El litio y los temas olvidados

Sin preguntar nada a nadie, sin siquiera considerar otras posibilidades, el gobierno decidió llamar a licitación pública para entregar contratos especiales de operación para la extracción de litio, el que acaba de adjudicar a la empresa SQM, desatando una amplia polémica pública. Se trata de una decisión tomada a puertas cerradas y aparentemente haciendo uso de ciertas facultades que la Constitución le entrega al Ejecutivo, que contempla entregar a una empresa contratista la posibilidad de explorar y explotar litio metálico en una cuota de hasta 100 mil toneladas dentro de un plazo de 20 años (lo que equivale a aproximadamente 600 mil toneladas del litio de las salmueras extraído de los salares).

De acuerdo a lo que se ha informado, SQM podrá establecer la extracción en cualquier zona del territorio nacional en la que no existan concesiones mineras. Tras la publicidad sobre la licitación de contratos y la puesta en venta de las bases por parte del gobierno, sólo tres empresas presentaran propuestas: Sociedad Legal Minera NX uno de Peine, Posco Consortium, y la mencionada Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que finalmente se adjudicó el contrato. Esta baja convocatoria probablemente se debe a los múltiples cuestionamientos de que ha sido objeto el proceso llevado a cabo por el Ejecutivo.

Estamos ante un proceso inconsulto, que promueve una política de hechos consumados, cuestionable desde diversas perspectivas: desde la propiedad y control de los recursos naturales, las supuestas ganancias o beneficios económicos que le podrían reportar al país su extracción, hasta los posibles impactos ambientales y la real capacidad de evaluar estos impactos por parte de funcionarios públicos.Si bien no está en cuestión que el país posee una gran riqueza de este mineral y que debe ser explotado, las críticas apuntan a qué tipo de entidad debe encargarse de su extracción y cuáles son los beneficios que le reportaría al país; además, se señala la importancia de generar capacidades nacionales no sólo para la explotación sino también para su posterior procesamiento y para la elaboración de productos. En definitiva, durante todo este año se ha debatido acerca de las diversas propuestas y posiciones sobre qué hacer con este mineral. Las posturas más sensatas defienden la necesidad de diseñar e implementar una política pública al respecto, que contemple mantener el control de la extracción en el Estado y generar capacidades de investigación y elaboración de productos en nuestro país.

En todo caso, existen aspectos en esta discusión que han sido poco abordados o derechamente olvidados: aquellos relacionados con los impactos ambientales y la alteración de los ecosistemas que puede conllevar la extracción de litio. En Chile este mineral se encuentra en los salares, que son ecosistemas frágiles y complejos estrechamente relacionados con la red hidrológica que alimenta las cuencas en la zona norte del país. En el proceso de extracción de las salmueras que contienen litio, se saca también agua, alterando el ciclo hídrico del salar, lo cual puede ocasionar impactos ambientales severos y daño irreparable. En consecuencia, no es trivial que se entregue a una empresa privada la posibilidad de extraer litio en cualquier zona del país, sin definir a priori qué lugares son más vulnerables y cuáles menos, cuáles albergan mayor biodiversidad o son ecosistemas más relevantes. Por si todo esto fuera poco, también es preciso señalar que muchos de los salares de donde es posible extraer litio son territorio indígena y a ellos no se les ha consultado su opinión sobre el tema.

Aún más, varias de las zonas posibles de explotación de litio son áreas protegidas o están incluidas como humedales relevantes bajo la Convención de Ramsar, pero esta información ni siquiera ha sido mencionada por la autoridad como un aspecto a tener en cuenta. Lo único que se ha advertido al respecto es que cualquier proceso de extracción debe cumplir con la normativa ambiental, es decir, el proyecto debe ser evaluado ambientalmente. Pero esto parece no tener mucho sentido, pues el otorgamiento de un contrato especial de operación es facultad del Presidente de la República, es decir, es la máxima autoridad del país quien fija las condiciones de operación y, a la vez, es esta misma autoridad quien nombra a los funcionarios encargados de tomar decisiones sobre la aprobación o rechazo de proyectos que son evaluados ambientalmente.

Claramente, algo no cuadra en todo este proceso, pues una vez que una empresa tenga un contrato especial de operación entregado por el Presidente, resulta bastante difícil esperar que funcionarios públicos de tercer nivel de exclusiva confianza del mismo mandatario, sean capaces de evaluar en conciencia los impactos ambientales de un proyecto de esta naturaleza; es más difícil aún pensar que podrían rechazarlo.

En definitiva estamos ante un proceso inconsulto, que promueve una política de hechos consumados, cuestionable desde diversas perspectivas: desde la propiedad y control de los recursos naturales, las supuestas ganancias o beneficios económicos que le podrían reportar al país su extracción, hasta los posibles impactos ambientales y la real capacidad de evaluar estos impactos por parte de funcionarios públicos. En definitiva, parece más que probable que la extracción de litio aporte aún más elementos dudosos a la cuestionada institucionalidad ambiental chilena.