Acuerdo de conciliación permitiría rescatar el Salar de Punta Negra

A través de una declaración pública, la Comunidad Atacameña de Peine informó el término del proceso de búsqueda de reparación tras el daño ambiental ocasionado por Minera Escondida en el Salar de Punta Negra; resolución que obligará a la compañía a invertir 93 millones de dólares en dicha recuperación.

Se trata de la sentencia dictada ayer, tras la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado, que fue respaldada por la Comunidad Atacameña de Peine y el Consejo de Pueblos Atacameños, con el objetivo de buscar una reparación ante el impacto provocado por la minera durante más de 20 años.

“La decisión de sumarnos a este proceso y a su mesa de gobernanza, mandatados por nuestra asamblea, estuvo siempre fundada en el compromiso que tenemos con la defensa del Salar de Punta Negra. Por lo mismo decidimos ser parte de esta demanda, poniendo siempre como principio la indemnidad ambiental, y buscando asegurar que el Estado y la compañía no cayeran en la usual práctica de compensar económicamente los daños ambientales provocados”, es parte de la declaración dada a conocer por la comunidad.

En este contexto, su presidenta es enfática en señalar que la conformidad con lo acordado radica justamente en la inversión que significará. “Los 93 millones de dólares que Minera Escondida debe invertir en la reparación del Salar de Punta Negra, no van al bolsillo ni de la comunidad de Peine, ni de ninguna de las comunidades de la cuenca del salar, si no que están al 100% destinadas a financiar cada una de las medidas que se acordaron en esta conciliación, y que buscan recuperar el salar. Esto significa un trabajo inmenso en el que la comunidad está decidida a invertir tiempo y recursos humanos para que esto se logre”, sostuvo Amanda Barrera.

En términos más específicos, las medidas que serán aplicadas en un plazo de 15 años, van desde la elaboración de líneas bases inexistentes a la fecha, forénsica ambiental y modelaciones, así como la conformación de una mesa de gobernanza. “Acá se pone en el centro la protección y la recuperación del salar, tanto a nivel superficial, como son los sistemas de vegas, canales y lagunas, como a nivel del acuífero que como ha quedado demostrado en el proceso de conciliación, ha sido afectado durante los más de 20 años de operación de Minera Escondida”, comenta Felipe Lerzundi, profesional de la Unidad de Control Ambiental de la comunidad, quien precisa que el enfoque está puesto en la comunidad y en la continuidad de la cultura atacameña en el territorio.

Cabe mencionar que la compañía privada opera en el sector desde comienzos de la década de los 90 y, según señala la comunidad en su declaración, “desde entonces ha ejecutado una extracción descontrolada”.

De hecho, indican que en comunicaciones de la prensa especializada en minería se observa que este año fiscal alcanzarán la suma de 1.200 millones de toneladas de cobre fino, lo que al precio actual e histórico de la libra de cobre equivale a 112.000 millones de dólares por ventas solo el presente año; cifra que puede dimensionarse teniendo como referencia que el último bono por término de conflicto conseguido por las luchas de los trabajadores de la minera, alcanzó los cerca de 100 millones de dólares.

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Para saber más: Pueden revisar la causa AQUI >>

Lo más interesante es el INFORME DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN APROBACIÓN DE INDEMNIDAD EN PROPUESTA DE ACUERDO DE CONCILIACIÓN EN LA DEMANDA POR DAÑO AMBIENTAL CARATULADA “CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO CON MINERA ESCONDIDA LTDA” ROL D-6-2020. fechada en Antofagasta, 26 de mayo de 2021, que pueden descargar AQUI (.pdf de 3.5 Mb) >>

La declaración completa:

Declaración pública Comunidad Indígena Atacameña de Peine

Como Comunidad Indígena Atacameña de Peine queremos informar que tras un extenso proceso de búsqueda de reparación por el daño ambiental ocasionado por Minera Escondida en nuestro territorio, se ha llegado a un "Acuerdo de Conciliación" en el marco de la demanda interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, que apoyamos conjuntamente con el Consejo de Pueblos Atacameños, como tercero coadyuvante.

