La extraña asamblea “autoconvocada” por Marcela Ramos, Sida Herrera y Ada Aramayo.

Marcela Ramos y Ada Aramayo, por el costado Manuel Garrido y Manuel Escalante

Javier Alamos, Erick Nuñez y doña Ada Aramayo, autoproclamada socia y fundadora del Capra.

Asistimos el martes 21 de agosto a un intento, de una minúscula, pero organizada facción de personas de tomar ilegalmente el control del Comité de Agua Potable Rural de San Pedro.
Esta facción está, como vimos, liderada por Marcela Ramos, concejala; Sida Herrera, ex presidenta del comité y Ada Aramayo, que no tiene calidad de socia del comité, pero es bien conocida en el ámbito local. Además estuvo apoyando con consejos legales el abogado y ex jefe de control de la municipalidad, en los buenos tiempos de Sandra Berna, don Manuel Garrido, recién estrenado gerente de la cooperativa eléctrica (Esa será otra historia) 

Esto podría haber sido una triste escaramuza sin mayores consecuencias, dado el fallo del tribunal electoral y la asamblea legal del 28 de julio (Sobre eso pueden leer AQUÍ >>), en que se estableció el procedimiento de elección de la nueva directiva, proceso que está en marcha actualmente.

Pero se complica la situación, dada la comparencia del gobierno regional, representado por el señor Eric Núñez, de la Dirección de Obras Hidráulicas, que vino, según sus propias palabras “citado por doña Ada Aramayo” y “a solicitud del intendente”

Con su anuencia y activa participación, esta asamblea dio por descartado el fallo del tribunal electoral, expulsó al representante de un socio, permitió que la asamblea intentara tomar decisiones como reponer a Sida Herrera como presidenta; permitió que la misma planteara una citación a una asamblea par elegir una nueva Comisión Electoral (sería el martes 28 a las 10:00, aunque a la fecha no hemos escuchado de una convocatoria oficial. Capaz que se reúnan “en secreto”), basados en que, según ella, llamó "por teléfono" al Tribunal Electoral Regional para pedir instrucciones. 

Se pretende, sobre todo, pasar sobre el dictamen e instrucciones del poder judicial mediante el simple expediente de decir que no estamos de acuerdo y no acatamos. Si eso fuera posible, las cárceles estarían vacías.

Parece extraño que dos personas, Eric Núñez y sobre todo la concejal Marcela Ramos (ella juró esto al asumir su cargo) permitan que se pase por encima no solo de los estatutos del comité, sino además sobre la ley de la república.

La única voz más sensata fue la del municipio, representado por Javier Alamos, director de la Dideco, que se presentó cuando la reunión ya había empezado, que constantemente le recalcó a la gente reunida que “esta asamblea no puede tomar decisiones”. 

Fue el mismo quien presentó una alternativa de reunión de las partes en conflicto, para dirimir la situación, el jueves a las 10 de la mañana en el municipio. Esta fue finalmente la única decisión que se tomó. Según sabemos esa reunión no se realizó, finalmente. Quizá porque no se trata de partes en conflicto, sino de un grupo que pretende amañar las cosas a su medida, porque no le gusta como van las cosas.

El nivel de discusión de la reunión fue de un nivel bastante pobre. Para muestra dos botones. Cuando se planteó que la actual directiva, que está autorizada a firmar los cheques para el normal funcionamiento del comité, podría no firmarlos como una “forma de presión o para bloquear el funcionamiento”, alguien propuso que el comité funcionara con la plata recaudada en efectivo. Ninguno de los abogados presentes ni don Eric Núñez replicó ante esa insensatez.
Segundo botón. Don Manuel Escalante, que debería saber mejor como funcionan las cosas, planteó que se deberían hacer las cosas “como antes” sin necesidad de pasar por el tribunal electoral. De nuevo, silencio de las autoridades ante este llamado a actuar fuera de la ley y el estatuto.

Mentiras puras y duras

Para convocar a esta reunión, que Marcela Ramos comenzó diciendo que era “autoconvocada”, se usaron una serie de argumentos falaces y mentiras directas. 

