Crisis latente: Los graves impactos de la explotación del litio en el norte de Chile

Por OLCA*, OCMAL** y RESUMEN

El interés público-privado sobre el mercado del litio ha tenido un aumento exponencial desde los años 2000 y la instalación de una política internacional respecto al desarrollo de una economía "verde", pero que continúa sustentándose en pilares extractivistas o neoextractivistas.

En este sentido, la vulneración de los derechos de la naturaleza y las comunidades continúa siendo parte del transcurso de proyectos nacionales y transnacionales en diversos rubros económicos. Así, la minería y energía han sido dos sectores cuya orientación respecto al trabajo de la materia prima ha sufrido una importante modificación sobre el bien a explotar.

El litio se ha instalado como un metal esencial en la agenda política de Chile desde mediados de 2014 debido a, entre otras cosas, su densidad eléctrica, característica que le permite ser un elemento de buen almacenamiento de calor y electricidad, siendo caracterizado como un mineral no concesionable, estratégico, de interés nacional y uso nuclear, conllevado un entramado institucional para su explotación.

Así, la crisis climática que azota a escala mundial ha tenido como respuesta el impulso de políticas económicas que vayan en la línea de enfrentar este fenómeno que se ha agudizado durante las últimas décadas. En el caso de Chile, el propio Estado ha señalado que su 'agenda ambiental' "promueve el uso de autos eléctricos, la energía solar y eólica, está impulsando una mayor demanda por cobre, litio, cobalto, sectores donde nuestro país tiene grandes ventajas".

De esta forma, los usos que se les ha dado al litio en ámbitos como la electromovilidad y las baterías de dispositivos, han sido justificación de sobra para impulsar proyectos de extracción y procesamiento del metal, los cuales responden al mercado internacional y buscan establecer relación con las políticas mundiales respecto a la crisis climática, dando respuesta, también, a desafíos que las propias empresas han señalado, como lo son la rentabilidad y agilización de trámites administrativos.

Sin embargo, pese a todo este contexto, cruzado por los discursos de los gobiernos respecto a la importancia de instalar economías "amigables" con el medioambiente, la explotación del litio ha significado lo contrario.

Impactos negativos en los sistemas hídricos y el medio ambiente, no respeto de los ecosistemas donde se presenta con mayor porcentaje (salares) y el obviar la presencia de las comunidades -con sus respectivas culturas- forman parte de un conflicto latente acreditado y propiciado por políticas estatales que han instalado la explotación del litio, mediante alianzas público-privadas, como el horizonte a mediano plazo.

Inversión y extractivismo: mercantilización del litio

En Chile la minería ha cumplido un rol importante en la contribución al modelo extractivista transnacionalizado, siendo colocado en la agenda económica como un sector esencial pese a los impactos medioambientales que ha traído a los diferentes ecosistemas, como también el desarrollo de conflictos sociales que contemplan desde las comunidades del sector hasta aquellos de carácter sindical.

Dentro de los parámetros actuales son diversos los bienes que son explotados bajo la matriz extractivista, formando parte del motor económico del país desde hace décadas y anclando el horizonte primario-exportador como proyecto nacional.

En este sentido, el impacto de la mercantilización de bienes ha significado, en el modelo neoliberal chileno, la fijación de relaciones entre rubros y otros sectores de la economía. Tal ha sido el caso del financiamiento del sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), donde la inversión en el sector de la minería alcanzaba, al año 2020, US$1.659 millones, superando con creces los US$598 millones del año 2015, lo cual indica un importante crecimiento sustentado, crucialmente, en las políticas incentivadas por los gobiernos de turno.

Este importante marco de mercantilización ha significado la apertura a la profundización del extractivismo -central en el desarrollo minero de Chile- al relacionarse con otras áreas vitales de la economía del país, contexto donde el litio ha cumplido un papel esencial.

Esto se ha reflejado en instancias tales como la presentada en la Bolsa de Metales de Londres (LME -por sus siglas en inglés-), donde tras el inicio del Estallido Social en 2019, se dio a conocer la creación de un Comité donde se discutan los intereses de empresas consumidoras y productoras de litio.

Es más, en su propia web, la LME declara que se ha «trabajado en estrecha colaboración con la industria del litio para desarrollar un contrato que tendrá la longevidad para respaldar el sector de materiales de baterías en rápida evolución«, cuestión que se materializó en el Comité del Litio donde se encuentran diferentes empresas líderes de la explotación del metal a escala internacional.  Tianqi, Tesla, Pilbara, BASF forman parte de la lista, donde también se encuentra la estadounidense Albemarle Corporation, la cual cuenta con faenas en el norte de Chile.

Así, el litio que se transa a nivel internacional forma parte de la mercantilización general de los bienes comunes. Según las últimas actualizaciones de la LME, el kilogramo de hidróxido de litio de transa a 9 dólares, lo que significa poco más de $6.000 pesos chilenos. Por su parte, acorde a la información entregada por el propio Ministerio de Minería, el “carbonato de litio se ha transado con un valor mínimo de 5.952 US$/ton y un valor máximo de 6.614 US$/ton”

En el caso chileno, la mayor referencia central de mercantilización del litio ocurre en el salar de Atacama, el cual se encuentra liderado por dos empresas: Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), encabezada por el yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, y la ya nombrada Albemarle Corporation, de capitales estadounidenses.

Ambas, pese al contexto post Estallido que el Consejo Minero conceptualizó como "incertidumbre regulatoria", han obtenido cuantiosas ganancias producto de lo que el propio Estado ha dado a conocer,  a través de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), como la concentración del mercado que existe actualmente.

