Sintonía de diálogo

Por América Rodríguez A.

La comunidad indígena atacameña de Peine tiene algo más de 400 habitantes y es parte de la comuna de San Pedro de Atacama, en la Región de Antofagasta. Pertenecientes a la etnia lickanantai -en su mayoría-, han vivido en esa zona desde tiempos inmemoriales, y sus principales actividades han sido la minería, agricultura y la ganadería. 

A sólo 27 kilómetros de allí, al oriente de la península de Chépica, en el salar de Atacama, opera la Compañía Rockwood Lithium, antigua Sociedad Chilena del Litio (SCL), dedicada a la extracción de salmueras con contenido de litio y otros minerales, y donde más del 50% de los trabajadores pertenecen a esa comunidad. 

Si bien hasta hace unos años tanto Rockwood como Peine pudieron considerar que su relación era deficiente, eso ha cambiado tras firmar en noviembre pasado un Convenio de Cooperación que promueve el diálogo entre ellos, con tal éxito que ya están comenzando a ver sus primeros frutos. 

Desde la firma de ese acuerdo, y una vez al mes, se han reunido religiosamente en una mesa de diálogo permanente para discutir las inquietudes que la comunidad pueda tener y lograr acuerdos que aseguren mantener las buenas relaciones, al alero del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Como reconocen desde ambos lados, no fue fácil, pero éste es un caso en que se logró tener la sintonía necesaria para abrir una puerta al trabajo en equipo y mejorar las relaciones entre la comunidad y la empresa. Algo que ha sido muy valorado en el resto de la industria, e incluso ya está siendo citado como ejemplo por expertos en estas temáticas. 

Encuentros y desencuentros 

Para entender esta relación es necesario remontarse al inicio de las operaciones de Rockwood en el salar de Atacama, a mediados de los ‘80, cuando era conocida como SCL. En ese entonces cualquier cooperación entre la firma y Peine se limitaba a acuerdos de palabra, lo que no tenía muy contentos a los miembros de la comunidad, que con miras a buscar algo más formal se constituyeron jurídicamente en 1995 y desde entonces empezaron a hacer gestiones para lograr lo que consideran sus “primeros triunfos”. 

“Nosotros no teníamos agua potable y la directiva de la comunidad decidió traer el agua de 70 kilómetros hacia la cordillera”, cuenta Jaime Mora, actual presidente de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine. “En ese entonces eran pocos los recursos que teníamos, pero conseguimos el apoyo de Rockwood y de otras mineras aledañas al lugar y pudimos hacerlo”, destaca. 

Mora cuenta que desde esa época buscaron la forma de llegar a un acuerdo formal con la empresa, pero no lograban dar con algo que les beneficiara como ellos estimaban que debía ser, por lo que en 2006 se detuvieron parcialmente las conversaciones hasta nuevo aviso. 

Unos años más tarde, y luego de que la empresa ingresara su proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama” al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a mediados de mayo de 2009, fue cuando se dio la oportunidad para entablar nuevamente el diálogo. 

Por ese entonces, tanto la comunidad de Peine como la de Toconao -otra zona aledaña a San Pedro de Atacama- enviaron sus observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA), oponiéndose a su desarrollo. En ellas destacaban los impactos que podría tener esta ampliación en el salar -proyecto que tendría un costo de US$ 17 millones y contemplaba una extensión de 510 hectáreas-, sin dejar claras las medidas de mitigación. Además de esto, ambas comunidades llamaban al servicio a considerar el hecho de que no existiera una consulta a pueblos originarios de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. 

Aunque el SEIA consideró que parte de los argumentos entregados por las comunidades no eran objeto de sus competencias, de todos modos el destacó que “las medidas de mitigación, compensación y/o reparación no son adecuadas para hacerse cargo de los efectos, características o circunstancias que genera el proyecto”, por lo que se realizó un nutrido intercambio de consultas. 

Luego de tres Icsara (Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones) y sus respectivas adendas, la iniciativa fue rechazada después de un año y medio de gestiones, por lo que el caso fue llevado al Comité de Ministros. “Durante ese tiempo nos acercamos a la empresa, coincidiendo con el rechazo del EIA, para darles nuestras impresiones”, cuenta Ramón Torres, de la Comisión de Tierras y Aguas de Peine. “El estudio no se hacía cargo del tema del agua, ni del tema antropológico, tampoco de lo social. Era necesario llegar a un acuerdo”, dice.

Un nuevo Peine 

Jaime Mora dice que la escasez de agua es el principal problema que enfrentan las comunidades de la zona, cuestión que es más notoria en los meses de verano, cuando llega a la zona un contingente importante de turistas y además regresan los jóvenes estudiantes que se trasladan en época de estudios a las ciudades cercanas. Esto se vuelve más complejo aún con el disminuido sistema de alcantarillado, que prácticamente no existía hasta hace poco, problema que fue resuelto gracias a una iniciativa de Minera Escondida y el gobierno. 

