Comunidades: Lecciones para no olvidar

¿Se imagina a todo un país protestando por el cierre de una mina?, eso fue lo que justamente ocurrió en Panamá, en octubre del 2023. Previo a esa fecha la normalidad reinaba en el país, hasta que el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen decidió aprobar en forma express y sin consulta ciudadana un contrato, para que Minera Panamá (de First Quantum Minerals) siguiera explotando cobre en el territorio nacional, por los siguientes 40 años.

Rápidamente, la población se tomó las calles. Casi todos los días más de 70.000 personas protestaban bajo la consigna “El oro de Panamá es Verde”, en alusión a que la riqueza del país es su biodiversidad. La faena de cobre está emplazada en una zona de bosques maduros, con presencia de jaguares, águilas arpías y gran abundancia hídrica.

Así, el acuerdo entre la empresa canadiense y la autoridad detonó el estallido social más grande que se haya registrado en la historia de Panamá.

Hoy esta operación minera está cerrada y según cálculos del FMI (Fondo Monetario Internacional), el PIB de Panamá caerá a 2,5% durante el 2024, ya que la faena aportaba un 5% al producto interno bruto. La mina comenzó a operar en 2019 y solo su construcción implicó US$6.300 millones, la mayor inversión privada de la nación hasta esa fecha.

Sin duda, una derrota para la economía panameña, además de los coletazos sociales, políticos e institucionales.

Lo anterior debido a que “el proyecto de cobre además fue declarado inconstitucional por sentencia unánime de la Corte Suprema de Panamá, en noviembre del 2023, revocando el permiso para operar de First Quantum”, asevera Ariel León Bacián, asesor comunicacional de Comunidades Colla en el Salar de Maricunga y que reúne a más de 60 familias. “Evidentemente, esto no desmerece de manera alguna la presión ejercida por la ciudadanía, con las multitudinarias marchas en contra de la iniciativa”.

El caso de Minera Panamá parecía un contrato de matrimonio entre el gobierno y la empresa, grafica el experto, “sin divorcio y con 40 años de impactos ambientales y sociales. Y digo gobierno porque la ciudadanía denunció la falta de transparencia en las negociaciones, además de sospechas de corrupción y muy pocos beneficios garantizados.

Portazo a la minería

“Incluso, el mismo CEO de la empresa reconoció déficit de gestión, tras el fracaso”, sostiene Bacián. “Lejos de responsabilizar a la ciudadanía o a los indígenas, es un hecho que la compañía hizo todo lo posible por fracasar”.

Mientras que la cuestionada gestión política de la autoridad, también trajo consecuencias. Los índices de popularidad del Presidente Laurentino Cortizo, cayeron a un nivel tan bajo, que según encuestas ciudadanas, hoy Cortizo es considerado uno de los peores mandatarios de la historia de Panamá.

Como si todo lo anterior fuera poco, los legisladores panameños aprobaron una ley que prohíbe más licencias para cualquier actividad minera-metálica, dando un portazo al desarrollo de la minería en el país.

Lo que no hay que hacer

A juicio de Francisco Bascur, fundador y director ejecutivo de Bconsultoría, “el caso de Minera Panamá es un ejemplo de ‘cómo no hacer las cosas’. Un proyecto de tal magnitud debe tener un trabajo temprano con los distintos actores. Además, la dimensión ambiental es esencial para una primera viabilidad de cualquier inversión, la que se debe complementar con la dimensión social y ser coherentes con una estrategia económica que conjugue los intereses de todos”.

“La minería moderna no sólo genera ganancias para sus inversionistas, también involucra a las comunidades en sus beneficios económicos”, sentencia el consultor, “con acciones sostenibles y permanentes a lo largo del tiempo”.

Con todo, hoy Minera Panamá se alista a escribir un nuevo capítulo. Luego de haber ganado las elecciones presidenciales en mayo pasado, el nuevo presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció a First Quantum Minerals dialogar “en calma y sin arbitraje internacional”, con la finalidad de analizar la reapertura de la faena en el territorio caribeño. ¿Será posible?

Para lograrlo es necesario cambiar de marca, voceros y gerencia, recalca Bascur, “de tal forma de construir un nuevo relato, que parta con la construcción de la confianza entre todos los actores”.

