¿Cederemos voluntariamente nuestra agua?

Por un lado, supimos, merced un balance presentado a la rápida, que la directiva anterior había vendido agua a una empresa privada, entendemos que presionados por un organismo del estado...

De ser cierto que fueron presionados por el MOP, ¿que podemos esperar de su capacidad de negociación o resistencia ante el Estado, ante la presión de este para imponer la Junta de Vigilancia, si no son capaces de negarles la venta de una cantidad de agua?
La directiva entrante ¿Va a realizar alguna diligencia o acción en contra de la directiva anterior por este flagrante incumplimiento de las decisiones de la asamblea? Lo dudamos.

Después, don Ricardo Vilca presentó su renuncia, de una forma que parece, a lo menos, frívola, aduciendo “falta de tiempo” Suponemos que sus labores de concejal lo deben tener muy absorbido.  Quizás debió haber pensado antes en sus reales capacidades.

Ricardo Vilca fue presidente en ejercicio de esta Asociación desde septiembre del 2012. Ha tomado decisiones, ha negociado con el Estado, ha apoyado la idea de una Junta de Vigilancia, a realizado acciones en ese sentido... Y se va sin rendir ninguna cuenta, sin asumir ninguna responsabilidad.

Lo que queda claro después de esta asamblea, es que las directivas, la saliente y la entrante, y el directorio, con algunas excepciones que no alcanzan a hacer una diferencia, muestran una preocupante falta de conocimientos de los estatutos, una falta de manejo de las negociaciones, una prepotencia frente a los representados, una ineptitud que podría quizás ser disculpable en gente que nunca a sido dirigente.

Pero personas como Ricardo Vilca, que ha sido presidente al menos dos veces, Mirta Solís, que ha sido presidente una vez, Valentín Vilca, etc. no deberían mostrar tales fallas.

Desde ese punto de vista quizás haya sido mejor que don Ricardo haya renunciado. Solo esperamos que lo haga mejor como concejal.

Para terminar, por el tenor de algunas de las discusiones que se produjeron en la asamblea, está claro que el Estado ha conseguido, en buena medida, colocar el tema de la Junta de Vigilancia en un segundo plano, detrás del tema del embalse.

Quizás aprovechándose de la ingenuidad y falta de información, responsabilidad en gran parte del directorio, y además del legítimo anhelo de muchos de mejorar las condiciones para la agricultura en SPA, lo que realmente requiere una solución, han instalado la imagen del embalse conectada con la imagen del progreso de la agricultura y el aumento de agua para regar.

Solo que esta imagen es completamente falsa.

Está demostrado que un embalse como el que se estudia, con uso no exclusivo para la agricultura, ha ido en directo perjuicio de la actividad agrícola. El ejemplo del embalse de Conchi, en el río Loa, del que hoy aprovecha mayormente Codelco, no deja lugar a dudas de cual puede ser el destino final de un embalse de uso múltiple, como es el que el gobierno a mandado a estudiar.

Y respecto a las Juntas de Vigilancia, el ejemplo del río Huasco, que ha puesto ese río en manos de la minera Nevada Ltda., filial de Barrick Gold, con su proyecto Pascua-Lama, es el mejor indicador del destino que espera a una organización de este tipo cuando los intereses de la minería están superpuestos a los de la agricultura. Y eso que la agricultura de la tercera región no estaba en tan mal pie como la nuestra.

En realidad no se han considerado otras opciones, aplicando un estudio que se ha intentado legitimar con el argumento de que el embalse es un anhelo largamente soñado por muchas generaciones de agricultores de San Pedro de Atacama..

Lo que uno puede preguntarse es como decidieron que el embalse es la mejor solución. ¿Hay algún estudio técnico previo que indique que esta es la mejor y única solución?
¿No tendrá más que ver con que el embalse es la única solución que viene amarrada con una Junta de Vigilancia?

La consultora Arrau Ingeniería sigue trabajando, incluso con el acuerdo de la directiva, en el estudio del embalse para el río. Estudio que en la práctica es una promoción del embalse y de la Junta de Vigilancia más que otra cosa.

Por nuestra parte, creemos que la evidencia indica que el Estado quiere eliminar a la única organización que posee derechos de aguas comunitarias en Chile. La única forma que el Estado tiene para quitar a la Asociación ese derecho es si esa organización los cede voluntariamente. Y esto se hace a través de la Junta de Vigilancia.

¿Realmente querrá el directorio actual ser recordado como el directorio que entregó las aguas del río San Pedro a las mineras?

¿Realmente queremos ser la última generación de atacameños que tuvo derechos sobre este río, que desde hace milenios alimenta no solo nuestros suelos, sino además una forma de vida que no existe en ninguna otra parte del mundo?