Comunidades: estudios presentados por mineras sobre acuíferos "no dan garantías"

Las 18 comunidades indígenas representadas por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), han seguido con atención lo que está ocurriendo con las tramitaciones de solicitudes de extensión de extracción de agua desde cuencas andinas, efectuadas por las mineras Escondida y Zaldívar.

Al ser consultados por este Medio, el equipo técnico del Consejo sostuvo que "hemos dimensionado por mucho tiempo la fragilidad que existe en el ecosistema del Salar de Atacama, y los riesgos que implicar tener más mineras ahí. El CPA y las Comunidades se van a oponer siempre a los derechos de extracción de agua. Lo anterior ocurre porque no existen garantías de que los modelos hídricos y los planes de monitoreos nunca toquen los sistemas lacustres".

Una de las críticas frecuentes de la comunidades indígenas respecto a este tipo de proyectos es que hay muy poca claridad respecto al estado actual del salar. El equipo técnico del CPA argumentó que "en la actualidad los datos asociados a los sistemas de evaluación ambiental son presentados por las empresas mineras, por lo que no existe ninguna garantía de que la cuenca se está secando o de cómo se encuentra el estado de la cuenca".

Respecto a la relación actual de las comunidades con las mineras, Manuel Salvatierra, actual presidente del Consejo, dijo que "por parte del Consejo de Pueblos Atacameños existen diálogos con algunas mineras pero no existen compromisos que involucren autorizaciones ambientales de ninguna especie".

Rechazo
Salvatierra agregó que "en nuestra cosmovisión como pueblo licanantai las lagunas son vida, por eso hemos estado cerca de 12 mil años aquí y pensamos que la tierra y el agua son un complemento para la vida en este territorio".

Cabe recordar que ambos proyectos, tanto el de Escondida como el de Zaldívar (Antofagasta Minerals), fueron rechazados en los últimos días por el Consejo Regional. Y aunque el pronunciamiento de esta entidad no es vinculante para las otras reparticiones de Gobierno que participan del trámite ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), se trata de un voto político importante.

Aunque las empresas sostienen que -en sus modelos hídricos- la extensión de extracción no dañaría las cuencas, un informe técnico de la Dirección General de Aguas de 2014 sostiene que el acuífero Monturaqui está sobreexplotado y se está extrayendo seis veces más de lo que sería sustentable.

Ese estudio sirvió de base para el rechazo de los cores a las solicitudes de Escondida y Zaldívar.

Zaldívar informó que el rechazo a la extensión significará empezar a pensar en el cierre de la operación, lo que dejaría a 2.400 personas sin trabajo.