Comunidades buscan extender el Convenio 169 de la OIT

Existe una sensibilidad y desconfianza mayor a la habitual en los pueblos originarios de El Loa respecto de la instalación de proyectos de gran envergadura en la zona, esto en buena medida motivado por la negociación producida entre la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo con SQM, por las nuevas cuotas de extracción del mineral no metálico, donde no se les tomó su parecer. Aquello, incluso, está judicializado, porque los pueblos originarios que habitan la cuenca del Salar de Atacama exigen una Consulta Indígena.

Otro de los asuntos que preocupa a los pueblos originarios loínos es la mantención del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), específicamente en lo relativo a la regulación de la actividad económica, donde pese a que el intendente Marco Antonio Díaz ha manifestado en distintas oportunidades que para el Presidente Sebastián Piñera es imperativo respetar todo instrumento que norme este sector productivo, ven como una incógnita su permanencia, al que Chile sólo podría retirarse el año 2021.

Eludir

Es así como el presidente de la Comunidad de San Pedro de Atacama, David Barrera, expresó que "por ley del Estado, para cualquier intervención importante, tiene que haber una Consulta Indígena. Y aquello tratan de evitarlo, tal como lo hizo Corfo con SQM, por eso es que el Consejo de Pueblos Atacameños los demandó. Lo que ocurre es que no se toma en cuenta lo que ocurre con las comunidades, lo que al final del día es perjudicial para la propia empresa, porque podría realizar eventos de mutuo beneficio, por ejemplo empresas que se vengan a instalar con energías renovables, plantas solares de tratamiento de aguas, que podrían producir directo efecto en el bienestar comunitario".

Por su parte, el dirigente comunitario y agrícola de Calama, Esteban Araya Toroco, mencionó que las comunidades se oponen a muchos de estos proyectos de gran envergadura porque generan un impacto negativo en la flora y fauna, además de las aguas. "Eso ocurre con el litio, con la minería en general, ya que utilizan para muchos de sus procesos agua superficial y agua subterránea, que al final secan las napas, vegas y bofedales. Esto, sin contar el daño en sectores patrimoniales que se generan con los estudios de impacto ambiental, en ocasiones".

David Barrera concuerda con Araya Toroco en cuanto a que "el perjuicio inmediato tiene que ver con la administración de los recursos naturales, por ejemplo, la utilización del agua, con todo este evento tan fuerte que es la minería del agua. Sin saber, hoy estamos hablando de minería del agua. Eso es realmente grave, porque el riesgo que tenemos de la alteración del ecosistema es inminente", aseguró.

Y agregó que "evidentemente, a ellos (los empresarios) no les interesa consultar a las comunidades indígenas, porque es un tema delicado. Muy delicado. En el caso de la minería del cobre, ellos podrían tomar agua marina para sus procesos, pero eso significa una alternación del estado de utilidades de las empresas y no lo ven atractivo, porque van a tener que invertir más. Por tanto, es más rentable perjudicar el territorio y saltarse las normativas".

Respecto de la labor del empresariado, Barrera tiene una visión crítica, porque cree que "están tratando de influenciar al Gobierno para que derogue este Convenio 169. Estos grandes consorcios han demostrado mucha ignorancia social, porque ya los países desarrollados eso lo han superado, lo han superado en términos de buscar un desarrollo con participación de la comunidad donde se benefician todos, pero ese beneficio no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el bienestar de las personas en muchos ámbitos", argumentó.

En tanto, Araya Toroco aseguró que el empresariado está solicitando que no se realice la Consulta Indígena, con el fin de echar a andar la mayoría de los proyectos que están parados. "Esto es en conjunto con el Gobierno, que no sabemos qué mirada tiene, porque ambos quieren que no entre el tema de la Consulta Indígena y que éstos sean aprobados en forma interna para acelerar la productividad. Eso va a provocar judicialización de estos temas, tanto a nivel nacional como internacional".

