Cuatro de las cinco comunidades más cercanas a las operaciones de extracción de litio en el Salar de Atacama llegaron a la sede de la comunidad de Quitor, lugar donde estaba convocada la reunión inicial del contrato de 2031 a 2060 entre las empresas, para manifestar su desacuerdo con la forma en que ha sido llevado adelante el proceso. Señalan falta de transparencia y escasa participación por parte de los pueblos originarios.
El pasado martes, las comunidades situadas en el lado sur del Salar de Atacama, frustraron el inicio del proceso de consulta indígena organizado por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en el marco de los contratos con las mineras SQM y Codelco.
Ya en enero de este año 18 comunidades se movilizaron contra el preacuerdo anunciado en diciembre de 2023, denunciando la falta de consulta previa. Poco tiempo después, en abril, las comunidades de Socaire, Peine, Toconao y Camar, todas ubicadas en áreas afectadas por las operaciones de SQM, decidieron suspender su participación de la mesa de negociación entre la empresa, Codelco y el Consejo de Pueblos Atacameños. Argumentaron la falta de criterios adecuados que consideren la mayor afectación que sufren sus comunidades por su proximidad con la minera.
La reunión, agendada para ese día a las 9 de la mañana, pretendía ser la primera de las tres sesiones para definir la planificación del proceso junto a las comunidades. Sin embargo, debido a la manifestación tuvo que ser reprogramada. Según informó La Tercera Corfo dijo que definirán próximamente las fechas para retomar el proceso.
El comunero del Ayllu de Cucuter, Edwin Erazo, quien asistió a la convocatoria, declaró: “la metodología de esta consulta en menos de dos meses ya la tenían lista. Entonces es una orden de arriba que quiere cumplir el estado. Básicamente la consulta es un mero trámite para que ellos puedan firmar el contrato y explotar el salar hasta 2060, sin siquiera saber efectivamente cómo está la salud del salar”.
Irene Cruz, de Socaire manifestó su desacuerdo con el proceso: “Nosotros no estamos de acuerdo con esta consulta, porque ya históricamente tienen una deuda con Socaire, la que no se ha saldado y nos siguen pasando por encima, entonces Socaire no se siente protegido, se siente sólo. Nosotros hoy día no contamos con agua potable, no contamos con alcantarillado, no contamos con servicios básicos”.
Cruz también destacó los problemas agrícolas debido a los efectos de la minería, “nuestra agricultura no ha sido próspera y sabemos que es por los minerales que están cayendo por medio de este material particulado que está en suspensión. Nosotros no tenemos los recursos que tienen ellos. Nosotros tenemos solamente nuestra sabiduría y por eso hoy día nos hacemos sentir acá para ser escuchados. Nosotros como cultura no queremos morir, queremos seguir viviendo y permanecer en el tiempo y seguir manteniendo lo que se nos ha heredado”.
Otra comunera de Socaire, de 50 años y que ha habitado toda su vida en el territorio agregó: “Ya estamos pensando que de aquí a un tiempo más prácticamente vamos a dejar de existir, porque van a extraer todas las aguas en nuestros lugares. Entonces nuestro legado para las futuras generaciones va a desaparecer, no va a quedar nada, porque se va a perder lo que es la agricultura, la ganadería, que es de lo que vive la gente allá”
“A nosotros en la escuela nos enseñan a entrar siempre por la puerta y lo que a nosotros nos tiene descontentos es que esta minera Codelco entró lamentablemente por la ventana y no es la forma correcta”, comentó otra comunera (45 años) de la misma comunidad.
Rosa Ramos, presidenta de la Asociación Empresarial de Turismo Indígena Atacameño Lickanantay, mencionó el impacto social de la minería: “Al final somos todos afectados, porque cuando llegó la minería se llevó al papá y al hijo mayor, y la mujer tuvo que asumir doble rol en su casa; y producto de eso llega el dinero, llega el alcoholismo. La minería ha destruido históricamente nuestro tejido social”.
Las comunidades Lickanantai demandan una consulta genuina y participativa que considere realmente sus necesidades y preocupaciones, protegiendo sus derechos y su medio ambiente antes de proceder con cualquier contrato adicional que impacte el Salar de Atacama. Para Ramón Balcázar, miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL, estos hechos dan cuenta de que “a pesar de que SQM no escatima esfuerzos en esconder sus prácticas corruptas e insustentables detrás de campañas publicitarias y procesos de participación no vinculante, frente a la extensión de sus operaciones en el Salar el rechazo popular es rotundo. El mito instalado de la minería responsable y del «buen vecino» simplemente no se sostiene”.