Cejar: Envenenada no solo con arsénico.

Se mira y no se toca

En mesa de trabajo con comunidades de Solor, Coyo, San Pedro de Atacama, Cúcuter , Larache, Seremi de Bienes Nacionales, Seremi de Salud, Seremi de Desarrollo Social, Gobernador de el Loa, Conadi , representante intendente Antofagasta

El 7 de diciembre, se emitió la resolución exenta N° 4716, de la Seremi de Salud. En ella se resuelve que no pueden usarse las aguas de las lagunas Cejar y Piedra al declararlas: “no aptas para realizar actividades de recreación con contacto directo”. Una manera portentosamente retórica de decir que no te puedes bañar en ella.

Esto vino a materializar una prohibición del ministerio de Bienes Nacionales que el 23 de noviembre había anunciado que, respondiendo a la función de administrador territorial, solicitó un análisis del lugar comprendido entre Céjar y Piedra y según el estudio los índices de arsénico de la laguna hacían que esta no fuera apta para el baño. Baño que es la gran atracción de la laguna.

La reacción

Este jueves 15 se difundió, a través de redes sociales y de la radio Toconao, un comunicado público de la organización llamada Comunidad Indígena de Solor, que administra la laguna, en que anuncian su acatamiento de dicha resolución, aunque en términos también bastante retóricos. Seguramente contagiados con el ampuloso lenguaje jurídico del documento de la autoridad. 

La declaración de la organización llamada Comunidad Indígena de Solor es la siguiente:

Si prefiere, puede descargar la declaración (.pdf de 39 Kb ) , AQUÍ >>

Como puede deducirse del escrito, la organización llamada Comunidad Indígena de Solor reclama una cierta propiedad sobre la laguna, y en ejercicio soberano de esa propiedad en la práctica acatan la resolución de la autoridad (?), eliminando la opción de bañarse de la visita a Cejar, dejando solo la “contemplación del paisaje natural y el senderismo”
También se reservan derechos sobre acciones futuras para “hacer prevalecer nuestros derechos ancestrales y culturales para que sean compartidos por toda la población que quiera conocer nuestra tradición de baño en nuestra laguna”
Nos queda la duda si eso significa que en algún momento los turistas podrán también ir a contemplar, y quizás sacarle fotos, a algún socio de esa organización bañándose y ejerciendo su tradición de bañarse en Cejar. 

Aunque se entiende que se le cobrará una cantidad a los extranjeros y otra a los chilenos, queda la duda a que se refieren con pertinencia. Quizás exageraron el tecnicismo, porque no queda muy claro, en el caso que se refieran a “pertinencia cultural”, si eso significa un lickanantay de pura cepa con su correspondiente certificado emitido por el Estado o también puede abarcar a antiguos residentes de sangre no tan pura. 

Por otro lado, ya en el anterior conflicto, por el cobro de la entrada a 30.000, había quedado medianamente establecido que el acceso a la laguna no podía ser cobrado y que los quince mil que el Estado los obligó a fijar, eran por concepto de “uso de las instalaciones”. Instalaciones que tenía sentido usar si uno se bañaba. Ahora no se sabe.

Finaliza la declaración diciendo que “nuestra intención ha sido, es y será la misma de siempre, la protección y ejercicio de lo que por derecho nos pertenece, no vamos a permitir ser tratados de mala manera siendo que ejercemos el legítimo derecho al territorio y a nuestra autodeterminación, saludos cordiales.” (Subrayados nuestros)

Recordemos que la organización que habla de lo que “nos pertenece” tiene 45 socios (según ellos mismos) de un universo de más de 120 lickanantay que viven en Solor. 
No queda duda, eso si, de que como organización, se autodeterminan.

La resolución

Esta es la página de las resoluciones del documento

La resolución del 7 de diciembre aparte de prohibir el baño en Cejar, define algunas otras cosas, y deja una pequeña puerta abierta al afirmar que se “realizará muestreos comprobatorios de las aguas”. Es decir, podría ocurrir que los índices declarados bajen drásticamente y milagrosamente. Aunque en una fecha indeterminada por la resolución.

También la resolución se explaya sobre la participación indígena que debe asumirse en este caso, lo que “se concreta en la participación de estas comunidades en la mesa de trabajo liderada por la Gobernación de la Provincia del Loa.”

Nótese el plural de la resolución, cuando se trata de la administración de la laguna, aunque solo hay una organización involucrada. 

En la práctica, esta mesa de trabajo se realizó el 29 de noviembre y efectivamente participaron casi todas las comunidades de San Pedro. 

