La jornada de reflexión y debate fue organizada por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) con la participación de investigadores y representantes de las comunidades afectadas en la puna argentina y chilena.
Según Nacif, antes de llegar a la Argentina, la FMC había obtenido un contrato de explotación directo con el Estado de Bolivia, adonde la participación de los movimientos sociales era “enorme”, pero se retiró de ese país vecino cuando las autoridades decidieron aumentarle el porcentaje del impuesto al valor agregado.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, afirma que “no se está implementando la consulta previa, libre e informada en Jujuy, porque no hay un proceso de consulta reglamentario”.
Investigadores, profesionales y trabajadores de las salinas analizan las problemáticas que presenta la minería del litio en la Argentina y en Chile. ¿Qué riesgos y beneficios genera esta actividad? ¿El Estado cumple su rol de control? ¿Se respeta el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada?
La metáfora del litio como “oro blanco” suena bien, sobre todo porque la Argentina es parte del denominado “triángulo del litio”, junto con Bolivia y Chile, las principales reservas de este mineral en salmuera del mundo. Aunque la minería de litio tiene una larga historia en la región, el aumento de la demanda para la fabricación de baterías de dispositivos electrónicos y vehículos híbridos y eléctricos la volvió una actividad promisoria.
Según declaraciones recientes del subsecretario de Desarrollo Minero, Mariano Lamothe, al medio chileno Economía y Negocios, las inversiones en este sector han crecido hasta 10 veces desde 2011, y de entrar en operación aquellos proyectos que hoy se encuentran en etapas avanzadas se estima que para 2022 este sector podría crecer casi ocho veces, con una producción que supere las 290.000 toneladas de carbonato de litio. ¿Por qué la “lluvia de inversiones” parece no detenerse en este sector? ¿Qué beneficios reciben las comunidades locales? ¿Se respeta el derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada, tal como prevé la Constitución Nacional? ¿Cuál es el impacto ambiental de esta actividad y quién la controla?
“Las discusiones pasan por lo económico y la rentabilidad, pero falta otra discusión”, dice Pía Marchegiani, directora de Política Ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), durante una jornada de reflexión y debate organizada por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), en la que participaron investigadores y representantes de las comunidades afectadas en la puna argentina y chilena.
La jornada de reflexión y debate fue organizada por el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC) con la participación de investigadores y representantes de las comunidades afectadas en la puna argentina y chilena.
Según la abogada e investigadora del IEALC, “el debate no está dado en el país, pero suponiendo que nos pongamos de acuerdo en que el litio es conveniente por alguna razón, ¿bajo qué condiciones y cómo aseguramos un mínimo de impacto ambiental, social y cultural?”, y se refirió a dos trabajos que dan cuenta de esta problemática. Uno de ellos, desarrollado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, busca comprender el proceso de toma de decisión de las autoridades provinciales y evidencia que “en muchos casos dicen que no tienen gente o capacidad, o no saben cómo hacer los controles”. El otro es un estudio del balance hídrico elaborado por el hidrogeólogo Marcelo Sticco, del año 2012, con datos suministrados por las mismas empresas mineras, en el cual se analiza cuánta agua entra y sale de las cuencas cerradas adonde se encuentra el litio, en el cual los resultados muestran que “el panorama no está muy bien”.
“Es fácil decir que el litio es algo bueno, menos contaminante y el futuro de los vehículos que van a ser más sustentables, pero hay que ver lo que deja en el territorio, los impactos ambientales y el tema del agua”, se preocupa Walter Alancay, representante de la comunidad de Aguas Blancas, en las Salinas Grandes y Laguna Gayatayoc, en Jujuy. “Estamos muy preocupados por el agua, porque una empresa estuvo explorando la cuenca entre 2010 y 2011 y pinchó una vena que es la fuente de la cuenca. Después taparon el pozo, pero sigue perdiendo cuatro litros de agua por segundo”, advierte Cemente Flores, representante de otra de las 33 comunidades que habitan en la región de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc.
“El Estado debe exigirle más a las empresas. El proceso de evaluación de impacto ambiental no es nuevo y tiene varias falencias, como no tener en cuenta los ecosistemas específicos adonde se desarrollan estos proyectos, que son en cuencas cerradas consideradas ecosistemas frágiles y que están relacionadas entre sí, porque lo que sucede en una de ellas puede afectar a otras, aunque haya kilómetros de distancia”, destaca Marchegiani y asegura que esto también se vincula con el derecho esencial de las comunidades a la consulta previa, libre e informada, que muchas veces es implementado por las mismas empresas mineras, que no buscan comprender cómo funciona la comunidad indígena, sino promover su actividad comercial.
“El Gobierno trabaja mucho en territorio pero no para defender a las comunidades sino para dividirlas, dando siempre esa visión de cómo según ellos deberían mejorar. Cuando vinieron estas maquinarias nadie sabía qué era el litio, ni se sentaron a hacer la consulta previa, ni nada”, coincide Alancay, que vive y trabaja en las salinas desde que nació, al igual que su padre y su abuelo, y recuerda que “antes uno andaba por toda la salina sin pedir permiso a nadie, era un lugar abierto. Ahora, las empresas se creen dueñas de nuestra propia casa”.
Alicia Chalabe, abogada de las comunidades originarias de Salinas Grandes y Laguna Guayatayoc, afirma que “no se está implementando la consulta previa, libre e informada en Jujuy, porque no hay un proceso de consulta reglamentario.
