El museo de San Pedro de Atacama está complicado (Pero no tanto)

A fines del 2010 la municipalidad de SPA promulgó la licitación pública “Construcción Museo Arqueológico Gustavo Le Paige San Pedro De Atacama (Diseño)” con código bip Nº 30092959, financiado por el FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional).

La licitación consiste en el diseño de un nuevo museo y ya en su origen, porque la municipalidad de San Pedro de Atacama aparece como la administradora del contrato; siendo el IIAM (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo) de la UCN (Universidad Católica del Norte) una empresa privada, el receptor de esta obra, se podía suponer que habría problemas con las comunidades indígenas.

La consultora elegida, en diciembre de 2010, fue la oficina Iglesis y Prat Arquitectos, en sociedad con TAU 3 Arquitectos, que presentó una oferta por $ 267.200.344 (Hay que recalcar que esta licitación sólo consiste en generar el proyecto, para luego en otra etapa buscar la forma de realizarlo en forma concreta)

En el proceso de formulación del proyecto se reactivó un antiguo conflicto, latente desde hace mucho tiempo, entre las comunidades indígenas y el IIAM de la Universidad Católica del Norte.

Ha quedado patente además, la precariedad de los procesos de consulta a las comunidades atacameñas, una alegre irresponsabilidad para generar proyectos millonarios que no parecen llegar a ninguna parte y las deficiencias de las dirigencias indígenas en los procesos de negociación, entre otras cosas.

La licitación

Los problemas parten desde aquí, con una licitación no muy bien estructurada.

Por un lado, los términos de referencia de la licitación -algunos copiados y pegados de un sitio Web venezolano (museosdevenezuela.org), aunque sin darse la molestia de acreditar este origen- no parecen el resultado de un trabajo muy acucioso. Ni siquiera se ocupó alguien en trabajar mejor el proyecto, limitándose a copiar y pegar. Aquí, nadie asume la responsabilidad y finalmente, según fuentes del municipio “la municipalidad sólo es la administradora del contrato, y las decisiones se toman en Antofagasta”, aun cuando es el Departamento de Obras del municipio quien aparece como el redactor de las bases y las posteriores aclaraciones.

Nota: Según el decreto 3363/10, que adjudica la licitación, la municipalidad es la “unidad técnica mandataria”, siendo el Gobierno Regional de Antofagasta el mandante.

Por otro lado, no se consultó en la elaboración de las bases al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), organismo designado por el estado como administradores del patrimonio arqueológico, y que finalmente realizó varias precisiones y alcances sobre el proyecto, en marzo de 2011(Ord. CMN Nº 1341 del 16/03/2011). Es decir, cuando la licitación ya había sido adjudicada. Demás está decir que esas observaciones NO están en las bases de la licitación. Y algunas tampoco fueron consideradas más adelante, durante la elaboración del proyecto.
Resaltamos una en especial, la que sugería que “Debido a la magnitud y localización de la intervención se sugiere someter el proyecto al Sistema de Evaluación Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental.”  Esa debiera ser entonces una condición a cumplir al momento de encarar la construcción del nuevo museo.

Puede ver las respuestas del CMN ante nuestras preguntas aquí »»

Lo que sí estaba dentro de las bases de la licitación, era una consulta, aunque no vinculante, no a toda la ciudadanía, sino a la Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama. Este es el párrafo de los términos de referencia que habla de la participación ciudadana en el proyecto:
“Participación Ciudadana: Considerando las características antropológicas del Museo y el emplazamiento del proyecto en el AREA DE DESARROLLO INDIGENA ATACAMA LA GRANDE, es fundamental realizar un proceso de participación que recoja la opinión y los alcances de la Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama a quien corresponde territorialmente la zona del proyecto.”

