SQM y la comuna ¿Vecinos y amigos? (III) Las comunidades, los trabajadores y la minería

SQM y las comunidades

Dejamos la palabra al presidente del Consejo de Pueblos, Antonio Cruz (de una entrevista a The Clinic, en abril del 2015 (recordar que toda esta información está en chululo.cl) : 

El señala que a las 18 comunidades que integran su organización les ha tocado convivir con la omnipresencia de Soquimich en el Salar de Atacama, su facilidad para obtener derechos de aguas y para aprobar proyectos sin consulta indígena. Por eso, señala no estar tan sorprendido por el financiamiento ilegal de los políticos y agrega que sería “muy interesante investigar las redes políticas regionales de la empresa”.
Las 18 comunidades que integran esta organización siempre han sido afectadas, tanto por el actuar de la empresa como por la nula exigencia del Estado de que las compañías mineras cumplan con estándares mínimos contenidos en la ley.

El porcentaje de la población local que los proyectos absorben es bajísimo. Tanto así que no hay una cifra oficial, o al menos nosotros no la conocemos. Pero por otra parte, la eterna lucha ha sido por los recursos hídricos, donde nosotros nos hemos opuesto y hoy hay una enorme cantidad de derechos en manos de SQM. El Estado le ha entregado sin mayor trámite.

Disponibilidad legal de agua no existe porque la Ley 19.253 dice claramente que los derechos de agua que existen en territorio indígena son de las comunidades. Por ejemplo, dice que las aguas que son de ríos, acequias y todo eso serán consideradas de derecho de las comunidades indígenas. Por ende, nosotros somos dueños de ese derecho desde mucho antes que el Estado chileno también de las aguas subterráneas, y eso la DGA no lo ha considerado. Pero ahora, con la cantidad de agua probada, la DGA tampoco tiene antecedentes del agua que están entregando a las empresas. Entonces, la pregunta es ¿en base a qué los entregan? Porque las comunidades le piden que se declare la cuenca agotada y nos dicen que no se puede.

SQM y el agua

SQM posee actualmente, según los datos que proporciona la DGA, 709 litros por segundo en derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.
Estos derechos, como MINSAL o como SQM Salar, están en la comuna de San Pedro de Atacama y específicamente en el Salar de Atacama, donde tiene sus faenas.

Naturalmente esto es fuente de conflictos con varias de las comunidades indígenas del Salar, las que han alegado, sin mayor éxito, por la intervención de la empresa en vegas y bofedales, tradicionales sitios de pastoreo desde generaciones ancestrales. 

A esto se suma la hasta ahora poca o nula fiscalización de parte de la DGA de las extracciones reales de agua del salar, que hacen difícil decir a ciencia cierta si SQM cumple o no con sus cuotas de extracción.

Esta situación debiera estar cambiando, dadas las seguridades que ha dado el director regional de la DGA, de mayores y mejores fiscalizaciones, ya que ahora cuenta con tres fiscalizadores, que aunque aun insuficientes, al menos permiten hacer algo.

Recordemos que el 18 de junio de 2015 el Consejo Regional de Tarapacá denuncia a SQM por peligrosa extracción de aguas en Salar de Llamara

Seguimos con las palabras de Antonio Cruz:

Con SQM hemos tenido muchos problemas porque hay un gran porcentaje de proyectos aprobados en el SEA que han sido aprobados sin consulta, a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y no un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), a pesar de que están en un área protegida, cerca de recursos protegidos y de poblaciones protegidas, por lo que, ante estos tres puntos, debe obligatoriamente ingresar a través de un EIA. Teniendo dos áreas protegidas por la Corte Suprema y la reserva de Conaf, protección por tres leyes y todos estos cuerpos legales, igual somos violentados cuando se ingresa una DIA y no un EIA. Y lo más grave es que hay violación a los DD.HH. con respecto al agua, al acceso al territorio y a que no se reconoce el derecho a la consulta indígena. O sea, hay una maraña de cosas que no se cumplen y que ahora venimos a entender.

De algunos casos sabíamos. De algunos Cores (consejeros regionales) que eran o habían sido funcionarios de SQM. De alcaldes vemos claramente apoyo financiero, no sabemos si en campañas, pero sí a programas de la municipalidad. Pero sería muy interesante investigar las redes políticas regionales de la empresa, más allá de las de la política grande de los partidos.
 