La consulta tiene que ser con determinados estándares de cumplimiento del derecho de acuerdo con una doctrina internacional, que son los estándares que no están dispuestos a cumplir, porque entre ellos hay uno fundamental que indica que la comunidad tiene que estar informada, no solo de la variable ambiental o si va a haber agua o no, sino del proyecto de desarrollo que tiene la minera, además de poder conocer los beneficios y riesgos del proyecto”, explica la especialista.
Para el economista Ariel Slipak, autor de uno de los capítulos del libro “Geopolítica del Litio. Industria, ciencia y energía en Argentina”, el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada y de la normativa ambiental se produce debido al esquema de concesión y pertenencia mineras que rige en el país, compuesto por lo que considera “una tríada que obtura las posibilidades de desarrollo y participación popular”, compuesta por tres regulaciones en particular: el artículo 124 de la Constitución Nacional, “que provincializa el recurso en zonas aisladas financieramente, que venden lo que tienen mientras sea negocio”; la Ley 24.196 de Inversiones Mineras; y el Código de Minería, sancionado y reformado en la década del 90, durante los gobiernos de Carlos Menem.
Pese a eso, “la autoridad minera (nacional) podría ser un poco más exigente en lo que pide y entender que hay algunos estudios, como los de balance hídrico, que tienen que ser asumidos por el propio Gobierno para poder ejercer el poder de control”, considera Marchegiani y coincide en que la falta de autoridad o capacidad de control de las provincias también se relaciona con “poca capacidad institucional porque piensan que no tienen otra alternativa al desarrollo, están desesperados por atraer inversiones y hacen una carrera hacia abajo en lo que piden como requisitos a las empresas”.
¿Mineral estratégico?
El potencial del litio cobró relevancia y difusión en todo el país, en particular luego de que Jujuy lo declarara recurso estratégico de esa provincia, en el año 2011. Sin embargo, la provincia con más trayectoria en extracción litífera es Catamarca, adonde se prevé que en febrero de 2019 empiece a producir el megayacimiento Tres Quebradas, considerado el quinto más grande del mundo de salmuera de litio.
“En otros países, si un recurso es estratégico se frenan las concesiones, pero acá no. Es el caso más desregulado de la región. Por eso, siempre digo que en la Argentina el litio es un commodity estratégico”, afirma el sociólogo Federico Nacif, autor del libro “ABC del litio sudamericano: Soberanía, ambiente, tecnología e industria”, y recuerda que ya durante las décadas del 60 y 70, la extracción de este mineral era realizada por Fabricaciones Militares en Catamarca, puesto que es un insumo de la fabricación de armamento y era considerado un recurso bélico que formaba parte de los programas de desarrollo nacional.
“En aquellos años, a nadie se le hubiera ocurrido firmar un pacto binacional con Chile y librar toda una zona de frontera a las inversiones mineras, adonde ni siquiera hay personal de los propios países controlando”, dice el especialista y agrega que fue recién en los años 80 cuando el litio ingresó al Código Minero y pasó a ser un recurso concesionable en la Argentina. La minería del litio como actividad privada se instaló en Catamarca en 1993, de la mano de la compañía FMC Corporation (hoy, FMC-Minera del Altiplano S.A.), de capitales estadounidenses, que comenzó a producir en 1998.
“En el proceso histórico de extracción de litio en el país hubo tres factores relevantes: la participación provincial –sugerida por las reformas del Banco Mundial–, la atomización del conflicto social –que de existir debía mantenerse en los límites provinciales o, mejor aún, municipales– y la designación o no de recurso estratégico”, detalla Nacif. Según el especialista, antes de llegar a la Argentina, la FMC había obtenido un contrato de explotación directo con el Estado de Bolivia, adonde la participación de los movimientos sociales era “enorme”, pero se retiró de ese país vecino cuando las autoridades decidieron aumentarle el porcentaje del impuesto al valor agregado. “Vinieron a la Argentina porque acá no había una sociedad que estuviera dispuesta a fiscalizar el proyecto de manera tan radical. Además, ese año se produjeron las reformas a las leyes mineras, asistidas por el Banco Mundial, con recomendaciones que, entre otras cosas, decían que era necesaria la participación de una empresa provincial y que los recursos tienen que ser provinciales, algo que no sucedía ni en Chile ni en Bolivia”, aclara el sociólogo.
Desde entonces, el esquema de propiedad y las regulaciones mineras continúan siendo las mismas. Lo que sí cambió fueron las promesas en torno a una actividad que se ha presentado como una oportunidad única para el desarrollo local y tecnológico nacional, comenzando por la generación de empleo que la actividad podría generar de poder industrializarse. Sin embargo, según revela Slipak, los datos muestran que el empleo en el sector apenas representa el 0,5% y el 1% del total del empleo privado provincial de Jujuy y Catamarca, respectivamente. “Se dice que, dada la demanda creciente de litio para autos eléctricos y la posibilidad de almacenaje de energía para dispositivos móviles, la región está condenada al éxito, que sería la Arabia Saudita del litio”, suspira Slipak, y concluye: “Somos una especie de estrella del litio, como lo fue el cobre en Chile y el mineral de hierro en Brasil, pero que repite la misma historia de dependencia de siempre”.
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Publicado el 04 de octubre de 2018
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