Columna de Sergio Caniuqueo Huircapan: ¿Consulta Indígena para quién?

Los procesos de consulta permitirán abrir debates. Pero en la práctica, distanciará a los mapuche que están por estrategias colectivas de los que mantienen posiciones individuales. Es claro que no existe un contrapeso a esta situación y que no tenemos una alternativa concreta al mecanismo de Consulta para encontrar soluciones. El panorama puede ser desolador en lo inmediato, pero si asumimos esto en perspectiva, estamos obligados a pensar en una estrategia que nos dé una esperanza en el mediano y largo plazo. La primera necesidad es construir una propuesta concreta que tome las necesidades materiales y los deseos de la diversidad del pueblo mapuche.

En los 80’, la dictadura de Pinochet había aprobado la venta de tierras y la figura del arriendo a 99 años, pero tuvo que echar pie atrás por la presión tanto de los mapuche detractores como de los colaboradores del régimen. Lamentablemente las ventas y arriendos que se alcanzaron a concretar no fueron anulados y la subdivisión de comunidades consideró a los espacios de uso común –ya sea religioso, como los guillatuwe y los cementerios, o deportivo–, como propiedad estatal, y las sedes comunitarias, pasaron a engrosar el patrimonio de CEMA Chile, que en los planos de asignación de propiedad figuran como Fundación Graciela Letelier de Ibáñez. En los 90’, la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, creada por Patricio Aylwin, redactó, en conjunto con varias comunidades, un borrador de ley indígena con la finalidad de asegurar la bases de la producción y el territorio, así como la reparación de la deuda histórica hacia los pueblos indígenas por la pérdida territorial y usufructúo de recursos naturales que beneficiaron a particulares no indígenas y al Estado.

El resultado legislativo de este proceso, como es sabido, no aseguró nada de ello, salvo el artículo 13 que protege la propiedad de la tierra indígena. Hoy, a 25 años de su promulgación, se habla de hacer un cambio que beneficiaría económicamente al pueblo mapuche. Curioso argumento, pues las leyes de fomento económico llevan más de 50 años en el país y jamás se han modificado para mejorar las condiciones económicas de los indígenas.

LA CONSULTA INDÍGENA

Hoy se abre un proceso de consulta indígena bastante cuestionado que trata temas que van desde la propiedad indígena (venta, arriendo y permuta de tierras), así como compensaciones y apoyos para el emprendimiento indígena. Si analizamos la prensa de derecha, vemos dos tipos de fundamentaciones: la primera, basada en el diagnóstico de los problemas asociados a la ley 19.253 o Ley indígena; la segunda, sobre cómo va a operar la consulta indígena para modificar dicha ley. En ambos casos, la estrategia comunicacional hace un tratamiento de los contenidos que se ve coherente y razonable, pero evita explicar qué perjuicios podrían acarrear al mundo mapuche, y adolece de falta de contexto.

El diagnóstico para evaluar la Ley indígena está centrado en la productividad, el usufructúo y la herencia de la propiedad, y afirma que las comunidades indivisas quedan limitadas para poder acceder a los mecanismos crediticios de capitalización o a la oferta pública. En ese punto, presentan al movimiento mapuche como un lastre para los emprendedores mapuche, porque limitarían la libertad individual de sus negocios. El mejor ejemplo de esto es el extenso y muy elaborado artículo publicado por la experta en temas de propiedad mapuche, Emily Avendaño (El Libero), que cuestiona la inversión en materias de compra de tierra –sin mencionar que dentro de estos gastos también se contabiliza el traspaso de predios mapuche que están en manos del fisco, como cementerios, canchas y sitios ceremoniales – y corona su presentación señalando que uno de los principales vicios del sistema es que premia a las comunidades en resistencia. Avendaño aduce la existencia de estudios serios e instituciones que respaldarían estos puntos. Obviamente, los argumentos vertidos tienen la intención es crear un clima favorable para el inicio del proceso de consulta indígena, que partió este 22 de mayo, pero también para la modificación de los artículos que protegen las tierras. Revisemos en detalle de qué se tratan estos once puntos, publicados recién la semana pasada.