Compensaciones

Cuando se impacta un territorio, inmediatamente se habla de compensaciones por parte de quien usufructua de los recursos naturales. Éstas, por lo general, tienen que ver con beneficios que al final se traducen en dinero, no en decisiones que apunten a un desarrollo sustentable de las comunidades, según apuntaron.

"Ese es un concepto al que ellos le llaman 'valor compartido', que es una manera de sopesar los efectos. La palabra compensar tiene que ver con aceptar el perjuicio a cambio de. Entonces, nosotros tendríamos que aceptar el perjuicio a cambio de becas y gratuidades. Eso es lo que hay que discutir, porque tampoco nos podemos cerrar al desarrollo. Nuestro país lo necesita, pero sentémonos a conversar. No pasa sólo por poner dinero sobre la mesa, pasa por entrar a conversar de qué manera una actividad puede ser sustentable para todos, pero si el señor empresario lo único que tiene en mente es generar utilidades para él y sus socios, partimos mal", acusó David Barrera.

El presidente de la comunidad de San Pedro fue más allá y argumentó que "nosotros acá estamos rodeados de los minerales que tenemos y nuestras mujeres tienen que parir camino a Calama y en el camino, la mayoría tienen sus bebés. Es atroz. No tenemos ningún sistema de salud elemental, no tenemos salud de especialización, un dermatólogo. Tenemos que correr a Calama y no conseguimos hora, tenemos que ir a Antofagasta, mientras nos extraen las riquezas de manera impresionante. Eso genera un dolor relacional que se expresa en un sentimiento de injusticia".

Lo que se requiere para Esteban Araya, más allá de la entrega de becas es una verdadera retribución al medioambiente. "No es que los indígenas vivan sólo de becas. Hay un impacto a la flora y la fauna, y no necesariamente con un incentivo de ese tipo quedamos bien. Las necesidades van por otro lado, agua potable, luz y conectividad. En realidad, los empresarios no saben los requerimientos de las comunidades", se quejó.

Desafío

En las comunidades originarias de la provincia El Loa ven como esencial la conservación de la unidad respecto del fin último, que es la preservación del territorio.

"Hay una voluntad superior de sostener cuál es nuestra responsabilidad: ser guardianes del territorio, cuidar la naturaleza, porque finalmente, cuando estas empresas se vayan, quiénes se van a quedar acá: nosotros, los atacameños. Hay un entendimiento general de la importancia de la protección de nuestro territorio, pues pensamos en los atacameños del futuro, de aquí a 50 años, qué va a ser de ellos si no hay agua, por ejemplo. El futuro de los niños está en nuestras manos y depende de las decisiones que hoy tomemos", dijo Barrera.

En cuanto a la relevancia del Convenio 169, David Barrera cree que pese a que es positivo, también es perfectible, porque "hay distintas materias que éste no cubre, pero con lo que tenemos podemos avanzar, pese a que hemos sido advertidos por el actual Gobierno de la intención de renunciar. Por el momento, con este convenio podemos sentarnos a conversar y resolver temas. Si el Convenio se derogara, sería un caos, porque gracias a él se ha establecido un índice mínimo de respeto social bajo la presión de la ley. Sería una lucha de calle, otro escenario".

Al respecto, Araya Toroco aclaró que "cuando viene un proyecto grande, todos nos agrupamos y tenemos una sola mirada, que es la defensa del territorio y el patrimonio, independiente de los intereses. Si se llegase a derogar el Convenio más adelante, habría que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tratado de Kioto, entre otros que protegen a los indígenas. Sin embargo, buscaremos que ese convenio se ratifique por al menos 15 años más".

"Si el Convenio se derogara, sería un caos, porque gracias a él se ha establecido un índice mínimo de respeto social bajo la presión de la ley".David Barrera, Pdte, Comunidad de San Pedro

169 Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales está suscrito Chile mínimo hasta el año 2021, fecha en que puede prolongarse o establecer el retiro.

349.553 toneladas de litio podrá extraer SQM de aquí al 2030 si es que la justicia no dice otra cosa, porque las comunidades exigen una Consulta Indígena al respecto.

2008 año en el que Chile se suscribe al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. El país demoró 18 años en adherir a estas disposiciones.