Mesa de Consenso no logra avances en derechos para los pueblos originarios

Las conclusiones entregadas por Ben Emmerson, relator especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Contraterrorismo, quien entregó un informe sobre los Derechos Humanos respecto de la cuestión mapuche, pone en agenda temas centrales en materia de estrategias y acuerdos para avanzar en un problema indígena que crece, a medida que aumenta su falta de representatividad.
La reciente culminación de la criticada Mesa de Consenso por Convenio 169 y por tanto de la Consulta Indígena, con 3 desacuerdos fundamentales, viene a confirmar que, tampoco en una instancia no reconocida por la gran mayoría de los pueblos originarios, se avanza en la definición de políticas que permitan incorporar de manera correcta los derechos descritos en el Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
Para Cecilia Flores, presidenta del Consejo Nacional Aymará y miembro de la mesa de diálogo, fue imposible completar un acuerdo, debido al nulo avance en proyectos de inversión, afectación directa y medidas consultadas, eso pese a haber logrado 16 mociones de encuentro, entre Ejecutivo e indígenas participantes.
En este sentido, la dirigente del pueblo Aymara señaló que “se cierra el proceso de consulta con 16 articulados en acuerdo y tres articulados que quedaron en nada porque no se llega a acuerdo de que las propuestas de Gobierno respecto de los articulados más relevantes para nosotros no tuviesen el nivel o estuvieran dentro del marco que indica el Convenio 169 de la OIT, por lo tanto, se hace el cierre en esas condiciones”.
La desacreditación de la instancia, es uno de los principales desencuentros al interior de los pueblos originarios en nuestro país. Francisco Vera, Werkén de la comunidad de Pepiukelén de Pargua –claro detractor de la iniciativa- señala que la poca representatividad de los verdaderos intereses indígenas en la mesa, es el punto principal de no avanzar en el cumplimiento del Convenio.
Por esto, el vocero indígena explicó que “la opinión indígena en general está representada siempre por quienes hemos hecho por varios años una lucha por los derechos de nuestros pueblos y esas opiniones finalmente no fueron recogidas porque en el fondo lo que el Estado y este Gobierno en particular persiguen no es reconocer los derechos de los indígenas, sino muy por el contrario justificar las violaciones a los derechos indígenas. Eso queda de manifiesto, por ejemplo, en la aprobación de la Ley de Pesca, la nueva Ley de Fomento Forestal. Todo eso ha dado como resultado estos seudo procesos que el Gobierno estaba llevando”.
Reflexionando en torno a las palabras del enviado de la ONU y de sus conclusiones respecto del conflicto, José Aylwin, co-director del Observatorio Ciudadano, señala en las dificultades y responsabilidades de establecer una instancia representativa, donde el gobierno debe entender, que para dialogar hay que hacerlo con quienes los pueblos originarios se sientan representados.
Respecto de los caminos para alcanzar la plena implementación del Convenio 169, Aylwin concuerda con los relatores en que éstas deben partir del reconocimiento de las diferencias culturales.
En cuanto a la petición de no aplicación e incluso de modificación o derogación a la Ley Antiterrorista, aplicada en reiteradas ocasiones en el conflicto mapuche, propuestas desde la ONU, el abogado se mostró en plena sintonía con una petición que en nada ayuda en la solución de un conflicto, que con el paso del tiempo puede volverse regional, señaló Aylwin.
Durante esta tarde, Sesiona la comisión de Derechos Humanos, para recibir al director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para que se refiera a la situación de la Comunidad Marihuen, en Coronel; además reciben al ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, para que explique el proceso de creación de nueva normativa sobre consulta previa, y participación que han tenido los pueblos indígenas, entre otros tópicos.