Además de esas dificultades, otra de las problemáticas más importantes que enfrenta la localidad está en el área de la salud, pues sólo hay una posta que atiende los problemas más básicos. Pero Mora y Torres están optimistas en avanzar en la resolución de estas dificultades, gracias al trabajo conjunto que puedan desarrollar con las empresas que operan en el entorno.

Pese a las diferencias que en su momento pudieron tener con Rockwood, el rechazo al proyecto de ampliación sirvió para iniciar una serie de reuniones que buscan acuerdos con la comunidad. Fue así como en Peine se solicitó que el abogado y doctor en Antropología Alonso Barros fuera quien mediara las conversaciones con la empresa. Barros ya había trabajado antes con las 17 comunidades de la zona, por lo que conocía la realidad en la que están insertas. 

Por parte de Rockwood, los abogados Antonio Ortúzar, Sebastián Donoso, Julio Lavín y Herman Chadwick fueron quienes asumieron la representación. Durante tres intensos meses se trabajó para llegar a un acuerdo que contemplara beneficios para la comunidad en temas de educación, deporte o cultura, además de un rol de fiscalización en el ámbito ambiental de las distintas operaciones de la empresa. “Este acuerdo va más allá del Convenio 169”, explica Barros. “Porque acá la comunidad fiscaliza a la empresa. Y algunas cosas que contempla son inéditas, como una mesa de trabajo permanente, que es paritaria y se reúne mensualmente, además de contemplar una reunión una vez al año con el directorio de Rockwood para tomar decisiones en todos los temas pendientes con la comunidad”. 

Los avances del consenso 

Mientras este acuerdo se desarrollaba, la empresa trabajó en uno similar con el Consejo de Pueblos Atacameños, que integra a las distintas comunidades de la zona. “En el proceso de negociación también participaba el consejo, pero no alcanzó a elaborar todas sus propuestas, sus borradores ni a socializarlos, cosa que sí logró Peine”, describe Barros. 

El humo blanco para la empresa y Peine salió un día antes de que el Comité de Ministros se reuniera a revisar el caso Rockwood. Con fecha 9 de noviembre de 2012, la empresa a través de sus entonces gerente general, Eduardo Morales, y gerente de Finanzas, Stephen Elgueta, enviaron el documento que acreditaba el acuerdo al comité, que aunque rechazó el proyecto de ampliación, consideró que el convenio era un precedente inédito por lo que lo hizo público. 

Torres considera que en Rockwood han ido entendiendo lo que quieren las comunidades y lo que quieren proteger, por lo que alcanzar un acuerdo fue más sencillo. Con el trabajo realizado, Alonso Barros concluye que aunque fue un acuerdo muy positivo para ambas partes, es necesario hacer este mecanismo más formal. “Ojalá que se dicte luego un Reglamento de Consulta ajustado al Convenio 169 de la OIT y los instrumentos y estándares internacionales aplicables, para rayarles la cancha clara y parejamente a los involucrados: al Estado, a los pueblos indígenas y a los complejos extractivo- energéticos”. 

Hasta ahora, las mesas de diálogo con la comunidad se han realizado tal y como fue acordado desde diciembre de 2012, independiente de que el proyecto esté detenido. “Hemos tenido muchos beneficios. En educación ya se dieron tres becas, a dos universitarios y a un alumno de enseñanza media”, cuenta Mora. “En la escuela básica estamos haciendo arreglos, también a la biblioteca, y en las próximas reuniones tocaremos el tema del agua”. 

Sumado a esto, la puerta al diálogo con el Consejo de Pueblos Atacameños ha quedado abierta, por lo que se espera que pronto, tanto Rockwood como las comunidades formalicen un organismo de cuenca para conversar respecto al agua en la zona, donde se invitaría a otros servicios y actores privados a participar. El presidentre del consejo, Antonio Cruz, dice que esperan celebrar el acuerdo este año: “Estoy bastante optimista, porque es la primera vez que se logra algo así, y sé que ellos quieren trabajar con nosotros”, destaca.

Indígenas abandonan mesa de consenso del gobierno

Era un primer paso para llegar a acuerdo, pero el pasado 27 y 28 de mayo, en reunión convocada en Iquique, los representantes de distintos pueblos indígenas del Norte decidieron abandonar la Mesa de Consenso organizada por el gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social. 

La mesa sesiona desde el pasado mes de marzo, y con ella se busca llegar a una definición en el proceso de consulta establecido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entre las razones que esgrimen algunos de sus integrantes se menciona que existirían irregularidades en las conversaciones, aprensiones de parte de algunos representantes de los pueblos, y a las presiones de parte de las autoridades para llegar a un acuerdo rápido, en desmedro del Convenio. 

Los pueblos del Norte que decidieron abandonar esta instancia son los aimaras de Arica-Parinacota y Tarapacá, los quechuas de Tarapacá y los lickanantai de Antofagasta. Además, dichas comunidades anunciaron que retomarán las conversaciones con sus bases, de manera de definir estos mecanismos de consulta de acuerdo a las necesidades de sus comunidades.