Nota: Es importante notar es que cuando hablamos de “Comunidad Indígena”, hablamos de la organización, no necesariamente de la gente que habita un ayllu o localidad. Esta “trampa” semántica que iguala a la organización llamada “Comunidad Indígena”, con la comunidad que habita un determinado lugar, es necesario explorarla más en detalle. Este tema, incluyendo que tan efectiva es la representatividad de estas organizaciones, es un tema que será materia de un próximo artículo.
La Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, entidad creada por la CONADI en 1994, es una organización que, como todas las Comunidades Indígenas de la zona, en principio representa a todas las personas indígenas del ayllu de San Pedro de Atacama.

Es decir, como parte de las condiciones de la licitación, se pedía que la empresa ganadora realizara consultas con las comunidades indígenas, privilegiando en eso a la Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, por ser en su territorio donde se emplaza el museo.

Es obvio que si bien el museo se encuentra en el centro de San Pedro, no es este el mejor criterio, considerando que el patrimonio del museo, sus colecciones, provienen de todas las áreas de esta Área de Desarrollo Indígena y conociendo además los conflictos latentes entre el museo y las comunidades indígenas respecto a ese patrimonio.
En todo caso las bases de la licitación no definían a esta consulta como vinculante. Es decir, el proyecto podía seguir adelante al margen de que la comunidad se opusiera. Así pues, esta consulta venía a ser un trámite que tenía que llevar a cabo la empresa adjudicada, que en ningún caso estaba legalmente obligada a considerar las propuestas, objeciones y observaciones que se le hicieran.

Según Ada Aramayo, presidenta de la Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama: “Yo fui muy pesada con la alcaldesa, dije yo, ahí fue el mal de ustedes, porque ustedes debieran haber empezado conversando con nosotros, si queríamos o no queríamos. Lo único que a mí me preguntaron, como presidenta de la Comunidad del Pueblo, que pensaba yo de que se hiciera un diseño para un museo a donde está o que el museo se lo llevaran a otro lugar. Entonces mi respuesta de inmediato le dije que no, que siga ahí no más.”

Ver entrevista completa a Ada Aramayo aquí »»

Otro detalle, quizás menor en este caso, es que a pesar de que en las bases se especificaba que dos miembros de la comisión de apertura y de recepción de las propuestas serian un representante de la CONADI y un representante de la Comunidad Indígena de San Pedro de Atacama, finalmente ni uno ni otro fueron considerados en la comisión evaluadora que adjudicó la licitación.

El diseño y las consultas a la Comunidad

Pueden ver imágenes del Proyecto de Iglesis y Prat aquí »»

El 22 de enero de 2011, se realizó una primera reunión entre la empresa consultora y las dirigencias indígenas, que fracasó rotundamente. Los representantes indígenas se retiraron, como muestra de rechazo a lo que se les estaba mostrando.
Según Ada Aramayo: “...después me llaman a mí principalmente a una reunión en la municipalidad con la empresa y con la gente de la municipalidad, obras municipales, para decirnos que el proyecto estaba casi listo y para que diéramos una opinión y entonces yo lo primero que le dije no, que eso tenia que ser a nivel de todas las comunidades, que todas dieran su opinión y ahí nos llamaron a una primera reunión donde estuvimos casi todos los presidentes y cuando nos empiezan a explicar el proyecto, que ya estaba todo listo y los ocho módulos donde iban a exhibir la culturas, todo  estaba ahí y ahí nos paramos todos y nos fuimos...”

Desde ese momento se produjo una larga fase de desconexión de las dirigencias indígenas con el proyecto, hasta que el 21 de junio se realizó en la sede de la Comunidad Indígena de Larache una reunión en que la consultora a cargo del proyecto expuso ante dirigentes indígenas y comuneros los avances realizados, en el área de conservación, museografía y arquitectura.

Esta fue una, de una serie de reuniones que la consultora llevó a cabo aquí y en otras localidades, aunque en todas estas los resultados fueron los mismos. Según Mirta Solís, presidenta de la Comunidad Indígena de Catarpe, al menos en Socaire fueron mal recibidos, pues los comuneros estaban “muy resentidos” con todo este asunto.

