Para hoy lunes está agendada la última reunión de la Mesa de Consenso Indígena, instancia que busca definir una fórmula para consultar a los pueblos originarios sobre los proyectos de inversión y así evitar la judicialización que hoy frena varias iniciativas.
La situación no se viene fácil para el gobierno: tres puntos tienen paralizada la instancia y representantes indígenas amenazaron con abandonar la mesa de no acogerse sus propuestas.
“Este lunes (hoy) es el último plazo. Que cada cual asuma los costos de sus decisiones. No queda otra, porque ya hemos entregado suficientes argumentos basados en el derecho, en las opiniones del comité de expertos, y lo que ha dicho el relator, pero ellos sin argumentos no quieren entender algunas cosas que son muy evidentes. Al final, eso les va a pasar la cuenta. El proceso tiene que ser cerrado; no da para más con este gobierno”, dijo Marcial Colín Lincolao, parte de los 24 representantes indígenas que se reúnen mensualmente con autoridades de gobierno para avanzar en la iniciativa.
El principal punto de quiebre entre las partes dice relación con cuándo debe consultarse un determinado proyecto a los pueblos originarios.
Los indígenas buscan que todos los proyectos sean consensuados con anticipación, independiente de si la iniciativa debe presentarse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
“Vamos a continuar insistiendo en que se acepten las propuestas nuestras, y si tenemos que ir los tribunales, a la Contraloría o la OIT lo vamos a hacer. De hecho, el paso siguiente es ir a la OIT para que se pronuncie sobre las propuestas que entrega el gobierno”, asegura Colín Lincolao, quien dice que una opción latente es dejar la mesa de consenso.
Misma opinión tiene Cecilia Flores, representante Aymara. “El fracaso de la mesa es una de las opciones, porque cualquier cosa puede pasar. Todo está por verse y no hay nada dicho mientras no finalice el proceso”.
No obstante, el gobierno confía en sacar adelante esta iniciativa.
PULSO intentó tener la versión del ministro de Desarrollo Social, Bruno Baranda, no obstante, sólo contestaron unas preguntas a nombre de este secretaria de Estado.
“Ahora estamos en la fase final, estableciendo las conclusiones, e identificando los puntos en que aún no hay acuerdo, pero donde estamos convencidos que hemos hecho los mejores esfuerzos como gobierno para dialogar y proponer una regulación sustentable y acorde al convenio 169, respetando los derechos de los pueblos indígenas y conciliando, además, con el desarrollo del país. Hemos logrado el consenso en el 85% de los temas y hay solo 3 puntos en los que aún no se ha llegado a acuerdo”, dice la respuesta a nombre del ministerio
Y se agrega: “La negociación se ha desarrollado por varios meses y se han abordado todos los puntos sobre la consulta indígena. Hemos alcanzado importantes consensos sobre todo en tres puntos: el primero es en cómo se hace una consulta indígena (esto es un gran paso pues históricamente siempre ha sido cuestionado la forma en que se realiza una consulta); el segundo punto tiene que ver con que logramos establecer los plazos en que debe realizarse una consulta; y el tercer punto fundamental, es a quiénes se les hace la consulta, la cual se realizará a los pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas que serán determinadas por las comunidades y asociaciones indígenas. Tres grandes acuerdos que nos permitirán avanzar enormemente como país”.
PROCESO
El Convenio 169 fue adoptado por la OIT en 1989 con el objetivo de generar un marco de protección de cara a los pueblos originarios; por su parte Chile se sumó en 2008 tras una decisión del Congreso y la ratificación de la entonces Predisidenta, Michelle Bachelet.
A partir de su entrada en vigencia, en septiembre de 2009, este convenio ha sido protagonista en la discusión sobre todo para el desarrollo de nuevos proyectos cuando éstos deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Esto se debe a que el artículo 6 del convenio plantea que se debe “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Y agrega, al final de ese artículo que “las consultas llevadas a cabo en la aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de Ilegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.
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Publicado el 29 de julio de 2013
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