El Contrato Secreto de CODELCO con Morgan Stanley por SQM

Desde ya más de un año, el país ha vivido un intenso debate acerca de la aplicación sui generis de la denominada “política nacional del litio”, la que en la práctica derivó en un acuerdo mediante el cual Corfo, administrador de este recurso en representación del Estado, cedió sus derechos a Codelco para que esta última convirtiera la política en una mera extensión del contrato vigente con SQM hasta el año 2060, todo a través de una negociación directa y sin licitación pública alguna.

Ante las múltiples críticas surgidas, incluida la formación de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, ha justificado la ausencia de una licitación con dos argumentos: primero, la necesidad de evitar un “valle productivo” en la transición entre SQM y un eventual adjudicatario; y segundo, la existencia de ventajas económicas que, según asegura, fueron calculadas por Morgan Stanley para avalar la negociación directa.

Pero más allá de la pregunta evidente sobre por qué, si hasta para que el Estado compre una cafetera se requiere licitación, este criterio no aplica al negocio más grande en la historia del país, el problema se agrava cuando, en un áspero debate dentro de la comisión investigadora, Pacheco se ha negado a mostrar el contrato con Morgan Stanley, junto con sus conclusiones y cifras, escudándose en cláusulas de confidencialidad.

Pero detengámonos un momento. La confidencialidad en contratos de asesoría financiera tiene un propósito claro: protege la información del cliente, no del asesor. Es decir, protege a Codelco de que Morgan Stanley divulgue sus planes estratégicos, no a Morgan Stanley de que Codelco muestre ni el contrato ni el informe por el que pagó. Nadie contrata un estudio financiero para luego quedar atado a la imposibilidad de revelar sus resultados o los términos de referencia de qué fue lo contratado.

Un banco de inversión como Morgan Stanley asesora a empresas y gobiernos en múltiples operaciones, y en cada caso la confidencialidad impide que comparta información de sus clientes con terceros, pero jamás limita el derecho del cliente a usar el informe como mejor le parezca. Si así fuera, ninguna empresa podría justificar ante sus accionistas una decisión basada en un estudio externo.

Hacer públicos los resultados del análisis efectuado, los supuestos considerados y las cifras obtenidas es el único camino para determinar si la decisión de no licitar fue realmente la mejor opción para el país, al menos desde la óptica financiera del banco.

De lo contrario, se nos pide aceptar, sin posibilidad de contraste, que Máximo Pacheco formuló las preguntas adecuadas y que las conclusiones obtenidas fueron incuestionables.

La negativa a divulgar el contrato no solo bloquea la fiscalización política, sino que convierte la justificación económica de la negociación en un acto de fe. “Confíen en nosotros”, parece decir Pacheco, “pero no pidan explicaciones, pruebas o números detallados”. Así, lo que debería ser un proceso transparente y verificable se transforma en un acuerdo opaco, en el que la ciudadanía e incluso el parlamento quedan relegados a un papel secundario, sin voz ni derecho a cuestionar la operación del siglo.

Por Eduardo Muñoz Inchausti, director de la Escuela de Administración Publica de la Universidad de Valparaíso.

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