Puede ver una noticia sobre dicha mesa Aquí >> 

La resolución completa  (.pdf de 201 Kb) pueden descargarla aquí >>

Los operadores turísticos

Haciendo una revisión rápida, la mayoría de los operadores turísticos con los que hablamos manifestaron que no estaban interesados en seguir llevando gente a Cejar. Por los problemas de seguridad y porque el precio parecía excesivo para la prestación ofrecida. 
Si bien se reconoce el valor escénico de la laguna, su principal atractivo siempre fue la posibilidad de flotar en sus aguas. Prestación que puede encontrarse en otro lado, tan contaminado como Cejar, si es que alguien se interesase en medir.
Pero en esto lo que manda es el mercado, como nos dijo un operador y si alguien quiere ir a Cejar, alguien va a llevarlo. La duda, hoy, es si va a haber suficientes interesados como para hacer sostenible ese tour.
Es un hecho, se nos manifestó, que la cantidad de viajes a Cejar descendió drásticamente después de las primeras informaciones, a fines de noviembre.

¿Y de que se trata esto en realidad?

Un incidente como este releva varios temas que están latentes:

1. Quien realmente maneja los atractivos turísticos. Aunque se supone que son las organizaciones llamadas Comunidades indígenas las que tienen las facultades de administrar y sobre todo recaudar, se ve que su estatus en bastante frágil. En cualquier momento se les puede hacer presente, como en este caso, que sus alegaciones patrimoniales, ancestrales y culturales en realidad no tienen mucho valor ante otros imperativos legales. Pasó hace poco también en el Tatio y sus problemas con la dirección del trabajo. Todo está ligado al problema de la propiedad. En la práctica, cada cierto tiempo el Estado le recuerda a las organizaciones que el dueño es el fisco. Esta es una más de esas ocasiones. 

2. La representatividad de las organizaciones llamadas comunidades indígenas. Solor es el mejor ejemplo de una cierta perversión de la ley indígena que permite que el Estado fije una interlocución con una organización que tiene 45 socios (según ellos mismos) cuando están basadas en un ayllu que tiene más de 120 habitantes que son indígenas. Aunque los lickanantay que habitan Solor pueden sentirse en mayor o medida representados por la organización, y algunos lo sienten así, no deja de ser sorprendente que una minoría insista en sus derechos de propiedad ancestral mientras deja fuera a muchos otros que también tendrían derechos. Y esto lo hacen validados por el mismo Estado que ahora los presiona.
A menor representatividad real, mayor fragilidad también frente al Estado.

3. La intrínseca división de las comunidades, fundamentalmente a propósito de la disparidad de ganancias sobre los sitios turísticos que administran. Algunas comunidades gana mucho y otras nada. Esa división ha sido constante, y ha sido intencionada desde la formación misma del sistema de administración. Una división que ha sido muy funcional a los intereses del Estado. Ya en el anterior gallito de la organización llamada Comunidad Indígena de Solor con el Ministerio de Bienes Nacionales, no se vio mucha movilización de otras comunidades. Tampoco al interior del ayllu. Y cuando uno se enfrenta al Estado, la movilización es fundamental.
Sumemos a eso la división aun más fuerte entre operadores turísticos y las organizaciones indígenas.

4. La absoluta falta de regulaciones y normativas sobre el turismo. Puede haber algo en el papel, pero en la practica una restricción como la planteada por la autoridad sanitaria debiera haber llevado a una restricción directa sobre los operadores turísticos. Nada de esto ha pasado hasta ahora. Y si algún turista quiere ir a bañarse, probablemente va a encontrar  un operador turístico que lo lleve.

5. El Estado de Chile, ejerciendo sus potestades, tiene planes para esta zona. Eso es algo que debiera preocupar a los que vivimos aquí. Acciones como las de la laguna Cejar pueden parecer menores o limitadas y poco relevantes, pero tienen el potencial de hacer mucho daño a futuro. Un ejemplo: Si el Estado quisiera limitar el turismo para potenciar otra actividad económica (si, la minería) que ellos piensan que es un mejor desarrollo de la zona, pueden repetir este incidente en Chaxa, Tebenquinche, etc. Nadie se baña ahí, pero que mejor que esparcir el rumor de que hay arsénico en el aire… ¿Cuántos turistas hoy están pensándolo de nuevo antes de venir a San Pedro, como lo habían planeado? ¿Ese efecto, si existe, cuando lo vamos a notar?
Recuerden que el Estado aquí gobierna desde oficinas en Santiago. Y de una de esas oficinas quizás justo se acaba de ir un júnior a entregar una factura a SQM.

Finalmente

La imagen más interesante en todo este incidente es la de la mesa de trabajo. Ahí se puede ver a varios presidentes de comunidades que no ganan nada con Cejar. Pero están ahí. Eso da ciertas esperanzas a futuro al menos sobre una posible mayor unidad de las organizaciones indígenas. Algo que podría ser bueno para el territorio. 
Aunque la última vez que estuvieron todas de acuerdo, firmaron el convenio con Rockwood.