Tras la demanda ingresada al Primer Tribunal Ambiental, el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, el Consejo de Pueblos Atacameños y Minera Escondida (BHP), trabajarán en un plan para la sustentabilidad del ecosistema en el que se invertirán cerca de 90 millones de dólares.
Una conciliación a una escala nunca vista en el país en materia de medio ambiente. Esta es la dimensión que alcanza el acuerdo entre la compañía Minera Escondida (BHP), el Consejo de Defensa del Estado, la Comunidad Indígena Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños, quienes lograron una inédita resolución para un plan de manejo y reparación en el Salar de Punta Negra. Esto, luego de una demanda presentada en el Primer Tribunal Ambiental que apuntaba al daño provocado en esa zona.
El abogado Felipe Ascencio, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Norte (UCN), quien imparte cátedras en Derecho Administrativo y las áreas de Recursos Naturales, sostuvo que la conciliación conocida la semana pasada, es “una muy buena señal, porque da cuenta que los tribunales ambientales están funcionando y que las comunidades entienden que cuentan con una instancia que funciona y que no es un discurso”.
El académico explicó que prácticamente todos los procedimientos cuentan con una etapa obligatoria que es la conciliación, pero como los tribunales ambientales son relativamente nuevos, no se había visto una conciliación de este nivel. “Es por lejos la mayor conciliación ambiental en Chile. Hablamos que de 86 millones de dólares podemos llegar a un 15% más”, destinados a estudios para compensar y reparar el daño, apuntó Ascencio.
Y añadió que lo destacable, al leer el acuerdo, es que la compañía tuvo un sentido de responsabilidad social empresarial, porque va a generar externalidades positivas. “Una de las medidas de la sentencia tiene relación con un estudio de forénsica ambiental, que es algo bastante nuevo y que significa aplicar toda la metodología científica a la investigación legal del deterioro ambiental o de contaminación”, dijo.
El estudio de forénsica, detalló el abogado, permitirá establecer con certeza científica, el origen de estos procesos de deterioro ambiental que ocurren en el salar. Y con esa información podría establecerse si en el deterioro están involucrados otros proyectos, sin importar si son operaciones tan grandes como la demandada. “Los tribunales ambientales registran otras conciliaciones, pero no de este nivel. Este acuerdo es muy bueno porque marcará la pauta de los grandes proyectos y las empresas podrían incorporar esto en sus costos y la matriz de riesgo”, apuntó.
Cosmovisión
En opinión de académico de la UCN, las comunidades indígenas tienen mucho que decir en materias de medio ambiente y eso es por su cosmovisión del entorno, algo que culturalmente el resto de la sociedad no tiene. “El aporte sobre el respeto, el cuidado y la relación con la Pachamama es relevante, ya que, si la Comunidad de Peine no hubiese denunciado, probablemente nadie habría dicho nada”, advirtió.
Ascencio también señaló uno de los grandes problemas de los legisladores en estos temas, es la lentitud para reaccionar frente al avance del conocimiento científico o los cambios tecnológicos, ya que en la medida que se incorporaron estos factores, puede forzarse el cambio de comportamiento de los privados.
“Un ejemplo en materia ambiental lo tienen los suecos, que en seis años tendrán cero vehículos a combustión. Ellos comenzaron suavemente hasta que los legisladores fijaron una fecha para terminar con los vehículos a combustión, cambiando el comportamiento de un mercado completo. Y eso es porque el legislador fue capaz de adelantarse a sus tiempos”, enfatizó.
En este sentido, recordó que en Chile se está hablando de producir hidrógeno, lo que obliga entonces al legislador a presionar para producir modificaciones conductuales. “Las buenas leyes son aquellas que se adelantan a sus tiempos y la última gran ley con estas características dictada en el país fue la de accidentes del trabajo de 1968, modelo que incluso lo copiaron los alemanes. Ahí tenemos una deuda, porque se legisla pensando en la próxima elección y en materia medioambiental sí o sí, deben adelantarse porque la información está disponible”, cuestionó el abogado.
“La comunidad fue parte de la solución”
Lo que se logró en este acuerdo fue gracias a que la comunidad participó en el proceso, aseguró Felipe Lerzundi, encargado de la Unidad de Control Ambiental de la Comunidad Atacameña de Peine, agregando que esto se puede comparar con las bases de conciliación en la reparación por daño ambiental en el Salar de Pedernal.
“Los estándares son totalmente distintos. La tónica en el país es que los daños ambientales se reparan económicamente y acá la reparación no es económica, por supuesto que tiene un costo para la empresa, pero acá son medidas de reparación, compensación y gestión socioambiental para buscar la recuperación del ecosistema”, manifestó el exseremi de Medio Ambiente.
Lerzundi expuso que tanto la comunidad de Peine como el Consejo de Pueblos Atacameños decidieron ser parte del proceso para que la construcción de la solución fuera colectiva y se garantizaran los mínimos que estableció el acuerdo conciliatorio.
El Salar de Punta Negra está a los pies del volcán Llullaillaco, que tiene un significado espiritual para los atacameños, ya que incluso se encontraron restos de sacrificios que practicaba ancestralmente esa cultura. “Los salares, los humedales, las cumbres, cerros y volcanes tienen un significado para la cosmovisión andina, entonces no se puede desacoplar la importancia ecológica de la cosmovisión. Esta recuperación hubiera sido imposible si la comunidad de Peine y el consejo de pueblos no hubiesen participado”, mencionó el ingeniero civil químico.
Respecto de los montos indicados para la reparación, Lerzundi subrayó que ninguna comunidad ni asociación atacameña recibirá una indemnización económica por este acuerdo. “Hay un tema que tiene que ver con nivelación de capacidades, para que la comunidad pueda sentarse en esa mesa de gobernanza en igualdad de condiciones. No hay una transferencia de dinero para compensar a alguien producto de un daño que se generó”, aclaró.
El ingeniero aseguró que con este acuerdo “se corrió el cerco” y que la comunidad de Peine viene haciendo esto participando de los procesos administrativos y judiciales. “No es un hecho aislado, no es una acción puntual. No olvidemos que producto del proceso de consulta indígena por el proyecto Monturaqui, del mismo titular, a fines del 2019 Escondida dejó de extraer agua del acuífero en ese sector. Eso se logró porque la comunidad participó y hace 12 años ocurrió algo similar con Pampa Colorada, que no es el mismo lugar, pero sí en la zona andina de la región”, recordó.
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Publicado el 08 de junio de 2021
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