Una de esas mentiras es que la directiva en funciones pretende privatizar el agua. Esto no solo es ridículo sino además imposible. En la ley de Chile, imperfecta como pueda ser, lo que existen son concesiones, como en Antofagasta y Calama, por ejemplo y ellas dependen de una cantidad de población, datos estadísticos, etc. Además de que sea un buen negocio. 
En el caso de San Pedro, lo crean o no, para una empresa como Aguas Antofagasta, NO es negocio. Sorprende que don Eric Núñez no haya explicado la dificultad que podría implicar privatizar el servicio de agua en San Pedro. Preocupa si que deje aunque sea una puerta abierta, considerando que venia “a solicitud del Intendente”

El propio Núñez indicó que a esta reunión asistiría el Intendente. El que, según averiguaciones que hicimos en el gobierno regional, JAMÁS tuvo ninguna intención de llegar al pueblo para esta reunión. Cuando le consultamos a Núñez al final de la reunión, solo dijo que no había venido no más. Al preguntarle, solo para estar seguros, si el Intendente sabía que el estaba en esa reunión, dijo que “si, el sabe que estoy acá”. La ausencia del intendente, frustró a parte de los asistentes, quienes fueron con la idea de plantearle algunas cosas a la autoridad regional. 

Otra mentira circulando fue la de que la directiva en funciones pretendía “externalizar los servicios”. Cosa que tampoco resiste muchos análisis técnicos ni económicos. Es cierto que hay problemas, pero nada tan grave que ponga en riesgo ni puestos de trabajo ni menos el funcionamiento ni la operación de la planta. Quizás esta mentira se apoya en el hecho de que, con un convenio con la Seremia de salud, se esta trabajando en un programa de aseguramiento de la calidad del agua potable, que requiere la presencia de una consultora o profesionales externos. Esto dentro de proyectos en marcha para ampliar la planta de Osmosis y solucionar de una vez el tema de las aguas servidas.

También se dijo, sin prueba alguna, que la presidenta de la comisión electoral no era socia del CAPRA, ya que no era dueña del medidor. Mentira dicha solo sobre la palabra de quien lo dijo, considerando que la presidenta de la comisión tiene su título de dominio y la antigüedad necesaria, razón por la cual el tribunal electoral la ratificó como encargada del proceso. Pero ¿a quien le importa si se puede echar una mentira más sin que nadie la discuta?

¿Por que pasa esto?

Doña Sida Herrera ha estado desde la elección de marzo, haciendo todo lo posible para regresar a la presidencia del CAPRA. Presentó un reclamo en el tribunal Electoral (que no fue admitido) y a movido todas las influencias que ha podido para obstaculizar y detener el funcionamiento de la directiva en funciones, cuya elección efectivamente fue anulada por el Tribunal electoral, pero que fue establecida en una asamblea, (legal) para actuar provisoriamente hasta que se realice la nueva elección, para lo que existe una comisión electoral, también legalmente establecida. Solo intentar crear una nueva comisión electoral va a generar un conflicto con el tribunal Electoral, lo que muy bien debiera saber Eric Núñez, que tampoco manifestó nada sobre esto en la reunión. En estas actividades, ella a estado acompañada por la señora Ada Aramayo, que a pesar de sus reclamos constantes de ser “fundadora” del Comité, según los estatutos NO es actualmente socia de este.

El lunes, la directiva en funciones le presentó al administrador Jaime Coria una carta para empezar un proceso de sumario, ante múltiples irregularidades detectadas. Naturalmente, el Señor Coria, y lo manifestó en la reunión, no quiere pagar el pato por nada de lo que haya pasado antes. Así que se está resistiendo a este proceso, alegando la falta de atribuciones de la directiva en funciones para sumariarlo.

No sorprende entonces que este acontecimiento haya gatillado la reunión, considerando los lazos familiares de la concejala Ramos con el señor Coria, bien conocidos en la localidad.

Pero incluso más que eso, lo que se escamotea de la vista y no se presenta ante la gente y los socios del CAPRA, es la principal (no única) razón para el sumario sobre Jaime Coria y quizás la explicación de porque la señora Sida está empeñada en retomar el control del comité: La ausencia del balance 2017, que debería, por estatuto, haber sido presentado en marzo.

Recuerden esto: No hay, hasta hoy, 22 de agosto, un balance del año 2017. Lo que se presta para cualquier especulación que podamos hacer sobre los acontecimientos financieros de ese año.

En Conclusión

Lo complicado del asunto es que, dada la historia de San Pedro, maniobras como esta puedan funcionar. Que efectivamente una minoría, con banderas de localismo y un reclamo de respeto a las tradiciones (el caudillismo es una tradición), puedan torcer la mano de la legalidad, apoyados por funcionarios del estado. Una minoría de la que ni siquiera sabemos cuantos son realmente socios, dado que no había un registro disponible en la reunión. Unas cuarenta personas, que pasan por el aro a los otros 1800 (aprox.) socios, que por no participar, permiten que estas cosas pasen.

Finalmente, queda la pregunta del grado de influencia de doña Ada Aramayo, que puede llamar a la DOH y conseguir que venga un funcionario con la anuencia del intendente. Eso si es dominio.

Para el que tenga resistencia, pueden escuchar un audio con las palabras de Eric Núñez: