La Asamblea de Atacameños está compuesta por habitantes de San Pedro de Atacama, Solor, Toconao, Peine, Socaire, Quitor, Séquitor, Coyo, Larache, Cúcuter, Talabre, Camar y Chiu Chiu. Se oponen a medida gubernamental que busca concesión sitios turísticos en áreas de desarrollo indígena.
La Asamblea de Dirigentes Indígenas de las comunidades LikanAntay de la Región de Antofagasta emitió una declaración pública donde responden a las medidas que el gobierno pretende implementar en las Áreas Silvestres Protegidas.
La idea gubernamental es concesionar a privados la administración de sitios turísticos, hoy en manos de las comunidades originarias.
Al respecto, la Subsecretaria de Turismo, Jacqueline Plass, anunció a principios de mayo la promulgación de un reglamento que fija el procedimiento para el otorgamiento de Concesiones Turísticas en Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del Estado, elaborado por la Subsecretaría de Turismo en conjunto con el ministerio de Bienes Nacionales, CONAF y el ministerio del Medio Ambiente.
Según el gobierno, el reglamento tiene como objetivo el mejoramiento de la gestión y conservación de las ASP del país, e incentivar la inversión pública y privada para contar con una adecuada infraestructura de servicios en las áreas de uso público establecidas por los respectivos planes de manejo de las ASP.
Las comunidades Atacameñas o LickanAntay, anunciaron que demandarán "la regularización de la transferencia de nuestras tierras al pueblo atacameño y que proceso de licitación o privatización de nuestro territorio ancestral iniciado por el actual Gobierno, del que nos enteramos solo por la prensa, vulnera una vez más los derechos que nos asisten como pueblos indígenas de éste país".
Agregan que "el Gobierno actual ha omitido en todo momento, la aplicación de la consulta de buena fe, previa libre e informada y la participación reconocida en instrumentos nacionales e internacionales que el Estado ha ratificado, entre ellas la Ley Indígena 19.253 la que establece en su artículo 34 que los servicios de la administración del estado cuando traten materias que tengan injerencia en cuestiones indígenas deberán escuchar y considerar la opinión de las comunidades y asociaciones que los agrupan, mientras que en la misma ley el articulo 35 especifica que, en la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades ahí existentes".
Dicen que, por otra parte, el convenio 169 de la OIT, en su Artículo 6°, "prescribe que los Gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".
"Que como comunidades Lickan - Antay, dueñas de nuestros territorios, nos corresponde por derecho ser los protagonistas directos en decidir cómo queremos el desarrollo económico, social y cultural de nuestra Pata Hoiri (madre tierra) por lo tanto es obligación del estado considerar nuestra participación en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional ahora y siempre", enfatizan.
"Invocamos la Convención sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas(1992), ratificada por Chile, y la que ha trabajado CONAF en estos sitios, que establece la obligación de los estados de "respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida, pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica...". (Art. 8)
"Declaramos que como pueblo LickanAntay, no desconocemos la necesidad de mejorar los modelos de administración del Turismo en nuestros sitios de interés, sin embargo, demandamos ser incluidos en todo momento en la implementación de nuevas políticas Gubernamentales en pro del desarrollo de nuestras comunidades".
"Manifestamos nuestra oposición absoluta a que nuestros territorios continúen sufriendo la concesión a privados nacionales y transnacionales, frente a ello, defenderemos el derecho de vivir en un ambiente sin contaminación, conservando nuestra cultura y patrimonio vivo. Asimismo, instamos a que las Autoridades conozcan nuestras comunidades y el proceso que hemos llevado por más de 10 años, cuidando nuestra Áreas Silvestres Protegidas, como resultado de la organización que hemos sido capaces de desarrollar para cuidar y proteger nuestro territorio ancestral, haciendo frente al turismo masivo e irregulado que tenemos hasta el día de hoy, siendo las instituciones públicas responsables en la escasa planificación y regulación de ésta actividad económica (falta de leyes, ordenanzas, etc.) que debiera considerar un Turismo Planificado, de manera sustentable, amigable y respetuoso con las comunidades aledañas y destino".
Los atacameños agregan que es urgente que el Estado tenga una posición clara y no contradictoria como lo es hasta hoy, donde por una parte entrega concesiones de explotación minera y derechos de agua a privados, y por otro aspira a proteger la biodiversidad del mismo destino, "entonces cabe preguntarnos ¿de qué sustentabilidad y protección del destino estamos hablando si no existe política alguna ni voluntad para proteger y conservar ecosistemas tan frágiles como el nuestro?".
"No es casualidad que los parques Nacionales y reservas se encuentren, en su mayoría en territorios indígenas, sino se debe al habitar respetuoso y los conocimientos tradicionales de pueblos indígenas como el nuestro, que han sabido cuidar esta delicada relación ser humano-naturaleza".
Indican que estas medidas adoptadas por el gobierno, son discriminatorias, ya que no se ha escuchado a las comunidades indígenas, sino a los grandes capitales nacionales y extranjeros que buscan seguir lucrándose y depredando el patrimonio, biodiversidad y los recursos que se producen en este lugar.
"Es por ello, que exigimos se transparenten las verdaderas intenciones del gobierno a seguir usurpando nuestras tierras y territorios, ya que primero se debe conocer y reconocer la autogestión e inversión de las comunidades desde que nuestros antepasados se asentaron en este lugar. Considerando la jurisprudencia existente respecto de la denominada consulta, declaramos que bajo ningún concepto aceptamos la aplicación deldecreto Nº 124, de “reglamento de la consulta”, toda vez que lo consideramos arbitrario que transgrede al Convenio 169 y desconoce los estándares internacionales del deber de consultar a los pueblos indígenas", concluyen.
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Publicado el 29 de mayo de 2012
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