Una desagradable situación es la que experimentó Cristina Soto Quiroz (33) durante agosto recién pasado. Desde la Municipalidad de San Pedro de Atacama la seleccionaron para un puesto de trabajo, así que viajó en avión desde la Región Metropolitana con la carta de compromiso en la mano. Sin embargo, solo cuando llegó allá le informaron que el cupo prometido ya no estaba vigente pues habían contratado a alguien más.
La profesional, oriunda de Alhué, es periodista titulada en la Universidad de Chile y cuenta con cuatro años de experiencia en prensa, comunicaciones internas y externas. El drama comenzó el pasado 15 de julio, cuando le avisaron que estaba seleccionada para ejercer su profesión en la municipalidad nortina.
Para confirmarlo todo, desde el municipio le extendieron una carta que indica que “de acuerdo a lo conversado, es que notificamos a usted su ingreso a cumplir funciones en la Municipalidad de San Pedro de Atacama, en el cargo de profesional grado 12, en calidad de contrata, a contar del 10 de agosto de 2020 y hasta el 10 de noviembre de 2020, ambos días inclusive”.
Con este documento, fechado el 4 de agosto, Cristina Soto compró pasaje de avión, pagó por adelantado una estadía en la comuna donde trabajaría y, además, gestionó el pasaporte sanitario que es una obligación para viajar en contexto de Covid-19.
Sin embargo, cuando llegó a Calama le dieron la noticia: el alcalde Aliro Catur Zuleta (IND) prescindía de sus servicios, ya que había contratado a otra periodista.
“Quedé en shock. Organizar el viaje para el 6 de agosto, gestionar el pasaporte sanitario, comprar el pasaje, pagar la estadía, todo eso requiere de tiempo, de energía, de un montón de trámites que uno está dispuesto a hacer, sobre todo si hay una carta donde incluso me indicaban el día en que comenzaba mi trabajo”, indica la afectada.
Agrega que “después de haber organizado todo, de haber invertido plata y tiempo, de haberme expuesto a un viaje en contexto de una pandemia mundial como el Covid-19, esperaron hasta que yo llegara allá para decirme que mi oferta estaba cancelada. La encargada de comunicaciones me lo tuvo que informar, pero yo no entendía nada, estaba muy afectada”, agrega Cristina Soto.
Reconoce que le ofrecieron un plan “b”, que era quedarse un mes para luego evaluar una reubicación en otra dependencia municipal “pero no acepté porque la humillación fue demasiado lejos. Aun no puedo creerlo y contarlo incluso me resulta muy difícil”.
Asimismo, también indica que días antes del viaje, de manera informal, le mencionaron que iba a llegar otra profesional, aunque se suponía que ambas compartirían el puesto. En cualquiera de los casos, eso fue solo una mención: jamás hubo entrega formal de esa información, hasta que llegó allá.
Denuncia en Contraloría y oficio del Congreso
Desde Alhué, Cristina Soto cuenta que sufrió un fuerte golpe psicológico. Eso, en parte, la motivó a interponer una denuncia en Contraloría, la cual se encuentra “en análisis”. Además se acercó a parlamentarios de la zona norte para pedir ayuda en la búsqueda de explicaciones por el insólito actuar del municipio.
A causa de ello el senador por Atacama Pedro Araya (IND) pidió oficiar al alcalde Aliro Catur Zuleta para “informar acerca de los motivos que se consideraron para dejar sin efecto la contratación de la señorita Cristina Soto Quiroz”.
“Sé que hay procedimientos que los organismos públicos deben cumplir. No estamos en dictadura, no estamos en tiempos en que las contrataciones y cancelaciones de trabajo se realizan según le plazca al alcalde. Entonces, aquí hay responsabilidades administrativas que se deben cumplir: no quiero que la pésima experiencia que viví, vuelva a repetirse y menos que el alcalde sienta que está en un fundo donde él hace y deshace cuando quiere”, aclara Soto.
También reconoce que busca medidas de reparación, pero que estas provengan tras un proceso institucional.“Distintas personas de la municipalidad se han acercado a mí para ofrecerme la devolución de los pasajes y otros gastos. Pero esa plata va a salir de sus bolsillos individuales, lo que no corresponde. Lo que busco es que las medidas económicas vengan después de una investigación jurídica en la que se determine quién es la persona responsable de todo esto”.
Asimismo, reitera que “el daño psicológico que me produjo no tiene precio. Tampoco las energías que gasté, los trámites que hice. Yo tengo un trabajo por 15 horas semanales y rechacé otras ofertas de trabajo. Mi apuesta no solo era económica: era un cambio de ciudad, iba a desarrollarme como profesional. Esperar que llegara allá para decirme que no, es un golpe que derrumba todo eso. Realmente quedé afectada y pese a que individualmente se han acercado a mí, insisto, quiero que existan responsabilidades administrativas”.
Cabe mencionar que The Times Chile escribió correos a la Municipalidad de San Pedro de Atacama para obtener su versión de los hechos, pero los requerimientos no fueron respondidos.
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Publicado el 05 de septiembre de 2020
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