En el marco de la visita de la Convención a la Región de Antofagasta, una delegación de convencionales realizó una jornada de conversatorios con los habitantes de San Pedro de Atacama y el 90% de su población del pueblo Lickanantay, donde conversaron sobre conflictos locales derivados de la actividad minera y el indiscriminado uso del agua.
Pasada las 16 horas, en el pueblo de Toconao, el yatiri (sabio) Lickanantay Benito Cruz inició una ceremonia de convido a la tierra para recibir a los convencionales que llegaron hasta la aislada localidad de San Pedro de Atacama. Mirando los cerros rosáceos por donde sale el sol, el yatiri entregó las ofrendas a la Patahoiri (Madre Tierra) con su mano derecha y con todos los asistentes tras él.
“Los convidos a la patahoiri se hacen con la mano derecha y las ofrendas a nuestros muertos se hacen con la mano izquierda”, explica la concejala lickanantay Marisol González a esta redacción mientras se realiza la ceremonia en la Plaza de Toconao. La concejala agrega que en Toconoao se encuentran en un proceso de revitalización de la lengua ckunza, propia del pueblo lickanantay (o atacameño), por lo que muchas palabras de la lengua quechua que eran utilizadas por su pueblo están siendo reemplazadas por las originarias.
“Por esto no le decimos Pachamama a la Madre Tierra. Para nosotros es la Patahoiri”, puntualiza González. En 2020 se puso en marcha el decreto 103 del Ministerio de Educación, que señala que si al menos un 20% de los estudiantes de un establecimiento son de un pueblo originario, este debe tener obligatoriamente una asignatura donde se enseñe la lengua indígena a todos sus alumnos. Esta medida ha funcionado con éxito en el pueblo que posee la comunidad lickanantay más grande de la cuenca del Salar de Atacama.
Toconao es un pueblo que bordea el Salar de Atacama, ubicado a 2.475 metros sobre el nivel del mar y que forma parte del municipio de San Pedro de Atacama. Su población aproximada de 670 habitantes está compuesta por un 90% de integrantes del pueblo lickanantay, quienes realizan actividades de pastoreo, agricultura, ganadería, artesanía o trabajos relacionados al rubro del turismo.
Y en el contexto de la visita de una delegación de ocho convencionales, conformada por Francisco Caamaño (PuCo), Felix Galleguillos (pueblo Lickanantay), Benito Baranda (INN), Juan José Martin (INN), Damaris Abarca (FA), Daniel Stingo (FA), Cristobal Andrade (mixto-varios) y Eduardo Cretton (UDI), parte de la Comunidad Indígena de Toconao se reunió en la calle Huaytiquina para conversar sobre lo contenido en el borrador de nueva Constitución.
La visita al pueblo fue parte de la jornada de conversatorios realizados por la delegación de convencionales el miércoles 18 de mayo a lo largo del Municipio de San Pedro de Atacama. La primera actividad se desarrolló en Catarpe y luego se reunieron con organizaciones del rubro del turismo y la Comunidad Atacameña de Quitor.
La jornada de conversatorios estuvo marcada por las inquietudes locales respecto a cómo la propuesta de Constitución resuelve algunos conflictos y problemas locales en relación al agua, protección de territorios indígenas y patrimoniales, la educación intercultural, la actividad minera no metálica y el turismo.
El tema del agua es una preocupación central para los habitantes de la Provincia del Loa y el sector de San Pedro, ubicada en el desierto más árido del mundo y rodeada de actividad minera que extrae litio de las salmueras del Salar de Atacama, territorio que concentra cerca del 52% de las reservas mundiales del mineral, que se utiliza en para la confección de baterías, autos eléctricos, lubricantes y otros productos.
El proceso de extracción de litio utiliza grandes cantidades de agua, puesto que las salmueras son bombeadas a piscinas con agua que tiene que evaporarse en un 95%. Para obtener una tonelada del mineral, empresas como SQM y Albemarle, evaporan cerca de 2 millones de litros de agua, es por esto que la explotación de este recurso preocupa a las comunidades que habitan la zona.
Según señalan los pobladores, la actividad agrícola y ganadera se ha visto afectada, especialmente el desarrollo de pastoreo que realizan las comunidades del pueblo lickanantay. Debido a la escasez del recurso hídrico no se puede regar las siembras de las cuales se alimentan los animales, por lo que deben estar en constante movimiento para mantener con vida a ovejas, alpacas y llamas.
“Actualmente nuestra comunidad solo ha logrado regularizar el 15% de las aguas, las que corresponden a toda la extensión de nuestro territorio”, señaló la presidenta de la Comunidad Indígena de Toconao, Luzvenia Catur.
En cuanto al tema, los asistentes a la actividad en Quitor tenían dudas respecto a de qué forma el borrador abarca la actividad minera y la protección del medio ambiente. En ese sentido, los convencionales indicaron que la propuesta de texto constitucional establece que el Estado deberá regular los impactos que provoca la minería y que debe garantizar el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Además, entre los artículos contenidos en el acápite sobre estatuto constitucional de los minerales se señala que el Estado garantizará el acceso a la justicia ambiental y que “será obligación de quien realice la actividad minera destinar recursos para reparar los daños causados, los pasivos ambientales y mitigar sus efectos nocivos en los territorios en que ésta se desarrolla”.
También se conversó sobre las concesiones mineras y cómo esto se desconstitucionaliza al no haber ningún artículo referente al tema. Respecto a esto, el convencional Juan José Martin señaló que en otros países se utilizan títulos administrativos en lugar de concesiones, pero de todas formas esto es una materia por definirse en la Comisión de Normas Transitorias.
