de la zona de Peine, lugar que es habitado por comunidades atacameñas.
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Publicado el 26 de febrero de 2016
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