En esta exposición pareció que al menos a nivel de discurso, las bases de la licitación habían sido modificadas, porque ahora se mencionó que “Este museo no es nacional, ni regional, sino internacional” y por lo tanto es importante “Que el museo hable en atacameño” y que tenga “una voz particular y distinguible para mostrar desde la cultura atacameña a los visitantes extranjeros”.

Cómo se lograría eso, considerando que no se había contemplado hasta ese punto, en que el plan arquitectónico ya estaba definido, una participación real de comuneros en la elaboración del proyecto, fue una de las mayores objeciones que los participantes de la reunión hicieron a Jorge Mora de la Fuente, arquitecto a cargo del mismo.

Este insistió en que lo presentado era solo una “matriz” y que se esperaba que los comuneros pudieran completarla con contenidos de su elección. Sin embargo esta posición no fue bien recibida por los asistentes, que no contuvieron su escepticismo frente a estos planteamientos.

Jorge Mora insistió en que “si no había más participación en esta fase, era precisamente porque las comunidades se habían retirado del proyecto en enero, y que ellos estaban haciendo todo lo posible por considerar al pueblo atacameño y su cosmovisión en el proyecto”. De ahí la “importancia de estas reuniones”.

Finalmente, quedo más o menos evidente que la consultora debía realizar estas reuniones por exigencia del contrato, pero considerando los plazos. Se veía difícil que se llegara a mucho más, ya que el 29 de julio esa etapa de consultas debería estar terminada, para entregar el proyecto según los tiempos fijados.

Según Jorge Mora, por el grado de oposición al proyecto por parte de las comunidades indígenas, y por el alto costo de llevar este diseño a la realidad (5 a 6 mil millones de pesos) es “muy probable que nunca se haga efectiva la construcción del museo, al menos como está proyectado”.

El 29 de julio se llevó a cabo otra reunión en la que, además de revisar someramente algunas de las observaciones realizadas por las comunidades indígenas, las que según la consultora llegaron tarde, y de alguna polémica por cosa de detalles, la discusión pareció centrarse en dos puntos. Por un lado la necesidad de la Consultora de que se aprobara el diseño, por parte de los asistentes, para poder pasar a la fase de ingeniería y así poder cumplir sus plazos de entrega; y alguna discusión sobre el compromiso que habría adquirido la alcaldesa Sandra Berna sobre traspasar el proyecto al Consejo del Pueblo Atacameño. Es decir, ahora parecía que la consulta a los indígenas si era vinculante, hasta cierto punto y el municipio había modificado las bases de la licitación, la que no consideraba que el receptor del diseño fueran las Comunidades Indígenas.

Según Robert Maizares, Inspector de Obra de la municipalidad en este proyecto: “El Municipio está comprometido con buscar financiamiento para su construcción. También está el compromiso de traspasar la titularidad del Proyecto al Consejo de Pueblos Atacameños.”

Ver las respuestas de Robert Maizares a nuestras preguntas aquí »»

Quizás lo más importante de esta reunión fue el hecho de que sacó a la luz algunos detalles sobre la participación de la municipalidad en este proceso, como es el hecho de que “la municipalidad es la entidad administradora del contrato, pero que finalmente las platas y las decisiones se toman en Antofagasta”, según una representante del municipio presente en la reunión.

Luego de eso se realizaron otras reuniones, hasta que finalmente las dirigencias indígenas aprobaron el proyecto, que ya fue entregado por la consultora, que terminó su contrato el 11 de octubre. Según Maizares, quien está en su cargo hasta el 11 de noviembre, ahora faltan los trámites de recepción del proyecto, que podrían extenderse por dos o tres meses más, para luego proceder a los pagos finales a la consultora.
El proyecto de diseño, entonces, está terminado.

