El empadronamiento biométrico activado por el gobierno, cuyo proceso finalizó en diciembre pasado, evidenció con fuerza la alta cantidad de población extranjera en condición migratoria irregular que habita en el país tras haber ingresado por pasos no habilitados.
Desde diversos sectores, este escenario, ha volcado los cuestionamientos hacia Bolivia. A este país se le considera un verdadero "pasadizo" para la migración irregular, a lo que se agrega el rechazo a las reconducciones de migrantes de terceros países.
De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), el proceso de empadronamiento biométrico se implementó como una estrategia dirigida a extranjeros mayores de 18 años de edad. Para este proceso voluntario el requisito consistía en haber ingresado al país por pasos no habilitados o tras haber eludido el control migratorio hasta el 30 de mayo de 2023.
Según datos del Sermig, en cuanto a la región de residencia declarada por las personas empadronadas, el 56% afirmó residir en la Región Metropolitana. Luego siguen las regiones de Valparaíso (8,5%), O`Higgins (4,6%) y Maule (4,4%).
Mientras que en la Macrozona Norte se observa una concentración de empadronados en las regiones de Antofagasta (3,7%) y Tarapacá (2,2%).
Nueva oleada migrante
Esta semana trascendió que el Gobierno acordó una agenda de trabajo con las autoridades bolivianas, que incluiría acuerdos en materia de colaboración fronteriza.
Sobre este punto, el diputado Jaime Araya (Ind-PPD) dijo que para abrir una agenda de trabajo con Bolivia, como primera medida se debe firmar un acuerdo que permita la reconducción de venezolanos que ingresen irregularmente a Chile desde el país altiplánico.
"Luego pueden venir otras temáticas de interés común, pero lo primerísimo es prepararse para enfrentar una posible segunda oleada migratoria desde Venezuela, la que puede generar nuevos colapsos en diversos servicios públicos de nuestro país. La cooperación es sobre la base de la colaboración mutua, y en esto el Gobierno no puede equivocarse. El problema que tenemos es demasiado devastador".
De acuerdo con el catastro del Sermig, la Región de Antofagasta registra 6.715 migrantes empadronados. La mayor cantidad en la Macrozona Norte al comparar con Arica y Parinacota (2.267), Tarapacá (3.870) y Atacama (2.980).
A nivel país, en tanto, la mayor cantidad de empadronados posee nacionalidad venezolana (90,8%). Luego siguen la nacionalidad colombiana (3,1%), boliviana (1,6%) y dominicana (1,3%).
"Más directos y duros"
La diputada Yovana Ahumada (Ind-Demócratas) precisa que el acuerdo de trabajo fronterizo con Bolivia, surge como la oportunidad de exigir a este país que se responsabilice del tema migratorio.
"Uno de los problemáticas es la casi inviabilidad de la reconducción, ya que ellos además nos exigen que esos ciudadanos deben ser prácticamente regulares para que nosotros los podamos devolver. Creo que acá simplemente se nos falta el respeto. Hoy una gran responsabilidad, por supuesto, en la falta de control que tiene Bolivia para darle paso a la migración irregular que nos afecta", manifiesta.
Según un informe del Ejecutivo enviado a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, entre enero y julio pasado se registraron a nivel país 17.039 denuncias en la Policía de Investigaciones (PDI) por ingresos por pasos no habilitados.
Del total, 880 corresponden a la región de Antofagasta. Mientras que entre enero y el 2 de agosto pasado, las expulsiones materializadas a escala país llegan a un total de 668, considerando las administrativas (365) y judiciales (303).
Factor ideológico
Para el diputado José Miguel Castro (RN), la presión migratoria que enfrenta la región figura como una de las más fuertes en el Norte Grande y también en Chile.
"Hay que tener en cuenta que hoy día nuestras Fuerzas Armadas no son capaces de detener, tampoco de registrar y menos de reconducir a las personas a la frontera. Por lo tanto, lo único que hacen es una labor de tipo humanitaria. Este gobierno se autoimpuso la no posibilidad de llevar por Bolivia a personas y no han ocupado convenios empleados anteriormente. Las cifras así lo demuestran. Este gobierno no ha querido sacar más personas de las que sacó el gobierno anterior", apunta Castro.
"Es un gobierno con una mirada ideológica muy distinta. Lo único que podría cambiar, sería que el gobierno se abriera a declarar como delito el ingreso clandestino. Además, entregarle más atribución a las Fuerzas Armadas. Creo también que las conversaciones con Bolivia deben considerar que ellos también tienen pretensiones y soluciones a sus problemas que les otorgamos nosotros. Como es el caso de los puertos; pagar arancel cero en el caso de la disposición a través de nuestros puertos. Y esa realidad, en momentos graves como los que estamos viviendo hoy, se deben conversar seriamente, porque deberíamos poner de una vez por todas nuestro valor como país y hacerle frente a esta migración golpeando la mesa", enfatiza Castro.
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Publicado el 03 de septiembre de 2024
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