Según indican los firmantes en una carta pública, el acuerdo podría ser objeto de "denuncia" durante el último año de Piñera, por lo cual -alertan- que varios personeros cercanos al Presidente han comenzado con el lobby para aprovechar esa oportunidad y renunciar al convenio, que -bajo este criterio- inhibe la inversión y retrasa los proyectos de desarrollo. El senador Francisco Huenchumilla señaló, que en el caso de concretarse este temor, la renuncia "significaría un conflicto político, evidentemente".
Distintos activistas sociales, políticos y académicos firmaron una carta en donde se alerta sobre la posibilidad de que Chile renuncie al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales. El Convenio 169 entró en vigencia en Chile en el año 2009, después de 18 años de tramitación en el Congreso Nacional.
Según indican los firmantes, el convenio podría ser objeto de "denuncia" durante el último año del gobierno de Sebastián Piñera, por lo que -sostienen- que ya varios personeros cercanos al Presidente- incluso desde antes que asumiera- han manifestado su interés en aprovechar esa oportunidad para renunciar al convenio, el que -bajo su criterio- inhibe la inversión y retrasa los proyectos de desarrollo.
En este sentido, en la carta se recuerda los dichos de Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería -que reúne a los empresarios del sector minero- quien recomendó al país salirse del Convenio 169 porque “hoy cualquiera puede decir que es pueblo originario para aprovechar las ventajas en la discusión de los proyectos”.
Otro de los citados es Andrés Molina, ex intendente de la Araucanía y actual diputado electo, sostuvo en el diario La Tercera que el Presidente Piñera no estaría conforme con la aplicación de dicho Convenio, y que apoyaba salirse del convenio por cuanto “retrasa el desarrollo”. Similar opinión tuvo, Harry Jurgensen, quien sostuvo “que la permanencia de este convenio tendrá que entrar en una etapa de estudio para determinar si es factible…eliminarlo” .
"Nos parece que la idea de que es necesario eliminar la protección de derechos durante el mandato del gobierno de Piñera, con el fin de “destrabar las inversiones”, nos retrotrae a situaciones y discusiones superadas en toda la región. La experiencia comparada en todo el mundo, y los casos que se han vivido en Chile, han demostrado que ningún proyecto puede ser sostenible si se basa en el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas", se declara en la misiva.
Y, más recientemente- acusa la carta- el 20 de febrero recién pasado El Mercurio, en su editorial anunció: “Se acerca la posibilidad de denunciar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -es decir, que Chile se margine reglamentariamente de sus disposiciones” porque “hay quienes acusan que ese instrumento se ha convertido en una seria traba para el desarrollo de las inversiones, por lo que abogan por discontinuar la adhesión al mismo.”
De concretarse esta intención, Chile se transformaría en el único país que renunciaría el Convenio, retrasando "aún más la posición ya rezagada del país en la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pues Chile es uno de sólo dos países de la Región que no reconoce los derechos indígenas en su Constitución política".
"Nos parece que la idea de que es necesario eliminar la protección de derechos durante el mandato del gobierno de Piñera, con el fin de “destrabar las inversiones”, nos retrotrae a situaciones y discusiones superadas en toda la región. La experiencia comparada en todo el mundo, y los casos que se han vivido en Chile, han demostrado que ningún proyecto puede ser sostenible si se basa en el desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas", se declara en la misiva.
La carta fue firmada por personas de distintos países y que incluyen a Chile, Argentina, Perú, Colombia, Panamá, Brasil, Ecuador, México, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, y Australia.
Entre los firmantes en Chile está el senador Francisco Huenchumilla, quien en conversación con El Mostrador manifestó que "entiendo que el plazo para esto es en el año 2021, así que falta ver qué es lo que hará Piñera sobre este tema".
En esa línea dijo que "no hemos tenido claridad respecto de los propósitos. Lógicamente, significaría crear un tremendo problema político con los pueblos indígenas, toda vez que el convenio forma parte de uno de los avances más sustanciales que se han tenido en materia de reconocimiento del derecho internacional público y de un conjunto de avances que el mundo indígena los interpreta de manera muy positiva".
"Significaría un conflicto político, evidentemente", recalcó.
Por su parte, Diego Ancalao también firmante de la misiva indicó que esto "significaría un gran retraso, porque reconoce derechos educacionales, políticos y sociales. Y el retraso de eso echaría por tierra la obligación del Estado para consultar a los pueblos indígenas sobre inversiones que van a hacer en el medio ambiente: y si no le consultan a las comunidades, se pueden producir daños. En Chile somos el país mas retrasados en los derechos indígenas de América Latina".
El objetivo de esta acción es llamar a la sociedad chilena y a las autoridades, así como a la comunidad regional e internacional a no permitir que se avance en la dirección de abandonar el Convenio 169 y que, en cambio, se refuercen los derechos de los pueblos indígenas y se avance en base a los principios de la interculturalidad para guiar las relaciones entre el Estado y los pueblos originarios, concluyen los activistas.
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Publicado el 22 de marzo de 2018
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