Maizares además nos informó que estuvo en una reunión con gente del MOP (Ministerio de Obras Públicas), organismo que podría asumir la construcción del museo. Sin embargo, también manifestó que ya no estaba tan claro que este proyecto fuera a ser entregado a los indígenas, desde que todos los documentos indican como receptor a la UCN.

Está claro, por supuesto, que si el diseño del museo contempla la construcción en el sitio del actual emplazamiento, no bastaría con darle la titularidad del proyecto al Consejo de Pueblos Atacameños, los que por ahora no son dueños de este terreno.

Según Robert Maizares: “Mi opinión con respecto a todo este proceso es que este se pudo haber iniciado de mejor manera. La participación de personas con interés y con conocimiento de la realidad Cultural y Arquitectónico del Pueblo Atacameño pudieron haber influido para crear una metodología más participativa para que el Pueblo realmente pudiese sentir que el museo le pertenece. Esto de la participación también es un gran tema pendiente, siempre se toma esto como un mero trámite, casi obligado y así se realiza, forzadamente, cayendo siempre en solo una información a las Comunidades pero en cuanto a las decisiones importantes, estas se toman siempre al interior de cuatro paredes. Ojalá que esto del Museo sirva de lección, para que el Pueblo se empodere más y exija y se involucre en cada ámbito de acción social”.

Según Ada Aramayo, cuando se le preguntó si creía que se iba a construir el nuevo museo: “Eso lo veo difícil, porque una millonada de pesos que costó el diseño, cuanto irá a costar la construcción...”

Las Comunidades y la UCN

Volviendo un poco atrás, a raíz de la situación con el diseño, las dirigencias indígenas retomaron el tema de la administración  del museo.
Según Ada Aramayo: “O sea que, bueno nosotros empezamos con una carta para el Rector en la que nosotros le planteamos varias inquietudes que podían ayudar a la gente del pueblo porque ellos se han beneficiado siempre con nuestra cultura y con todo lo que es nuestro. Entonces se les pidieron administrar el 50% tanto las comunidades como ellos, las contrataciones y lo que más nos interesaba, becas para los niños que van  a la universidad. Y cómo recibió esa carta este caballero nos llamó a reunión, que queríamos nosotros y nosotros le planteamos que eso era, que cuando nosotros le pedimos colaboración al museo, jamás nos da. Cuando se promulgo la ley indígena yo dije pidamos el museo, porque corresponde, y fue el primero que nos cerró las puertas. Además de eso, era pedirle como podíamos trabajar con ellos, y nos dijo bien roto ¡ahí está su museo!...”

Llegamos así al 27 de mayo, en que se realizó una reunión entre la UCN, representada por su Rector, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico (de cuya Vicerrectoría depende el IIAM), el Vicerrector de Asuntos Económicos y el actual director del museo, entre otros; y representantes indígenas, los que a estas alturas incluían a casi todas las comunidades de San Pedro de Atacama y al Consejo del Pueblo Atacameño.

En esta reunión el rector planteó que la UCN efectivamente estaba dispuesta a entregar el manejo del patrimonio a los indígenas, diferenciando claramente el tema patrimonial, es decir, la colección de objetos (que son alrededor de 340.000, en su mayoría recolectados por el cura Le Paige); del edificio donde estos se exhiben, se almacenan y se conservan.

Si bien la UCN tiene ahora a su cargo las colecciones, estas NO pertenecen a la Universidad, ya que por ley todos los objetos arqueológicos los maneja el Consejo de Monumentos Nacionales.

El rector incluso avanzó en la posibilidad de que los indígenas pudieran recibir el edificio también, a cambio, eso sí, de compensaciones razonables para la UCN, las que incluirían necesariamente una expropiación del actual terreno y edificio, que les pertenece, y ayuda para levantar un nuevo Instituto de Investigaciones.