Los tres primeros se concentran en la titularidad de los predios, la subdivisión de predios comunitarios comprados por la CONADI, la titularidad para Derecho Real de Uso y de Goce, y subdivisión y/o titularidad de predios de menos de 3 hectáreas. Los puntos 4, 5 y 6 se centran en los procesos de venta de tierra, arriendo y regulación de la transacción de tierras indígenas, como las permutas, vale decir, transacciones entre mapuche. El punto 7 es uno de los más polémicos, pues se trata de mecanismos de compensación para casos de predios en conflicto. Este punto se había tratado de introducir en el primer gobierno de Piñera y fue duramente criticado por el movimiento mapuche. Los puntos 8 y 9 vienen a instalar restricciones a la creación de más comunidades dentro de un mismo Título de Merced (títulos entregados entre 1884 a 1927), en el segundo caso, a la obtención de la calidad de indígena por gracia. Por último, los puntos 10 y 11 buscan generar condiciones para la asociatividad productiva, tales como el acceso a fondos de desarrollo de la propia CONADI.

LA DESESPERANZA ESTRATÉGICA

Es claro que las problemáticas que sufren las personas y comunidades indígenas obligan a una modificación de la Ley Indígena. La consulta no solo debe informar los aspectos positivos de los puntos a consultar, también debe dimensionar aspectos negativos. Los primeros puntos sobre la propiedad indígena parecieran ser atendibles, pero no hay referencia a cómo se generarían los mecanismos, ya que esto puede abrir una serie de conflictos internos, a nivel comunitario pero también individual, ya que en el caso de los predios de menos de 3 hectáreas se daría una atomización de propiedad. Para los puntos 4 y 6 esto se complica. El punto 4 trata sobre la venta entre mapuche, pero abre la posibilidad de vender tierras indígenas a 5 años de entregadas por la CONADI. El punto 5 reglamenta lo que son las permutas, mientras que el 6 abre la polémica del arriendo a 25 años, y no deja claro si el arriendo es solo entre mapuche.

Los puntos 3, 4 y 6 trastocan el espíritu de la ley original, que buscaban que los predios mantuvieran condiciones mínimas para la producción agrícola. Estos puntos pueden llevar a que tierras compradas por la CONADI vuelvan al mercado de tierra y luego vuelvan a ser comprados por la CONADI. Los predios atomizados en pequeñas propiedades, por su parte, permitirán a sus dueños tener títulos individuales, pero quedarán fuera de la inversión pública y por lo tanto su destino será la venta y el arriendo. Así, en ambos casos la pobreza llevara a dinamizar el mercado de tierras, y las personas con menos recursos, ya sea por el pequeño tamaño de sus predios, de sus medios de producción o de sus capitales, quedarán a merced de un grupo mapuche con mejores condiciones económicas, generándose una división económica y social en la ruralidad. Por otro lado, en el caso del arriendo, quedarán a merced de los agricultores chilenos.

Esta consulta estará generando las condiciones para que una visión más capitalista se internalice en el mundo rural mapuche y se genere una elite que hable el lenguaje del mercado basada en la desprotección de quienes no quieran o no puedan hacerlo. Desde mi punto de vista, asistimos a un uso estratégico de la desesperanza para instalar la idea de que los derechos colectivos no reditúan al mapuche común y corriente, por lo cual el único camino es abandonar el territorio a cambio del bienestar individual. El mercado inmobiliario es un estímulo para mejorar el precio de las tierras, y promete que los predios de menos de tres hectáreas podrán venderse o arrendarse con la promesa de volver millonarios a sus dueños. En el caso de las comunidades indivisas, se ofrece la posibilidad de generar inversión según sus intereses sin tener que pasar por una asociatividad obligada, lo que se interpreta como mayor libertad.

Los procesos de consulta permitirán abrir debates. Pero en la práctica, distanciará a los mapuche que están por estrategias colectivas de los que mantienen posiciones individuales. Es claro que no existe un contrapeso a esta situación y que no tenemos una alternativa concreta al mecanismo de Consulta para encontrar soluciones. El panorama puede ser desolador en lo inmediato, pero si asumimos esto en perspectiva, estamos obligados a pensar en una estrategia que nos dé una esperanza en el mediano y largo plazo. La primera necesidad es construir una propuesta concreta que tome las necesidades materiales y los deseos de la diversidad del pueblo mapuche.