“El tema del agua es particularmente importante en el norte, porque al menos en la Región de Antofagasta el 99% de los derechos actualmente constituidos no son de los pueblos indígenas. Entonces, el nuevo modelo que se plantea busca desconcentrar ese posicionamiento que tienen los privados en la propiedad del agua, la que se ha utilizado con términos especulativos en desmedro de quienes realmente hacen un uso para la agricultura, para el tema el consumo humano y el equilibrio del ecosistema”, agregó el convencional lickanantay Felix Galleguillos.
Autonomía local
En el país los tres principales destinos turísticos son Rapa Nui, Torres del Paine y San Pedro de Atacama. El rubro del turismo es parte vital del desarrollo económico de estos tres destinos, no obstante según manifiestan los habitantes de San Pedro, esto tiene un costo ambiental y patrimonial importante.
“Cuando se mira Atacama, se ve como una zona minera y en realidad Atacama tiene un factor turístico muy importante”, señaló la presidenta de la Asociación Empresarial del Turismo Indígena Atacameña, Rosa Ramos Colque y agregó que el turismo es algo que también debiera ser regulado, especialmente en aquellos espacios donde dicha actividad afecta a sitios indígenas y patrimoniales.
El problema vuelve a centrarse en factores medioambientales como el uso de recursos naturales y la gestión de la basura, además de la gran cantidad de personas que han llegado hasta la zona para comprar terrenos. Esto último ha afectado espacios de importancia ancestral y patrimonial de los pueblos indígenas. En ese sentido, el convencional lickanantay Felix Galleguillos dijo a este medio que “es importante transitar a una armonía en la convivencia sobre cómo va a ir a futuro, porque es difícil ver la compatibilidad de la minería, el turismo y la población local”.
Otro de los temas consultados por los asistentes a las actividades fue el respectivo a la relación que mantienen los habitantes de la zona con quienes viven a los otros lados de la frontera con Bolivia y Argentina. Y es que las actividades de intercambio económico o cultural entre las comunidades indígenas atacameñas de los tres lados de la frontera son vitales para la preservación cultural de los pueblos.
En ese sentido, se indicó que el borrador contiene artículos respecto al principio de autodeterminación de los pueblos, donde puntualmente se señala que “se facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas”.
Además, el artículo 316 del borrador establece que “las regiones y comunas autónomas ubicadas en zonas fronterizas podrán vincularse con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, de igual nivel, a través de sus respectivas autoridades, para establecer programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la conservación del medio ambiente”.
Al respecto, Galleguillos añadió que el proceso constituyente cumplió con descentralizar los procesos de tomas de decisiones y dotó de mayor poder a las regiones y municipios para que estos velen por los intereses y necesidades locales, sin tener que depender de la burocracia y el desconocimiento centralista.
“Este empoderamiento de las comunas también les trae mayores responsabilidades. Esto trae consecuencias positivas, puesto que estas van a poder tomar decisiones efectivas en torno a cómo ordenarse y así también van a tener mayor autonomía en cuanto decisiones que ya no necesariamente van depender de Santiago”, agregó Galleguillos.
Territorio y derechos colectivos del pueblo lickanantay
Entre los temas de interés de los asistentes a los distintos conversatorios también se abordaron los derechos colectivos de los pueblos originarios, particularmente aquellos relacionados al derecho al territorio, a la educación intercultural, a la lengua y la devolución de artefactos y osamentas indígenas a las comunidades.
“Nuestra presencia en este desierto data de unos 13 mil años. Nuestros antepasados lograron superar la adversidad y dominar el desierto más árido del mundo”, manifestó en su exposición Luzvenia Catur, presidenta de la Comunidad Indígena de Toconao. No obstante los miembros del pueblo aún no han logrado obtener la titularidad de sus territorios.
Catur agregó que la Comunidad de Toconao mantiene la demanda territorial más extensa de la cuenca de Atacama, que contiene cerca de 400 mil hectáreas, de las cuales solo el 25% han sido regularizadas y traspasadas a los integrantes del pueblo.
En Quitor uno de los asistentes consultó sobre cuál será la institución o mecanismo con el cual se traspasarán las tierras a los pueblos indígenas, labor que actualmente cumple la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) a través del mecanismo de compra y traspaso de terrenos. Al respecto, se señaló que la propuesta de Constitución establece que el Estado reconoce y garantiza “el derecho de los pueblos y naciones indígenas a sus tierras, territorios y recursos” y que “la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación, de utilidad pública e interés general”. No obstante, el mecanismo o institución tendrá que ser abordada en la Comisión de Normas Transitorias, donde es posible que se establezca una comisión especializada de realizar el catastro, demarcación de tierras y de restitución.
Por otro lado, también se apreció que el borrador contenga el derecho de las naciones preexistentes al Estado a obtener la repatriación de objetos culturales y restos humanos pertenecientes a los pueblos que fueron confiscados sin el consentimiento de estos. Para el pueblo lickanantay esta es una medida significativa debido a las momias que fueron extraídas de sus territorios originales y que hoy son exhibidas en distintos museos.
“Para nosotros es imperante la repatriación de objetos y restos de nuestros antepasados. Nuestros abuelos fueron confiscados sin autoridad de nuestro pueblo y por esto incidimos particularmente en esta norma aprobada”, señaló Cristian Espíndola, quien fue candidato a convencional por el pueblo Lickanantay y que vive en Toconao.
En el mismo sentido, Catur agregó que “hemos sobrevivido a la ocupación de los estados de Bolivia y de Chile, de las cuales hemos heredado división, apropiación cultural, extracción y reparaciones económicas derivada de la riqueza mineral que guarda nuestro territorio, existiendo una escasa oportunidad para nuestra gente".
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Publicado el 20 de mayo de 2022
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