Según las propias palabras del rector, “el museo significa para la UCN un gasto anual de alrededor de 600 millones de pesos”.
Quizás por eso no es extraño que prefieran prescindir del mismo, considerando que en estos momentos el Instituto de Investigaciones Arqueológicas está otorgando postgrados en Antropología y Arqueología, que es una actividad ya difícil de sustentar económicamente (las universidades en general se mantienen  por los pregrados). Mucho más difícil, considerando la carga que significa el museo. Agreguemos a esto lo inadecuado del actual edificio para fines académicos.

Para llegar a esta entrega, se mencionó que los indígenas crearan una fundación con el fin de manejar este patrimonio.

Lo que no se discutió en esa reunión fue cuál era la postura del Consejo de Monumentos Nacionales, que tendría que pronunciarse sobre este patrimonio, ya que es el organismo que tiene la palabra sobre el manejo de este, el que requerirá inevitablemente un nivel técnico que en estos momentos ni siquiera está cumpliendo cabalmente la UCN.

Tampoco fue tema, curiosamente, el proyecto en ejecución por parte de Iglesis y Prat, el que supuestamente debería llevar a una completa demolición del actual museo para luego construir el nuevo.

Los dirigentes indígenas, en su mayoría, se adhirieron al discurso de Ada Aramayo, que parece reducir el problema a un tema de beneficios económicos que han sido de alguna forma usurpados por la UCN y que podrían traer más provecho a las comunidades con una administración directa.

Para sumar más problemas, en la reunión la misma Aramayo y otros dirigentes sacaron a colación un conflicto entre los trabajadores indígenas del museo y una funcionaria administrativa del mismo, en el que la UCN, según ellos, no había actuado justamente, a pesar de resoluciones de la Dirección del Trabajo en ese sentido.

A pesar de todas las discrepancias, se acordó que el 8 de julio se realizaría una nueva reunión con vistas a ir definiendo el tema del traspaso. Para esa ocasión, las dirigencias indígenas se comprometieron a asistir con una figura más clara, respecto al tema de la fundación que administraría en el futuro el patrimonio y eventualmente el museo.

Otra cosa que se hizo evidente en la reunión es que los dirigentes indígenas tampoco tenían una posición única y no estaba definido quién debía ser el interlocutor ante la UCN. Ya sea las comunidades, sólo la Comunidad de San Pedro, con Ada Aramayo a la cabeza, o el Consejo del Pueblo Atacameño, que a esta altura representa, al menos en el papel, a las comunidades de la ADI Atacama la Grande, después de que las comunidades de Alto Loa se separaran de ella el año pasado.

Finalmente el 8 de julio ni las comunidades ni la UCN pudieron establecer propuestas concretas, unos debido a que se les hizo poco el tiempo para discutir el tema con las bases, y los otros debido a los conflictos en el área de la educación, que mantuvieron ocupada a la rectoría con las demandas de los estudiantes.
Además, se sumó el frente de mal tiempo, que dificultó aun más las cosas para ambos lados.
El único avance tangible, de parte de las comunidades, es que se estableció que sería el Consejo del Pueblo Atacameño quien llevaría las negociaciones.

Así, la reunión para avanzar en el tema se postergó para el 12 de agosto, fecha en que tampoco se consiguió avanzar, fundamentalmente porque la UCN todavía se encontraba paralizada por el conflicto nacional sobre la educación.

Esta situación se mantiene hasta el día de hoy.

Según Ada Aramayo: “En una ocasión yo conversé con el director del museo y el director nos dijo que nosotros nos organizáramos no más, que viéramos lo que nos había pedido (se refiere a la fundación) y que nosotros pidiéramos una reunión. Y la verdad es que nosotros no lo hemos hecho.”

Otro dato a tener en cuenta es que hasta ese momento un gran ausente en estas negociaciones era el CMN, con el que según el presidente del Consejo del Pueblos Atacameños, “no hemos hablado”.

