Coordinación Nacional y Gobierno define mecanismo de trabajo de la Mesa de Consenso para consensuar una nueva Normativa de Consulta

Una extensa reunión entre la Coordinación Nacional Indígena de Consulta y representantes del Gobierno se desarrolló en Santiago los días 15 y 16 de febrero,  para comenzar a establecer la forma en que trabajará la “Mesa de Consenso” que iniciará su trabajo en marzo de 2013 y que se establecerá para discutir las diversas propuestas de los pueblos indígenas en relación a la consulta, y así definir una nueva normativa de consulta que regule los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT.

En la reunión participaron delegados indígenas de los diversos pueblos originarios del país, entre los cuales  habían representantes del pueblo Aimara, Colla, Likan Antay, Diaguita, Mapuche,  Yagán, Kawesquar, Mapuche Huilliche de Punta Arenas e Indígenas Urbanos de Santiago, los cuales  junto a representantes del Ministerio de Desarrollo Social, analizaron y comenzaron a programar el trabajo que se avecina para poder acordar una normativa definitiva de consulta indígena.

Los diferentes pueblos indígenas, agrupados en la Coordinación Nacional Indígena de Consulta, y el Gobierno, a través del Ministerio de Desarrollo Social, acordaron iniciar el trabajo de la Mesa de Consenso  la tercera  semana de marzo en el Palacio de La Moneda. Asimismo se estableció un primer calendario de trabajo para este mes.
En tanto, como parte del proceso, las organizaciones indígenas que están trabajando esta materia, se reunirán el 1 y 2 de marzo en Villarrica donde compartirán sus visiones y se prepararán para el inicio del trabajo de la “Mesa de Consenso”. En esta oportunidad también sostendrán una reunión con representantes del Gobierno para ajustar los últimos detalles del proceso, todo esto con el objeto de pavimentar el camino para que la discusión, que tiene por objeto elaborar una nueva Normativa de Consulta Indígena, se enmarque dentro de los códigos del respeto, la buena fe y los estándares internacionales.

Por último, se definió invitar al Instituto Nacional de Derechos Humanos y a Naciones Unidas para participar como observadores del proceso.