Los proyectos de ley que serán afectados por la implementación de consulta indígena

El cumplimiento del Convenio 169 que establece una consulta indígena para todo proyecto de inversión o intervención que afecte directa o indirectamente a pueblos originarios, se ha transformado en un dolor de cabeza no sólo para el desarrollo de proyectos energéticos, sino que también para el gobierno que ve con preocupación que varios proyectos de ley en trámite deberán ajustarse a esta norma internacional.

A la espera del mecanismo que en definitiva se acuerde para fijar el reglamento que establezca la forma y qué se consulta, proceso que encabeza el Ministerio de Desarrollo Social, surgen dudas respecto a qué iniciativas legales actualmente en trámite deberán ajustarse.

El diputado Fuad Chahín (DC), que forma parte de la comisión especial de pueblos originarios de la Cámara de Diputados, afirmó que deberán ser objeto de la consulta indígena la ley de pesca, la reforma que establece el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, los cambios al borde costero, la carretera eléctrica y el proyecto que modifica el DL 701 sobre fomento forestal.

Chahín explicó que “el DL 701 termina su vigencia el 1 de enero de 2013 y para modificarlo hubo un proceso de consulta que se realizó al momento de elaborar el proyecto, pero fue bastante cuestionado por las organizaciones indígenas, hay una diferencia de opinión entre las comunidades y la Conaf”.

Por lo mismo, informó que “le estamos preguntando a la OIT que nos opine si efectivamente en su parecer se cumple con los estándares que pide ese organismo en materia de consulta indígena”.

El senador Eugenio Tuma (PPD), que es representante de la IX Región de la Araucanía Sur, indicó que “claramente tiene que haber consulta en carretera eléctrica y ley de pesca, de lo contrario serán reclamadas ante organismos internacionales”. Sobre el proyecto de borde costero, sostuvo que “es exclusivamente una ley indígena, se hizo para ellos y si se modifica se les debe consultar”.

Asimismo, no descartó que el efecto del Convenio 169 sea aun mayor y “todos los proyectos que tengan que ver con temas agropecuarios y derechos de aguas en zonas indígenas o aledañas deban someterse a la consulta”.

Tuma dijo que la consulta no debe ser vista como un mecanismo que trabe inversiones y que lo que corresponde es que “en la medida que consideremos al mundo indígena como una palanca para el desarrollo se pueden facilitar las inversiones, pero si seguimos considerando que son un estorbo y las legislaciones eluden hacer la consulta vamos a seguir teniendo problemas”.

Enfatizó que en esto el rol principal lo tiene el Estado “la situación indígena no es solo un tema de pobreza o de más policías, sino que una actitud del Estado de reconocimiento del daño y hacer una apuesta de reparación que los considere”.

Tuma también dijo que lamenta el “retraso” en la preparación del mecanismo de consulta que está realizando el gobierno “lleva tres años el gobierno tratando de ver qué hacer y no hace nada, y se va a terminar el gobierno del presidente Piñera y no va a haber avanzado nada respecto de un tema que tanto importa a los indígenas como al resto del país”.

Evitar judicialización

El presidente de la comisión especial de pueblos originarios de la Cámara de Diputados, Gonzalo Arenas (UDI), planteó que efectivamente “en teoría muchos proyectos de ley deben estar sujetos a consulta, pero todavía no hay un criterio único a establecer por el Estado sobre qué elementos específicos se van a consultar y la forma de la consulta”.

Recordó que durante “el gobierno anterior estaba el Decreto Supremo 124 de Mideplan a cargo del tema, que lo dejo sin efecto este gobierno y ahora está en proceso para hacer el nuevo reglamento de consulta”.

Resaltó que “hasta que no tengamos ese reglamento, las consultas que se hagan tienen una efectividad o legalidad cuestionable, porque efectivamente las comunidades afectadas pueden recurrir a los tribunales invocando que no se ha aplicado el convenio 169”.

Agregó que frente al tema “hoy estamos en una especie de limbo, de inseguridad jurídica grande, el gobierno se había puesto plazo para tener listo el reglamento a fin de año, pero hasta ahora no hemos visto ni los borradores”.

Adelantó que “si no existe, todos estos temas se van a resolver en tribunales, eso implicará que proyectos muy avanzados, por que no se consultan, las cortes los van a dejar sin efecto o paralizar”.

Lo que se vive en la actualidad Arenas lo resume en que “estamos en el peor de los mundos, tenemos que hacer la consulta, pero no sabemos cómo se hace y cuándo es válida; la idea es que el gobierno apure el proceso”.