La acción judicial fue interpuesta luego que el 17 de enero de este año SQM y Corfo, en representación del Estado de Chile, suscribieran un acuerdo a partir de dos contratos, mediante los cuales se triplicaron las cuotas para explotar, procesar y vender litio, negociación que se realizó sin consulta a las comunidades indígenas, tal como lo ordena el Convenio 169 de la OIT.
Este acuerdo entre Corfo y SQM, según lo expresó el exvicepresidente del organismo estatal, Eduardo Bitrán ante el Congreso Nacional, permitiría triplicar la cuota de extracción de litio, a cambio del impedimento que Julio Ponce Lerou y sus familiares directos controlaran la empresa.
Es así como este recurso de protección se alegará precisamente a un día de conocerse de que la empresa SQM rompe su acuerdo con Corfo, reincorporando a Julio Ponce Lerou como asesor estratégico.
Ana Ramos, presidenta de la Comunidad de Solor e integrante del Consejo de Pueblos Atacameños, manifestó que "con esta medida buscamos que el Estado reconozca que los pueblos originarios todavía existen en la cuenca de Atacama, y que debe realizarse la consulta. Nosotros exigimos que no se vuelva a vulnerar el derecho de los pueblos indígenas, como lo hicieron con este convenio entre SQM y Corfo".
El abogado Jaime Madariaga, representante del Consejo que reúne a las 18 comunidades atacameñas de la cuenca de Atacama, indicó que "el Estado de Chile, a través de Corfo, ha beneficiado a SQM triplicando la cuota de extracción de litio en el Salar de Atacama, pero lo ha hecho violando un Tratado Internacional de Derechos Humanos. Si el Estado se obligó cumplir el Convenio 169 de la OIT es especialmente vergonzoso que lo incumpla porque el negocio es demasiado bueno. En la balanza de la justicia debe primar el derecho de un pueblo a subsistir en armonía con la naturaleza por sobre el derecho de una empresa a ganar más miles de millones de los que ya gana", concluyó el abogado.
Los alegatos están previstos para hoy contar de las 9 horas en la Corte de Apelaciones de Santiago.