-¿Qué balance puede hacer por proyectos de judicialización?
-En marzo de 2014, teníamos más de 80 proyectos en tribunales en distintas etapas. Esa cifra hoy ha tendido a la baja. Hoy tenemos alrededor de 50 procesos de este tipo. Esa cifra de proyectos es bastante reducida en relación con el total de iniciativas que son calificados favorablemente y con los que ingresan al SEIA. Aquí no se alcanza a más de 2%. Son cifras de ese orden. Desde que llevamos administrando el Servicio de Evaluación Ambiental, 2.410 proyectos han ingresados a tramitación, y hoy sólo tenemos 50 iniciativas judicializadas.
¿Esa tendencia llegó para quedarse?
-Había un mito que se construyó sobre la judicialización de proyectos, porque al final lo que aparece son los casos más mediáticos. Allí la tendencia ha ido notoriamente a la baja. Hoy hay una curva hacia la baja y eso es lo que se debiera esperar.
¿Cuál es la situación respecto a la consulta indígena?
-Hoy los tribunales ordinarios y los ambientales han ido sentando jurisprudencia. Por ejemplo, fueron muy cuestionados los procesos de consulta indígena por supuestos incumplimientos del Convenio 169 y el Decreto 66 de Consulta. Ahora todos los fallos por el Convenio 169 son favorables al servicio.
¿Cuáles son los sectores productivos más afectados por judicializaciones?
-El sector minero es el que ha enfrentado una mayor judicialización, porque tienen mayor frecuencia. Pero si uno quisiera hacer un ranking de la tipología de proyectos, son los proyectos asociados a inmobiliarias, infraestructura hidráulica y saneamiento industrial.
¿Cómo recibe las críticas que realizan comunidades que no se sienten representadas por el actual sistema de tramitación de proyectos?
-El SEIA tiene mecanismos de involucramiento ciudadano. Es una de las pocas herramientas de gestión ambiental pública que ha llevado adelante una cantidad muy significativa de procesos de participación ciudadana. El SEA es claramente la institución que más procesos de participación ciudadana ha hecho en el país. Es una de las instituciones que lleva la vanguardia en procesos de consulta indígena. Tenemos hoy sobre 30 procesos de este tipo que hemos llevado adelante.
¿Se acabó la discrecionalidad en la tramitación de proyectos de inversión? Se lo pregunto porque no hace mucho un Presidente llamó por teléfono a una empresa para que moviera una central eléctrica.
-Nosotros hemos aplicado con mucha rigurosidad las distintas disposiciones que están establecidas en la norma, ley y reglamento en particular. Hemos sancionado o calificado los proyectos en su mérito técnico y jurídico. Hoy las RCA que evacuamos están a la vista, sin perjuicio de lo cual tuvimos que resolver un conjunto de procesos de evaluación de impacto ambiental que venían del periodo (gobierno) anterior, incluso con un arrastre significativo en el propio Comité de Ministros. Hoy ve que esa instancia funciona de manera regular, nos pusimos al día, asumiendo el arrastre que significaba, partiendo por HidroAysén.