Con SQM hemos tenido toda clase de problemas. Primero, estas empresas provocan desbalances socio-políticos importantes en la comuna. Y ese desbalance lo sufre la sociedad porque hay poderes que se instalan y es difícil reemplazarlos. Claramente hay un impacto en las comunidades. Hay algunas comunidades que terminan siendo campamentos mineros. Hay influencia desde la minera sobre los organismos que nos regulan. A lo mejor sería bueno investigar entre convenios Conaf y SQM o de la DGA con SQM, de cómo organismos que tienen competencias ambientales tienen también contrato de asociatividad con ellos. 
También hay desbalance económico en la comunidad. En algunos lugares se benefician muchos y en otros nada. Y la empresa se rehúsa a enfrentar el problema en serio. Hoy las comunidades se han asociado, pero no hay intención de conversar con ellas. Y si lo hay, es en la medida de ‘en qué te ayudamos’, desde el punto de vista asistencialista y no de compartir utilidades. Tienen que hacer bien las cosas. Y dicen que las comunidades se oponen a todo y no es así. Hoy las comunidades son muy propositivas. Cuando hay conflicto y no se llega a acuerdo, la comunidad propone una alternativa viable o mucho más viable que las que proponen finalmente las autoridades. Cuando hoy les decimos que compartamos recursos, pero generalmente cuando decimos que eso vaya acompañado de resguardar la cuenca, ahí SQM no ha querido o no han estado dispuestos a hacer algo así, más sustentable.

SQM y los trabajadores

Aunque el conflicto con CORFO y el termino del contrato se extenderá por un tiempo largo de juicios, demandas y contra demandas, lo que más sorprendió fue la defensa del contrato por parte de un sindicato de SQM Salar, que puso un recurso de protección contra CORFO, apenas dos días después, apuntando a que la estatal pone en peligro la fuente de trabajo, “que puede quedar sin sustento efectivo de la noche a la mañana” si se mantiene la decisión de rechazar una propuesta de conciliación con la compañía ligada a Julio Ponce Lerou.

El recurso que argumentaba una "acción ilegal y arbitraria cometida en contra de nuestra libertad de trabajo" fue rechazado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero – según el presidente del sindicato, Claudio Castillo – insistirían en acciones legales.

El problema es que el señor Castillo es acusado, por otros trabajadores, de recibir pagos directos de la empresa, todo con el fin de mantener el orden y evitar conflictos. Cosa que “El Mostrador”, demostró bastante claramente en un reportaje. El sindicato de Castillo, el más grande de los 25 que tiene SQM, agrupa a unos 950 miembros.

En este escenario fue que el Sindicato Industrial Chile (Constramet) denunció a la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, que altos ejecutivos de SQM estarían promoviendo una paralización de faenas como respuesta a la decisión de Corfo. Se le informó a la secretaria de Estado la acción irregular que se estaría impulsando desde sindicatos afines a la empresa, con el fin de generar un clima de tensión.

"Aquí se está aprovechando la vulnerabilidad de los trabajadores para manipularlos y llevarlos a ser carne de cañón en una disputa entre el Estado y la compañía", se le dijo a Rincón.

Es que la historia de la relación ente SQM y sus trabajadores está marcada desde el comienzo por “un trato dictatorial con la gente”, según dirigentes de otros sindicatos, con una persecución constante contra de los trabajadores sindicalizados.

Asimismo, Nelson Pérez, presidente de la Federación de Sindicatos Nº 3 de SQM, señalaba en febrero de este año que los trabajadores sienten “terror de reunirse con dirigentes sindicales” o de “conformar nuevos sindicatos”, puesto que la misma compañía ha desvinculando áreas completas de la minera. “Las plantas parecen campos de concentración“, según sus propias palabras.

SQM ha sido denunciada a la dirección del trabajo, a la OIT, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin demasiados resultados. Al menos en el espacio local, se ve difícil que se consigan resultados, si, como decía un dirigente, el Director de la Inspección del Trabajo de Antofagasta en el 2011 recibía dinero de SQM a través de boletas falsas, como recién se supo.

