Consejo de Defensa del Estado y Albemarle solicitan presentar propuesta de conciliación en demanda por daño ambiental.

En la ocasión no solo participaron los abogados de las empresas mineras, sino también de la Comunidad de Peine como demandante y el Consejo de Pueblos Atacameños que actúa como tercero coadyuvante, es decir, que tiene interés en el resultado que tendrá esta causa.

Envie este Recorte Version de impresion de este Reportaje Publicado el 04 de febrero de 2023 Visto 298 veces

Una solicitud de avanzar en una propuesta de conciliación fue presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la minera Albermarle en el proceso de la demanda por daño ambiental, caratulada como D-12-2022, en contra de tres compañías mineras por la eventual afectación del acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, ubicado en la comuna de San Pedro de Atacama.

La propuesta se efectuó en una audiencia realizada el pasado 30 de enero, ante el Primer Tribunal Ambiental, ya que es el órgano jurisdiccional que deberá pronunciarse si las empresas Escondida, Zaldívar y Albemarle han provocado o no daño ambiental, luego que el CDE y comunidades indígenas presentaran la demanda.

En la ocasión no solo participaron los abogados de las empresas mineras, sino también de la Comunidad de Peine como demandante y el Consejo de Pueblos Atacameños que actúa como tercero coadyuvante, es decir, que tiene interés en el resultado que tendrá esta causa.

La ministra presidenta Sandra Álvarez y los ministros Mauricio Oviedo y Juan Opazo resolvieron que el Consejo de Defensa del Estado y Albemarle -quienes solicitaron la audiencia- deberán presentar un documento definitivo de conciliación que esté concordado con las comunidades indígenas.

Dicho documento deberá ser presentado en un plazo de 90 días corridos y en ese trabajo pueden sumarse las otras dos empresas mineras si así lo estimasen.

En la audiencia, las comunidades indígenas aseguraron que están dispuestas a tener un diálogo y solicitaron que el tribunal pueda actuar como facilitador.

El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Rivera, explicó que “la solicitud se justifica de acuerdo con dos principios rectores para el CDE. El primero es que no hay ninguna propuesta de transacción que no tenga la venia de los tribunales ambientales en función del principio de indemnidad que establece la Ley N°20.600 y el segundo, obtener reparación íntegra del daño”.

Respecto al documento trabajado, el abogado de la empresa Albermarle, Rodrigo Montoya, dijo que se han reunido con el Consejo y con servicios públicos con competencia ambiental y que también se envió la propuesta a las comunidades indígenas involucradas.

Montoya explicó que “la propuesta tiene tres pilares que van concatenados y que tienen como objetivo final evitar la extracción de agua”, y agregó que “para lograr el fin de dicha extracción se requiere un paso previo que es salir de la cuenca”.

En la audiencia también estuvieron presentes los abogados de Cía. Minera Zaldívar de Antofagasta Minerals y Minera Escondida de BHP, quienes aseguraron que existe un espacio de conversación. No obstante, esta última empresa dio a conocer que ya ha tenido acercamientos con las comunidades; mientras que Zaldívar dijo que aún no se han contactado ni con el CDE ni con los pueblos originarios.



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