Reforma al Código de Aguas no ha abordado temas urgentes

Uno de los compromisos presidenciales fue justamente la modificación al actual Código de Aguas, situación que comenzó a discutirse en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados el año pasado, considerando varias misiones que han realizado algunos parlamentarios al respecto. Sin embargo a poco más de un año de comenzar dicha reforma, se ha avanzado muy poco y aún no se tratan temas relevantes como el agua para uso agrícola y las normas a aplicar en el área minera.

"Lo que hoy día se está tramitando en la Comisión, la verdad es que no tiene relación con las reformas sustantivas que se deben hacer al Código de Aguas, ya que están viendo la posible modificación al sistema de servicios sanitarios rurales y que no deja de ser importante, pero es muy específica respecto del estrés hídrico que está enfrentando tanto la región de Antofagasta y particularmente la Provincia de El Loa", comentó el diputado, Marcos Espinosa.

Implicancias

La demandas de las comunidades indígenas y agrícolas, es lograr que el recurso hídrico tenga la protección necesaria para que esta actividad no desaparezca, así como también los movimientos sociales en pro de la protección del agua, demandan que se priorice el consumo humano. Siendo ambos temas planteados en la modificación, pero que aún no se han discutido.

"Nosotros hemos presentado varias mociones parlamentarias para llevar a cabo modificaciones sustantivas en el Código de Agua, sin afectar nuestro interés de cambiar la actual normativa por una distinta, pero esto será motivo de una importante discusión respecto al cambio constitucional", precisó Espinosa.

Esto, ya que actualmente la Constitución Política y la figura de estado subsidiario permite las concesiones de agua y la compra de derechos. "Por lo tanto, no hay manera alguna de que el Estado pueda limitar el uso, goce y venta de estos derechos", agregó el parlamentario.

"Hoy día se ha avanzado muy poco en relación a temas como el uso agrícola y la separación del agua de la propiedad minera, lo que afecta el desarrollo de los pequeños agricultores y poniendo en riesgo el uso prioritario del agua para consumo humano, por lo tanto vamos a insistir en la imperiosa necesidad de poner en discusión las mociones parlamentarias que están en este eje y cuyos cuerpos legales apuntan por ejemplo a limitar el uso de agua por concesiones mineras, así como la obligación que tienen los proyectos mineros de utilizar agua desalada para liberar varios litros por segundo de agua fresca, entre otros", argumentó Marcos Espinosa.

Realidad

El director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Carlos Estévez, mencionó que aún quedan temas por tratar, como por ejemplo la agricultura.

Y en cuanto a la minería, Carlos Estévez, precisó que es bueno debatir el tema "una de las principales características, es que se prioriza el uso para consumo humano y fines de subsistencia y se establecen criterios de interés público, tanto para constituir derechos como para limitar su ejercicio, de conformidad a las disposiciones del Código (Art. 5)".

Al respecto el seremi regional del MOP, César Benítez, expresó que "seguimos avanzando con lo anunciado por la Presidenta Bachelet en mayo de 2014 cuando expresó que su gobierno buscaría reconocer a las aguas como un Bien Nacional de Uso Público en sus diversos estados, modificando sustantivamente el Código de Aguas".

Además dijo que "en la zona norte los recursos hídricos subterráneos y superficiales son bienes escasos, y presentan desafíos de distribución y administración distintos de los que caracterizan a las fuentes de agua en el centro y sur del país, por lo que se hace muy necesario reconocer el vital elemento como un bien escaso que debe contar con la tutela pública, empoderando a las autoridades para hacer cumplir la legislación".

Agricultura

Esta área ha sido una de las que ha quedado más rezagada en la discusión del Código de Aguas, siendo que la misma Presidenta mencionó que una de las prioridades en esta reforma es justamente resguardar el agua para uso agrícola.

Sin embargo el seremi regional de Agricultura, Jaime Pinto, mencionó que en la discusión y trabajo de la reforma se incorporará al Ministerio de su cartera y junto a la Comisión Nacional de Riego, tendrán una participación activa en esta materia.

"Nosotros en la región y en la provincia El Loa, tenemos varias particularidades que hemos hecho saber al Gobierno, el cual tiene que ver con el tipo de tenencia de las aguas donde en el interior son ocupadas por comunidades indígenas; ya que en ese caso les puede afectar el tema de la revocación de derechos por no uso, por lo tanto en estos casos estamos viendo que no se aplique, ya que ellos la utilizan para mantener los bofedales", precisó Pinto.

El seremi de Agricultura también mencionó que, están trabajando fuertemente en una preocupación de los agricultores, que tiene que ver con el uso del agua en la minería. "Por ello estamos tratando de que converse el Código de Aguas con el Código Minero, porque ahí existe un vació", argumentó.

El presidente de la Asociación de Agricultores de Calama (ASAC), Esteban Araya, dijo que ellos están trabajando por la restitución de sus derechos de agua como corresponde, porque dichos derechos fueron comprados para recibir agua del río Loa para riego; sin embargo actualmente por la escasez hídrica, los agricultores de la comuna están recibiendo el recursos desde el río Salado y ello afecta sus cultivos.

"Nosotros actualmente estamos regando con mucho más agua del río Salado que del río Loa, sobre todo en este tiempo, por ello queremos exigir a la Dirección General de Aguas que nos entregue íntegra nuestras cotas de agua del río Loa y que se almacena en el Embalse de Conchi", expresó, Araya.

Además el presidente de la ASAC, explica que se necesita tener un Código de Aguas descentralizado y que se tome en cuenta la realidad de cada región.

"La zona norte tiene un estrés hídrico a causa de la explotación minera, mientras que en el sur a pesar de la sequía hay mayor disponibilidad de agua, por lo tanto hay diferentes parámetros a considerar, porque actualmente se está apuntando a una modificación que logre resguardar el agua y esperamos que el estado vuelva a ser dueño de ellas. Sin embargo, la Constitución se contradice con esta intención", argumentó Araya.