El Consejo de Pueblos está preocupado por las licencias a mineras

La semana pasada, se dio a conocer que la Dirección General de Aguas (DGA), duplicaría las zonas de prohibición en todo el país durante 2019, las que aumentarían de 30 a 70. Esto, como consecuencia de la búsqueda por proteger los recursos naturales que han sido desgastados por la industria minera.

En la zona norte, las cupríferas han solicitado extensiones de permisos para bombear agua dulce desde otros sectores. Sin embargo, la que más se vería perjudicada sería Zaldívar, pues actualmente la empresa cuenta con una licencia que les permite extraer 500 litros por segundo hasta 2025 y no tiene otros acuíferos disponibles, lo que los obligaría a cerrar operaciones si es que no logran renovar la licencia.

Comunidades
En este aspecto es que las comunidades locales se han opuesto a las solicitudes que presentan las compañías mineras, durante un largo tiempo.

El presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños, Sergio Cubillos, indicó que "para todo lo que hemos realizado con respecto al cuidado de las aguas y poder mostrar que la cuenca del Salar tiene un problema hidrológico bastante considerable; creemos que lo que finalmente anuncia la DGA va un poco en línea con lo que nosotros estamos ratificando".

Sin embargo, es enfático en aclarar algunos puntos relevantes, ya que, según lo dicho por el presidente, "la noticia de que Minera Escondida va a bajar su cuota de extracción es falsa". Las afirmaciones mencionadas se basan en que "actualmente ellos extraen mil 400 litros por segundo, y su permiso se termina ahora, en el 2019", es por esto que argumenta que "lo que vaya a realizar Minera Zaldívar o Escondida, más allá de lo que tienen autorizado, eso, una sobre extracción de agua, no obedece a una reducción de agua, ya que es una nueva solicitud de extracción", explicó.

Cubilloes indicó además que "lo que dice la DGA tergiversa un poco, haciendo creer que las dos compañías van a dejar de extraer agua o reducir su caudal". Situación que no correspondería, debido a que para las empresas señaladas, sería un hecho concreto que les van a otorgar los permisos y licencias que requieren para la extracción de agua, lo que preocupa al Consejo de los Pueblos Atacameños.