Consultado el CMN sobre la posibilidad de entregar el manejo de la colección a las dirigencias indígenas, sus voceros se limitaron a expresar que “El Reglamento de Ley de Monumentos Nacionales establece que los objetos arqueológicos pertenecen al Estado, y su tenencia será asignada por el Consejo de Monumentos Nacionales a aquellas instituciones que aseguren su conservación, exhibición, den fácil acceso a investigadores para su estudio, y cuenten con condiciones de seguridad  suficientes. En este sentido, se deben reunir estos requerimientos para que el Consejo evalúe la destinación de materiales. Y si estos ya están destinados a una institución -que es el caso- sería recomendable tener el visto bueno de  la institución tenedora para cualquier redestinación. ”

Finalmente

Todo este proceso, por muy complejo que parezca, y aunque puede enseñarnos algunas valiosas lecciones, está destinado, según todo indica, a la nada.

No parece probable, aunque la UCN quisiera deshacerse del museo, que este pueda ser entregado a las dirigencias indígenas, quienes además no parecen ahora tan apuradas en sus exigencias.
Quizás han entendido que ningún museo en el mundo se autofinancia, mucho menos podrá generar alguna utilidad económica.
Tampoco estos dirigentes han hecho ningún avance en adquirir la mínima idoneidad técnica para hacerse cargo.
Por otro lado, esta situación ha tensionado al máximo el discurso de los representantes indígenas sobre qué tan real es el interés por su patrimonio o si en realidad se buscan beneficios de otro tipo.

Respecto al tema del diseño, debemos recalcar que es extremadamente improbable que este proyecto alguna vez se convierta en un edificio real y concreto, aunque el MOP esté involucrado en el estudio de una futura licitación. Proceso que además va a estar complicado, desde que no se ha resuelto ninguno de los conflictos con las comunidades ni las indicaciones del CMN.

Hay que considerar lo que significa construir este nuevo museo: Primero, construir un lugar de depósito provisorio para las colecciones, que no debiera ser una bodega de containers, sino un recinto bastante más sofisticado. Luego trasladar esas colecciones. Luego demoler el actual edificio (Más de alguien podría oponerse a esto, alegando también cuestiones de patrimonio). Recién entonces comenzar la construcción del nuevo museo. Todo ese proceso, según Jorge Mora, “debiera tomar entre uno y dos años”.

Es decir, la UCN además tendrá que sostener su planta de personal y su Instituto de Investigaciones, sin tener un edificio, sin trabajo para la mayoría del personal y sin los ingresos por las entradas, lo que hará aun más difícil este proceso.
Quizás hubiera sido más lógico que la municipalidad desde el principio hubiera realizado la licitación emplazando el museo en otro lugar, sobre todo si estaba interesada en realizar un diseño con más factibilidad de construcción.

Sin contar con los posibles conflictos no sólo con las comunidades indígenas, sino también con toda  la ciudadanía de San Pedro de Atacama.

En todo caso, contrastando con nuestro pesimismo respecto a este tema, el que era director del museo en el momento de la licitación,  el arqueólogo Mark Hubbe, dijo en un articulo de El Mercurio, el sábado 17 de julio de 2010, “el diseño del proyecto se terminará este año con una inversión de $300 millones. Las obras parten en 2011 y serán inauguradas en 2012, afirmó.”

La alcaldesa Sandra Berna no parece tampoco muy conciente de las posibilidades de conflicto con el diseño, cuando en este mismo artículo expresa que “nos opusimos cuando los cuerpos de nuestros ancestros y sus vestigios estaban expuestos a la gente sin una protección adecuada, donde se podían perder. Este proyecto es valorado porque las medidas de conservación son adecuadas y nos integran”.