La decisión de sumarnos a este proceso y a su mesa de gobernanza, mandatados por nuestra asamblea, estuvo siempre fundada en el compromiso que tenemos con la defensa del Salar de Punta Negra. Por lo mismo decidimos ser parte de esta demanda, poniendo siempre como principio la indemnidad ambiental, y buscando asegurar que el Estado y la compañía no cayeran en la usual práctica de compensar económicamente los daños ambientales provocados.

Lo mencionamos porque nos parece importante aclarar que nuestra lucha jamás estuvo enfocada en una compensación económica. Muy por el contrario, nuestro interés fue siempre rescatar el salar, motivo por el cual nos satisface saber que los más de 90 millones de dólares que deberá invertir la compañía en reparación, estarán destinados en un 100% a ejecutar las medidas que acordó la conciliación y, por ende, no serán entregadas a nuestra comunidad, ni a ninguna de las presentes en la cuenca del salar.

Cabe mencionar que Minera Escondida opera en el sector desde comienzos de la década de los 90. Desde allí estuvo extrayendo agua a costo cero de los distintos acuíferos presentes en territorio ancestral de nuestra comunidad, hasta que en el año 2017 se descontinuó la extracción desde el salar, manteniéndola solo en el sector Monturaqui hasta fines del 2019; proceso extractivo que cesó únicamente por nuestra intervención en el proceso reglado de Consulta Indígena.

No obstante, se trató de más de 20 años de extracción descontrolada, que finalmente gatillaron en esta demanda por daño ambiental en el Salar de Punta Negra, presentada ante el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. En ella se acompañaron antecedentes que sustentan este impacto que, hasta entonces, jamás había sido reconocido ni reportado públicamente. Es más, las medidas tomadas desde el 2020 estuvieron enmarcadas en un convenio confidencial entre la empresa y el SAG, en donde nada tuvimos que ver como comunidad.

Por ello, y entendiendo la necesidad de estar presentes y velar por la efectiva defensa de nuestro territorio, decidirnos ser parte de este proceso que culminó con un acuerdo de conciliación, traducido en 19 medidas de compensación, reparación y gestión socio ambiental, para recuperar el Salar de Punta Negra con los mejores estándares y técnicas disponibles para tales efectos.

En términos más específicos, se trata de medidas que van desde la elaboración de líneas bases inexistentes a la fecha, forénsica ambiental, modelaciones, mesa de gobernanza entre otros, y que tienen un costo económico para la compañía, valorado en más de 90 millones de dólares, que serán invertidos a lo largo de los 15 años, que es el plazo estimado para el proceso reparatorio del daño.

Por todo lo manifestado, nos gustaría mediante esta instancia aclarar que no existe ningún interés de parte de nuestra comunidad ni de quienes la representan, por obtener beneficios particulares ni económicos. Muy por el contrario, siempre hemos actuado con la convicción y compromiso que amerita la defensa del territorio y sus recursos naturales, por lo que cada decisión tomada se ha enmarcado en esos principios.

Para comprenderlo es importante tener presente que por décadas Minera Escondida extrajo agua para sus procesos en el territorio peineño. Como referencia, en comunicaciones de la prensa especializada en minería alcanzarán en el presente año fiscal, la suma de 1.200 millones de toneladas de cobre fino, lo que al precio actual e histórico de la libra de cobre equivale a 112.000 millones de dólares por ventas solo el presente año.

Por ello vemos en esta resolución una justa oportunidad para reparar el daño ocasionado y, además, la posibilidad de nivelar nuestras capacidades técnicas y equilibrar la relación actual con la empresa. Sabemos que se tratará de una reorganización de nuestras unidades y comisiones que han trabajado durante años en la preservación del territorio y la cultura local, por lo que nos complace que puedan verse potenciadas.

Lo manifestamos así, porque sabemos que es justamente eso lo que nos permitirá hacer frente a nuevos desafíos, poniendo siempre por delante la indemnidad ambiental del territorio y su resguardo, y buscando garantizar un desarrollo sostenible que ponga en el centro la continuidad de la cultura atacameña y el bienestar de todos los peineños.