Declaración Pública Consejo de Pueblos Atacameños

El Consejo de Pueblos Atacameños Lickanantay, ante los hechos registrados a lo largo y ancho del país durante los últimos días, no puede eludir su responsabilidad de emitir un juicio crítico a la grave crisis política que estamos viviendo, es por ello que señalamos:

1.- Ha quedado claro que la manifestación social responde a algo mucho más profundo que un alza de 30 pesos en la tarifa del transporte metropolitano. Más bien, a una interminable lista de injusticias de las que somos víctimas como país; injusticias promovidas por una clase política que ha gobernado desde el retorno a la democracia según las directrices de grupos económicos financieros y multinacionales, sin velar por el bienestar ciudadano.

2.- La privatización de los servicios básicos que comenzara bajo el régimen dictatorial, en lugar de ser revertida, fue profundizada por los gobiernos de la ex concertación a nivel nacional. En ese sentido, San Pedro ha sabido defender el sistema de cooperativas eléctricas y de agua potable, lo que debiera ser un ejemplo en la gestión de este tipo de empresas.

3.- Durante décadas, el empresariado ha saqueado los recursos naturales de nuestro país, con la venia del Estado, por medio de concesiones y regalías, perdonazos tributarios y leyes que desprotegen la seguridad social de la clase trabajadora. Ha saqueado los ahorros de nuestros adultos mayores, que hoy reciben pensiones de hambre y miseria.

4.- El Presidente de la República, Sebastián Piñera, es el principal responsable de la escalada de violencia, al promover la militarización de ciudades en lugar de garantizar un diálogo transversal, por lo que llamamos a las autoridades a deponer dicha actitud y promover un acuerdo nacional de paz donde las principales demandas sociales sean escuchadas: fin del sistema de AFP, nacionalización de los recursos naturales, un proceso de reforma constitucional que permita, por medio de participación efectiva de diversos actores, la redacción de una nueva carta fundamental que reconozca a los pueblos originarios y sus dinámicas, donde el acceso a la educación, vivienda, salud y transporte estén garantizado por ley.

5.- Reivindicamos el derecho a la desobediencia civil como medio de lucha, para visibilizar la grave crisis que hoy enfrenta el país. Por ende, exigimos al gobierno dar pie atrás inmediatamente en la aplicación del Estado de Emergencia y excepción constitucional. Hacemos un llamado a los militares y efectivos policiales a no empuñar sus armas en contra del pueblo, a honrar el juramento que hicieron de defender la patria, porque la historia, sin duda, será un juez implacable.

Rogamos a nuestros parlamentarios, de todos los sectores, a buscar una salida pacífica y definitiva, con planes a corto, mediano y largo plazo, a reajustar sus millonarios sueldos y dietas para, de una buena vez, servir al pueblo y no seguir sirviéndose de él.

6.- Los pueblos originarios por siglos hemos sido mancillados, oprimidos, han robado nuestras tierras, nuestras aguas, nos han violentado, asesinado, han intentado borrar nuestras costumbres, lengua y nuestra cosmovisión, sin olvidar también que nos han negado sistemáticamente el derecho a ser reconocidos constitucionalmente. Por estas razones, hoy no podemos estar ajenos a las legítimas demandas de la ciudadanía. Hoy no puede haber espacio para diferencias entre quienes somos los legítimos herederos de esta tierra y quienes por diversos motivos han llegado a ella con ansias de ser un aporte. Llegó el momento de defenderla, unidos, contra el abuso, contra el saqueo multinacional. Llamamos a todos nuestros comuneros, dirigentes y familias a ser parte de este momento histórico por el que atraviesa Chile, para refundar una patria multicultural, plurinacional, solidaria, sustentable, de brazos abiertos, para construir un nuevo país que dejaremos como legado a las futuras generaciones.

San Pedro de Atacama, Lunes 21 de Octubre de 2019