Todo ello implica conversar, asegura Bacián, “y no solo me refiero a la consulta indígena o a los diálogos ciudadanos. Lamentablemente, éstos son utilizados como meros trámites o check list, que no tienen ninguna influencia en las decisiones estratégicas de los proyectos y que es el peligro que hoy enfrenta Chile en el caso del litio”.
Hablar con los territorios sin garantizar la influencia ciudadana en los impactos, en las compensaciones e incluso en las características del proyecto, alerta el asesor, “es vía garantizada al fracaso, la judicialización y la entrada de actores externos que apoyan aún más la posición de los afectados”.

En consecuencia, plantea Bacián, tanto las empresas como los políticos deben entender que “hay que dialogar con los territorios de igual a igual”.

¿Nuevo riesgo en Perú?

Con renovados aires de confianza, en julio pasado la industria celebró el hecho de que Tía María (de Southern Copper), por fin hubiese retomado sus operaciones. Ubicada en Arequipa (al sur de Perú), la faena de cobre estuvo 20 años paralizada, debido al rechazo de las comunidades.

Sin embargo, dirigentes del Valle del Tambo (que forma parte del área de influencia del proyecto) han hecho nuevas declaraciones, oponiéndose a la iniciativa y advirtiendo que Tía María no cuenta con licencia social. Así, nuevamente asoma el riesgo de que se interrumpa la continuidad operacional de la mina.

En el caso de Tía María, “hay que preguntarse: ¿qué fue lo que falló hace 20 años atrás?”, reflexiona Bascur. “¿Hubo un plan de relacionamiento comunitario?, ¿se hizo una propuesta a largo plazo a los pueblos originarios?, ¿se diseñó en conjunto con la comunidad la construcción y operación del proyecto? Estas son preguntas básicas, que en caso de no haber sido desarrolladas es importante avanzar hacia una estrategia, que incluya el diálogo temprano y donde las comunidades se sientan integradas”.

La aprobación de la comunidad se basa en la confianza inicial y si esta confianza no se trabaja, es complejo avanzar en un trabajo sostenido, advierte el consultor. “Existen varios proyectos, no sólo en minería, que obtienen los permisos ambientales, pero que no cuentan con licencia social y ello determina el futuro de cualquier proyecto”.

Para Bacián, el fenómeno en torno a Tía María tiene su explicación en la frágil relación con los pueblos originarios. “Este es un vínculo complejo de llevar, dado que el factor relevante es la diversidad cultural. Ello quiere decir que los indígenas, como cualquier ser humano, ven a través de sus creencias. La comunidad indígena ve y valora de forma distinta un cerro, un río, un cementerio o una cueva. Lo que importa es el diálogo, para transparentar el valor del territorio”.

Si los pueblos originarios consideran que no existe licencia social, puede que en el diálogo aparezcan posibilidades de acuerdo, apunta Bacián. “O también puede que no; que la iniciativa sea inviable por estar emplazada en tierras sagradas, situación que no ocurre siempre. Pero cuando ocurre, es casi imposible que las comunidades acepten el proyecto”.

Es de vital importancia, entonces, dialogar con los pueblos originarios para ordenar el territorio y saber dónde se puede operar una iniciativa y dónde no, subraya el experto. “Si esto no se hace previamente, no se le puede echar la culpa a la comunidad indígena del fracaso de un proyecto”.

Respiro en Chile

La tensión en Panamá y Perú contrasta con la realidad en Chile, gracias a la que la minería ha aprendido a dialogar con el territorio, brindando a cambio valiosas oportunidades de desarrollo para las comunidades vecinas.

Un claro ejemplo es el PCC (Programa de Colaboración Comunitaria) de Minera Candelaria, que ha brindado apoyo a más de 290 organizaciones sociales de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó, durante el 2022 y 2023, explica Edwin Hidalgo Cepeda, gerente de Comunicaciones Externas y Asuntos Públicos de Lundin Mining Candelaria, “y orientado a generar mejores oportunidades de desarrollo a las organizaciones sociales, mediante la presentación de proyectos a un fondo concursable”.

Entre las iniciativas seleccionadas, detalla Hidalgo, sobresalen proyectos de juntas de vecinos, clubes deportivos, organizaciones de adultos mayores, agrupaciones culturales, artísticas y de pueblos originarios, “quienes utilizaron estos fondos para promover su bienestar; salud comunitaria; equipamiento e innovación socioambiental, mejorando así su entorno”.