El articulo, además, llega a afirmar que: “La etnia será incorporada en la construcción y operación del museo, y la colección tendrá ahora dos niveles de información complementarios: la científica y la visión atacameña de su patrimonio y entorno.” Y además que “(El) Nuevo edificio incluirá a atacameños en atención de público, difusión y administración”

Otro factor a considerar, es que en el año 2009 se había realizado en el IIAM un proyecto de remodelación y mejoramiento, que incluía cambios en el actual edificio, mejorar la museografía, etc.
Esto tendría un costo de alrededor de 700 millones de pesos, los que se postularían al FNDR.
¿Cómo se pasó de un proyecto realizado internamente, con un costo aparentemente razonable, por profesionales de la misma UCN y el IIAM, a pagar casi 300 millones por un diseño externo, administrado por la municipalidad, que al igual que cualquier municipalidad de Chile, NO tiene profesionales expertos en cuestiones museísticas; diseño que además se debería concretar algún día a un costo siete o más veces superior al pensado en el 2009 por la UCN?
¿Esta decisión  fue de la Municipalidad, involucrada ya en el proceso de diseño del 2009? ¿O fue de la dirección del IIAM, de algún modo avalada por las autoridades de la UCN?

A esto hay que agregar que nadie ha considerado los costos de mantenimiento de esta nueva construcción, que superarían largamente los 600 millones que cuesta mantener al actual museo. Un sólo ejemplo para ilustrar este punto: el museo ahora emplea a una sola persona para hacer el aseo de todo el edificio, lo que incluye salas de exhibición, oficinas, etc.
Viendo las características del nuevo museo, es evidente que no va a bastar una señora con una mopa, por muy diligente que sea, para mantener el aseo del lugar.
Y podemos sumar a este ejemplo el caso del personal de mantenimiento, el costo de la energía, los insumos, la seguridad, etc.
Todo esto en una situación en que el público que llega sigue reclamando por “qué pasó con las momias” y donde difícilmente la atracción de un edificio majestuoso aumentaría los ingresos por concepto de entradas, que hoy día son insuficientes.

Consultados los actores (Municipalidad, IIAM, dirigencias indígenas), ninguno de ellos ha considerado este tema. Desde luego, no se consideró en la licitación, y dudamos de que se considere en la licitación -si es que alguna vez se hace- para construir el proyecto.

Dicho sea de paso, en su gran mayoría la población indígena no tiene idea de toda esta historia, ya que, con algunas excepciones, no ha sido informada por sus dirigencias de nada de esto.

Esperamos que al menos cada una de las instituciones participantes en este proceso saque sus conclusiones, y así también la ciudadanía, en esta lección de cómo NO hacer las cosas. Una lección que ha costado como mínimo $ 267.200.344

Esperamos ver además como se desarrollan los acontecimientos y si alguna vez se construye este nuevo museo, quien va a ser su administrador o propietario.

Ya sea con este proyecto o con otro (al menos van dos en los últimos 3 años) el museo realmente necesita una mejora sustancial, ya que su estado actual no está para nada a la altura de su notoriedad y de los mínimos estándares técnicos que debe tener un museo de su tipo, lo que por lo demás se expresa claramente en los términos de referencia de la licitación.

Así que, según parece, después de todo, esta historia, como el agua en el desierto, se va a diluir, evaporar, absorber y todo va a seguir igual. El museo seguirá ahí, sin mayores cambios, las dirigencias indígenas seguirán mascullando sobre “lo nuestro que es aprovechado por otros”, la municipalidad seguirá elaborando deficientes licitaciones, el CMN seguirá diciendo que “es factible mejorar el manejo de las colecciones y su conservación, situación en la que se encuentra abocado el Museo de San Pedro de Atacama”, Iglesis y Prat seguirá realizando grandes obras arquitectónicas, la UCN seguirá gastando 600 millones en el museo.

Más Información:

Puede descargar una síntesis de documentos de la licitación aquí (.zip de 3434 Kb) »»

Puede ver dos artículos de El Mercurio sobre el tema:
La noticia optimista del 2010 »»

Una no tan optimista de abril del 2011 y que refleja parte del mismo conflicto reseñado aquí »»