El pasado 26 de octubre, el fiscal metropolitano de la zona Centro Norte, Víctor Manuel Vidal, ordenó varias diligencias al jefe de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.
Una de ellas, acusar al hermano del ministro de Minería, Patricio De Solminihac, subgerente general de SQM de fraude al fisco, para lo cual solitió que declarare en calidad de imputado, así como también al gerente de finanzas y desarrollo de empresas de la compañía, Ricardo Ramos.
Ambos firmaron una declaración jurada ante notario aduciendo que SQM no tiene litigios pendientes con el Estado, para participar del proceso de licitación del litio. Asunto que luego se comprobó ser falso, dado que la firma sí tiene causas judiciales con el fisco, según una información de la Agencia Chile Te Cuida.
Por lo mismo, lo que busca Vidal es determinar "la existencia de la presentación de declaración jurada falsa ante la autoridad por parte de Ricardo Ramos Rodríguez y Patricio De Solminihac Tampier". Asimismo, la pesquisa busca "determinar si entre la presentación de la declaración jurada objeto de investigación y el día de entrega de copia de los antecedentes a la Fiscalía (19-10-2012) existió sustitución de dicho documento, con indicación de su autor", dice la orden de investigar emanada del Ministerio Público.
Todo lo anterior, en el contexto de las indagaciones por la fallida licitación de los contratos de explotación de litio que había ganado la empresa SQM y que luego fue declarada desierta por el Ministerio de Minería.
Cabe señalar, que dicha cartera elaboró un formulario que debía ser firmado ante notario por los representantes de cada compañía interesada, que contiene cinco puntos, en uno de los cuales se especifica que la empresa "no tiene litigios pendientes con el Estado de Chile".
Presentan querella
Por otra parte, en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, representantes de la Asociación Gremial de Industriales Mineros (Asogemin), ingresaron una querella por el delito de fraude al fisco, en contra de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) y de quienes resulten responsables del ilícito.
Los personeros del gremio acusan a la compañía de estafar al Estado por no haber cumplido con el pago de la boleta de garantía de seriedad de la oferta, en el marco del fallido proceso de licitación del litio, a través de los Contratos Especiales de Operación (CEOL). Además, cuestionan que la empresa falsificó los documentos públicos donde señala que no tiene litigios con el Estado.
"Los funcionario públicos a cargo de la licitación pretendieron anular todo el proceso licitatorio, y, en contra de lo señalado en el numeral 14.3 de las Bases de Licitación, consistieron y facilitaron al adjudicatario que éste no constituyera en el plazo de diez días desde la adjudicación, la GARANTÍA DEL PAGO DEL PRECIO total equivalente de $19.301.000.000.- Tampoco hicieron efectiva la BOLETA BANCARIA DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA, por un valor de $1.985.000.000 (...) ésta (licitación) debía ser adjudicada al segundo mejor oferente, POSCO CONSORTIUM, que por su parte ha venido insistiendo en que efectivamente s ele hiciera la adjudicación del contrato materia de licitación, y que está dispuesto a pagar el precio de su oferta (...) Ascendente a $8.256.000.000", dice la querella.
De este modo, "la pérdida para el Estado de Chile asciende al valor de las dos mejores ofertas, más el valor de la Boleta Bancaria de Garantía de Seriedad de la Oferta del primer oferente, que debió hacerse efectiva previa su descalificación", añade la querella.
Por tanto, para Asogemin - que reúne a más de 9.000 pequeños propietarios de pertenencias mineras, donde 400 poseen propiedades en salares con litio- el valor total del daño patrimonial al Estado de Chile, según el documento, asciende a casi $29 mil millones.
"Esta situación tan ilegal y absurda, no sé si es una corrupción mayor, pero afectó nuestra credibilidad como país a nivel internacional", expresó el presidente del gremio, Luis Gallardo.
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Publicado el 13 de noviembre de 2012
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