La empresa tiene una política de despidos, que nos comentaban varios trabajadores y ex-trabajadores de esta zona, los mantiene en una situación de incertidumbre permanente. Invocan el artículo 161 y listo, nos comentaron. (Este es despido por razones de la empresa). Según ellos, la rotación laboral es altísima  Sin contar que no han cumplido con promesas de contratar más personal de la zona, prefiriendo a gente de otras regiones, debido sobretodo a que esos serían “más dóciles”.

Y a esto se suma unas malas condiciones de seguridad.

Según un dirigente: “Ha habido varios muertos por explosiones. De hecho, les llevamos a los accionistas canadienses una enorme cantidad de violaciones a los derechos laborales. Ellos manifestaron un total desconocimiento de esas situaciones. Así también, cuando empezamos por cuenta nuestra a realizar las investigaciones estadísticas sobre muertes, mutilaciones y accidentabilidad laboral, astutamente la empresa nos cambió de un día para otro de la Mutual a la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Sólo con la presión que hicimos sobre la empresa conseguimos que invirtiera relativamente más en la seguridad de los obreros”

El año 2010, una explosión mató a seis trabajadores de SQM.  Después de un sumario, secreto, por parte de Seremi de Salud de Antofagasta, SQM pagó una multa de 39 millones. Y eso fue todo.

En septiembre de 2012, la CUT acusó a Ponce Lerou de asesinato de trabajadores y de pagar a lobbistas de la impunidad (entre los que mencionaron a Enrique Correa). Esto con ocasión de una reunión en que la Comisión del  Trabajo de la Cámara de Diputados recibió por 15 minutos a dirigentes sindicales de SQM y dirigentes de la CUT, quienes pretendían denunciar las malas prácticas de la empresa.

Estaban presentes 6 diputados. El resto de los parlamentarios de la comisión marcó la agenda con su ausencia.

“Creemos que Lerou es un intocable. Como Federación, tenemos documentos, y hemos solicitado reuniones con Ricardo Bruno, Matthei y Lerou, pero no hemos obtenido una respuesta satisfactoria, cuesta mucho llegar a ellos”, sostuvo uno de los dirigentes.

“SQM prefiere pagar las multas o ir a juicio que respetar las condiciones laborales de sus trabajadores. Total, tienen dinero de sobra e influencia para todo aquello (…) Creemos que el hecho de que el hermano del ministro de Minería, Patricio de Solminihac sea subgerente, ayuda a que  los trabajadores no se les escuche. Estamos desprotegidos”.

“Más allá de las multas, se deberían enjuiciar a los gerentes, porque además de estos seis trabajadores, murieron otros once más años anteriores (…) Siempre SQM hace lo mismo, paga la multa y mantiene las prácticas antisindicales y la  inseguridad laboral”, afirmó otro dirigente, para luego añadir: “antes de darle la concesión del litio a SQM, deben asegurar que los trabajadores laboren en buenas condiciones”.

Finalmente, la respuesta del diputado Andrade, el socialista, fue “Bueno, vaya a tribunales y presente la querella correspondiente”

Recordemos que esto fue casi dos años antes de que se empezara a destapar la olla de los pagos irregulares que hacia SQM a los políticos y empleados estatales.

Estos pagos quizás explique la inoperancia de la justicia laboral chilena frente a la empresa.

Aunque SQM Industrial S.A. y S.Q.M. SALAR S.A. han sido multadas por prácticas antisindicales reiteradas por la dirección del trabajo, eso no ha cambiado su mal trato hacia los trabajadores que quieren sindicalizarse.

La posición oficial de la empresa, entregada al medio electrónico El Mostrador, es que “SQM valora y respeta a sus trabajadores junto a los 25 sindicatos que los representan en las diferentes operaciones. La compañía promueve la acción sindical, la que funciona con plena autonomía en beneficio de sus socios”.

Versión que coincide con las palabras del presidente de SQM, Juan Antonio Guzmán, en entrevista en El Mercurio, donde señaló que “nosotros tenemos 25 sindicatos, casi un 70% de sindicalización, cuando en el país es de 15%”.

Pero en la práctica, en esta zona, como indica un dirigente, “los trabajadores no tienen libertad sindical. Solo se pueden meter al sindicato de SQM Salar dirigido por Claudio Castillo. En reuniones de sus socios el que reclama es finiquitado altiro, al igual que los que quieren entrar a otro sindicato. Los dirigentes van y le pasan el nombre a la empresa”.