De igual forma, el Programa de Apoyo a la Pesca Artesanal Sustentable impulsado por la empresa minera, ya ha beneficiado a 30 organizaciones de pesca en Caldera, totalizando a 1.000 personas.

En tanto, Minera Sierra Gorda SCM ha desarrollado el Programa de Trainee Comunitario, generando un positivo impacto en las comunidades aledañas.

“Contratamos a vecinos de Sierra Gorda y Baquedano, sin experiencia previa en minería, quienes durante un año son capacitados en distintas áreas de la operación y mayoritariamente como operadores de camiones de extracción, recibiendo un sueldo acorde al mercado”, describe Rocío Amarilla Páez, fiscal General, Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Sierra Gorda SCM.

“Este programa es muy apreciado por nuestros vecinos”, enfatiza la ejecutiva, “y hoy somos la compañía minera con mayor cantidad de personas empleadas en forma directa en la comuna. Quienes han participado en esta iniciativa, han mejorado en forma significativa su calidad de vida y la de sus familias”.

Educación y salud

En materia de educación, Candelaria ha encontrado una eficiente forma de apoyar a la comunidad, mediante el Proyecto Condiciones Habilitantes Establecimientos Educacionales, consistente en la reparación y habilitación de diversos establecimientos educacionales, en Tierra Amarilla y Copiapó. “Todo ello en el contexto de la paralización de actividades de profesores, a raíz de las malas condiciones en escuelas y liceos”, comenta Hidalgo.

De igual forma, la Beca Minera Candelaria dirigida a estudiantes de Tierra Amarilla, Caldera y Copiapó, apoya el acceso a la educación superior de alumnos, que presentan un alto potencial académico y condiciones sociales de vulnerabilidad, precisa el ejecutivo. “Desde sus inicios en 2018, esta beca ha beneficiado a más de 100 estudiantes universitarios de la provincia de Copiapó”.

Sierra Gorda también cuenta con importantes iniciativas educacionales. “De acuerdo a las necesidades planteadas por los directores de los establecimientos educacionales, estamos implementando el programa PASOS -a cargo de la Universidad de los Andes-, y que apunta a atender las necesidades socio-emocionales de los alumnos, en todos los niveles de cada establecimiento. Este proyecto a largo plazo también involucra a los docentes y familias de los estudiantes”.

La compañía minera además desarrolla un programa de intercambio estudiantil con la comuna minera de Gaworzyce (Polonia), indica la ejecutiva. “Durante este viaje de dos semanas, los estudiantes chilenos son acogidos por familias polacas, aprendiendo de la cultura europea. “Además, cooperamos con el colegio técnico Don Bosco de Antofagasta, financiando capacitaciones para los estudiantes, entregando becas y ofreciendo prácticas en nuestra empresa”.

Una de las mejores formas de aportar a la salud del territorio, ha sido mediante la construcción de proyectos de infraestructura y así lo ha entendido Candelaria. En colaboración con el municipio, la empresa minera construyó el Centro de Diálisis Municipal de Caldera y la Clínica Odontológica Municipal de Copiapó.

Mientras que Sierra Gorda ha gestado el Programa de Atención de Especialistas Médicas (en cooperación con el municipio), en Sierra Gorda y Baquedano, sostiene Páez. “A fines de julio pasado registrábamos 184 vecinos beneficiados con atenciones especializadas de geriatría, pediatría, cardiología, neurología, traumatología y neurología pediátrica”.

Aspectos a mejorar

Evidentemente, todo lo anterior demuestra que la minería chilena ha contemplado en su gestión el bienestar del territorio. No obstante, es importante seguir avanzando en ciertas prácticas, advierte Bacián.

“Las mineras en Chile han entendido que se requiere de personal especializado, a fin de imprimir en el proyecto la realidad de los pueblos originarios”, explica el experto. “Hoy vemos este reclutamiento, pero todavía quedan firmas mineras con gerentes muy prepotentes, muchas veces con un perfil de abogado litigante, que son insensibles a la realidad de las comunidades indígenas”.

Otro aspecto a mejorar, agrega Bacián, es ordenar el territorio, “identificando cuáles son los lugares donde los pueblos originarios jamás aceptarían un proyecto y cuáles sí, dependiendo del diálogo y las compensaciones que puedan ofrecerse”.