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A principios de enero, el entonces director de CORFO, Eduardo Bitrán vino a contar sobre el acuerdo con SQM

Toma de camino el 30 de enero

La firma de Mirta Solis en el convenio.

Se ha hablado de "Guerra del agua" en esta zona. Pero no parece haber mayor movimiento social o inquietud sobre el tema, al menos desde febrero, en que se registraron algunas limitadas movilizaciones indígenas. ¿La procesión va por dentro?

Hay un proceso en curso, en el caso del acuerdo SQM - Corfo, en el que han intervenido hasta el instituto de derechos Humanos, etc. Pero aun el tribunal no se pronuncia. 
Además, un nuevo integrante de la familia minera, Wealth Minerals, ha estado en conversaciones con alguna de las comunidades en particular, además de sus conversaciones con el Consejo de Pueblos Atacameños en general. Y vienen entrando otros actores.
En lo que parece una estrategia del nuevo gobierno, se ha levantado un discurso político sobre el manejo de las  fuentes de agua y la DGA está hablando de mayor protección al recurso.

Pero el caso es que no hay guerra. Solo ocupación y avance de un proceso de toma de todos los salares por diversas mineras, sin ninguna oposición real. 

Ya se percibe que las organizaciones llamadas comunidades indígenas no están por el tema de proteger nada, sino de negociar sobre cuanto pueden sacar de esta situación. Por lo demás, tendrán que enfrentar conflictos mayores, pero al interior de la organización y del mundo indígena, donde las crecientes inyecciones de dinero están desgarrado el poco tejido social que queda.

Ya circula, no solo a nivel de dirigencias, sino incluso a nivel de comuneros, la idea de que es injusto que todas las comunidades reciban la misma cantidad de dinero. Por tamaño, por capacidad, por diversas razones, esta es una de las causas de murmuración, descontento y discusión. Esta situación se irá haciendo más evidente, toda vez que junto a comunidades con larga historia y tradición, realmente hay varias recién aparecidas, de las que cabria sospechar solo se formaron para agarrar ciertos beneficios económicos. Al menos al decir de algunos dirigentes.

También ha habido presiones, desde unas comunidades a otras, para la expulsión de miembros. Presiones que en algunos casos han sido exitosas. Se ha expulsado a socios de una comunidad, a petición de otra, como condición para ciertas negociaciones. Algo que va en contra no solo de la ley indígena y su concepto de comunidad indígena, sino en contra del propio discurso de ética indígena.

¿Guerra?

La principal razón por la que no hay una guerra del agua, al menos respecto de las mineras y las comunidades indígenas, es que ha nadie realmente le importa. Si bien a nivel de discurso, indígenas y comunidades recurren a profundos sentimientos pachamámicos y temas ecológicos, la verdad es que, descontando el turismo, el salar no es un factor económico real en el desarrollo de la gente que vive alrededor. Lo que hace difícil que se la jueguen con movilizaciones en gran escala, ya que no es sentido realmente como de vida o muerte.
La tarea de defender la ecología no ha encontrado, realmente, un espacio en el corazón de la dirigencia atacameña. Otra cosa puede ser a nivel de algunos indígenas aislados.

La última vez que un conflicto de agua fue de vida o muerte fue cuando el agua del río San Pedro estuvo en riesgo, con el intento de crear una Junta de Vigilancia para manejar el agua comunitaria. Ahí se produjo movilización  y se consiguió detener la acción del gobierno de la época, también de Piñera. En esa ocasión, la mayoría de los impulsores de dicha Junta, traída con el pretexto de un imposible embalse para el agua, eran indígenas.
Como las cosas no cambian, hoy de nuevo hay voces indígenas que vuelven con la cantinela, liderada esta vez por Marcela Ramos. Pero esa historia la revisaremos después.

¿Guerra por el agua? Difícilmente. Y si viene una, no va a ser por el agua del salar de Atacama. O de los salares altocordilleranos. Esos parece que ya están perdidos.

Los salares de San Pedro. No queda mucho que repartir
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La mejor constatación de que las declaraciones indígenas son solo un discurso son las afirmaciones de una de las más antiguas dirigentas, doña Mirta Solís, al diario El Ciudadano, en el calor de las movilizaciones de  enero y febrero:

“¿Cuáles son los problemas más graves que tienen producto de la extracción en el Salar de Atacama?

Los daños son claros, tenemos problemas de escasez de agua, nosotros vemos cómo se está sufriendo en los ayllus -en los pueblos-, tenemos cada vez menos agua para sembrar. Es una situación que nos está afectando por varios años y las cosas no dan para más en el sentido que nuestra gente está sufriendo. También las aguas subterráneas que están extrayendo están afectando las lagunas, las vertientes, la agricultura.

¿Cómo responden a las críticas respecto al acuerdo de "Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo" que firmaron en 2016 con  Rockwood Lithium?

Nos han criticado mucho de que el pueblo atacameño lo único que quiere es que le den más millones de dólares, pero nosotros hemos dicho que no queremos millones de dólares sino que queremos que no sigan sacando el agua, porque ése es el fondo. Porque cómo vamos a conservar lo que es nuestro si vamos a tener que irnos en algún momento. Además, el Convenio que existe y que se trabajó por muchos años, fue en otro período, en otras circunstancias, con otros dirigentes, y si bien llegaron a acuerdos económicos -pero tampoco grandes recursos- nos apoya a mejorar la infraestructura de riego, pero seguimos en la misma… porque podemos mejorar, pero no tenemos agua. En el fondo, yo les pregunto a quienes nos han criticado, ¿qué hacemos con los recursos si no tenemos agua?” (Cursivas nuestras)

Sacamos estas dos preguntas de una entrevista más extensa, como un indicador de la calidad dirigencial de las organizaciones llamadas comunidades y el Consejo de Pueblos. Cuando Solís se refiere al convenio con Rockwood, evidentemente está mintiendo, ya que ella es una de las firmantes de ese acuerdo. Desde ahí, ¿que discurso ético puede hacerse?

Además, cuando negociaron el convenio con Rockwood, nunca pidieron una consulta indígena.
El tema del convenio 69 por el acuerdo Corfo-SQM solo surgió después de que descubrieron que las platas de SQM, a diferencia de las de Albemarle, iban a ser manejadas por una fundación y no directamente por las comunidades.

Y sobre los problemas de escasez de agua, si bien es una pena la destrucción del salar, de ninguna manera se puede considerar como una amenaza a la agricultura, la poca que queda. Está amenazada, pero los factores son otros.

Pueden ver la entrevista en https://www.elciudadano.cl/regiones/pueblos-atacamenos-quieren-detener-convenio-corfo-sqm-seran-recibidos-la-moneda/02/05/

Pueden descargar el convenio con Rockwood AQUI >>