Varios trabajadores coinciden con esta versión. Un ex-trabajador que intentó crear un nuevo sindicato en SQM Salar hace unos meses, dice: "Necesitábamos 25 socios, pero empezaron las amenazas del actual sindicato: si firmaban con nosotros iban a ser desvinculados”, detalla. Castillo rechaza esta versión y señala que “me han cargado a mí que echo a los viejos, han tratado de decir que somos vendidos, que aquí, que allá, pero no es así”.

SQM Salar enfrenta varias causas judiciales por despido injustificado y acumula 61 multas laborales ejecutoriadas entre 2010 y 2015, según el registro de la Dirección del Trabajo.

Varios trabajadores de la empresa, que prefirieron no dar su nombre para evitar represalias, detallan que el sindicato de SQM Salar jamás ha realizado denuncias ni iniciado causas en tribunales. Castillo confirma esta información y detalla que “los problemas que tenemos los arreglamos con SQM. ¿Qué saco con demandar a SQM y hacer ganar plata a un abogado? Siempre hemos sido de buscar una solución”.

SQM y la minería

SQM es, sobretodo, una empresa minera. Incluso el año 2014, antes de los escándalos de las facturas y boletas, planeaba ir derivando hacia el negocio del cobre. Pero al parecer eso está detenido, por ahora. 

A la concesión que posee en arriendo, también se agregan pertenencias mineras en otros sitios del Salar e incluso en lugares bastante distantes.
Por ejemplo, tiene concesiones de exploración encima de todo el pueblo de San Pedro y la casi totalidad de sus ayllus.
También, como descubrió una arqueóloga en una expedición a Gatchi, SQM tiene concesiones en esa zona, sobre el curso superior del río Vilama.

Como puede verse en el mapa que publicamos hace poco tiempo, las zonas de concesión de SQM abarcan bastante más espacio que su arriendo en el salar.

Algunas de las concesiones que mantiene en los registros de Sernageomin, simplemente no aparecen en los mapas del estado. Y como ya comentamos, tampoco aparecen con coordenadas UTM que permitan ubicarlas en un mapa del territorio.

Hay que recordar que las pertenencias mineras de explotación permiten al titular también usar derechos de aguas que encuentren en esos terrenos.

Quizás ese también sea uno de los intereses de SQM en esas concesiones, más allá de su potencial extractivo.

Conclusiones

Como decíamos al principio, convivir con una minera es complicado. Los hechos demuestran que, como cualquier empresa, el principal objetivo de la compañía es salvaguardar sus intereses, es decir, los intereses de sus dueños. Que en este caso el dueño sea el cuestionado Ponce Lerou, no parece el dato más relevante. La falta de escrúpulos no es privativa de este personaje. Que por lo demás, personalmente, no aparece por esta zona con frecuencia. Y si ha venido por aquí alguna vez, no nos hemos enterado los simples mortales.

En la primera parte, revisamos el código de ética de SQM. Parece que debieran revisarlo más seguido. Y aplicarlo

La conviencia con SQM es complicada, pero no solo con ellos, recordemos que hay varias otras mineras operando aquí.
 
La asimetría entre el poder económico de una empresa minera y la comunidad es, en el sistema neoliberal en que nos movemos, una eterna fuente de conflictos. Ya vemos que en el caso de los políticos, le resulta más barato a la empresa comprar favores que hacer las cosas por lo derecho.

Pero si compran favores en ese nivel, ¿como no lo harían en este? El caso del presidente del sindicato SQM Salar es un buen indicador.

La cuestión es, y si nos enteráramos que SQM ha pagado en parte o totalmente la o las campañas de nuestra alcaldesa ¿Qué? ¿Haría eso una diferencia? Incluso eso podría ser feo, pero aún legal.

Y si nos enteramos que han pagado, directa o indirectamente a dirigentes de comunidades indígenas ¿Qué?

No nos vamos a deshacer de SQM. Pero quizás podríamos aspirar a una convivencia mejor. Siempre podemos soñar.

Evidentemente, SQM atraviesa una crisis. Las crisis además son oportunidades, dicen los chinos. ¿Oportunidades para quien?