Según la información entregada públicamente, pese a un escenario de baja producción en el contexto de la Covid-19, Albemarle proyectó ganancias sobre los US$3.000 millones, ampliando también la capacidad de inversión respecto a la compra de minas de litio, como también la expansión de su Planta Química La Negra, la cual recibe la salmuera extraída del Salar de Atacama.

Por su parte, las ganancias producto de la mercantilización del litio para SQM también se vieron afectadas durante 2020. Sin embargo, según la información entregada a la Comisión para el Mercado Financiero, en su tercer trimestre del año pasado "la facturación de la compañía anual ascendió a US$ 1.303,3 millones", además de establecer un plan que permita aumentar la producción del metal al año 2023.

Estos montos toman importancia no solo a nivel de dar cuenta de las cuantiosas ganancias del empresariado, sino que también la relación que presenta para con el Estado chileno.

Según la información presentada por Corfo, el "litio puede representar para Chile unos US$10.000 millones al 2035", monto que no se establece como ingreso para el Estado, sino que parte importante estaría dirigida a las ganancias de las respectivas empresas privadas y los costos de explotación en el proceso. Así, la proyección que justificaría los planes de aumento de producción propios de las empresas como también aquellas políticas incentivadoras de la explotación del metal propulsadas, centralmente, desde el segundo gobierno de Michelle Bachelet, cuestión que ha continuado bajo el actual gobierno de Sebastián Piñera.

Es en este contexto de mercantilización en auge -donde el propio gobierno ha establecido 230 mil toneladas como referencia de producción para 2025- que parecieran obviarse las consecuencias que ha significado la explotación irrestricta del litio en el norte del país, lo cual, lejos de tomarse lo medular de la agenda política, pasa a un segundo plano por la priorización de la millonaria alianza público-privada.

Agua y litio: relación inherente con el ecosistema

La crisis hídrica que azota a escala mundial ha sido parte reiterativa del debate público, obligando a los gobiernos a considerarlo en sus programas ante la presión de las organizaciones territoriales y poblaciones que, aumentando su número, encuentran graves dificultades para acceder al agua, dando cuenta de la falta de una planificación territorial con enfoque ecosistémico.

En el caso del litio, la relación con el agua es irrestricta. No solo debido a que para su explotación se utiliza un sistema de bombeo de pozos profundos para la extracción y trabajo de la salmuera – y su evaporación-, sino que el agua es vital y sustancial para la existencia del ecosistema de los Salares, por lo que la instalación de las mineras en estos lugares se ha tornado un inminente peligro.

A modo de ejemplo, indica el medio DW, «dos compañías mineras que operan en Atacama, la chilena SQM y la estadounidense Albemarle, extraen cada año más de 63 mil millones de litros de agua salada de las capas más profundas del desierto, es decir, casi 2 mil litros por segundo«, además de afectar el consumo de agua dulce en el territorio.

El relato de las y los habitantes en donde se emplazan las instalaciones de extracción de salmuera han sido esenciales para dar cuenta de estas consecuencias. Ya a comienzos de 2020 se ha acreditado que, en el salar de Atacama, durante los últimos 15 años la población ha evidenciado un cambio drástico: disminución de los humedales y del agua para el consumo, como también graves consecuencias para actividades agropecuarias dan cuenta de aquello.

Sin embargo, esta situación se enfrenta a un desafío técnico: la existencia de pocos estudios de extensa data que acrediten, técnica y ordenadamente, los efectos de esta situación en el ecosistema, ante lo que han sido las mismas comunidades las que han incentivado el cuestionamiento de la industria minera en los territorios, lo cual se contrapone con los lineamientos presentados por el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villariano, quien indica que "debiéramos pasarlo todo al régimen general de explotación de recurso minero, lo cual llevaría a que Chile se transformara en el primer y gran productor de litio en el mundo".

En este contexto, acorde a documentación existente, el salar de Atacama -a modo de referencia- sufre una extracción de hasta 200 millones de litros de agua (dulce y salada) diariamente, lo cual se contrapone profundamente con la capacidad y fragilidad del ecosistema en cuestión, además de la condición de abastecimiento a las que se ven enfrentadas las comunidades ante la presencia minera.

Ante esta situación, las propias empresas se han visto en la necesidad de elaborar proyectos que les permitan monitorear los fenómenos que ocurren en las napas subterráneas de sus instalaciones.

Así, indican desde las comunidades e informes elaborados desde organizaciones como OLCA u OCMAL -además de reportajes publicados en prensa- la utilización del agua por la minería del litio ha agudizado la crisis hídrica en el norte del país, significando también un impacto notorio en la vegetación y fauna de los territorios.

Según declaraciones de la investigadora de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador, las faenas de extracción de litio han implicado una notoria disminución de la vegetación en, por ejemplo, el salar de Atacama. Asimismo, se ha advertido una creciente sequía en sectores de la reserva nacional, como también la disminución de humedad de los suelos.

En este sentido, una cadena completa del ecosistema se ve afectada considerando que estas consecuencias influyen en la presencia de microorganismos que «proveen alimento para el plancton y los crustáceos«, los que, a la vez, son consumidos por flamencos, significando la alteración de la totalidad de relaciones que se da entre seres en el territorio.

Comunidades y territorio

El habitar los territorios donde se instalan -o buscan instalar- proyectos de explotación y exploración de litio ha sido central para la visibilización de conflictos que se encuentran en auge en el norte de Chile.

La relación comunidad-territorio ha permitido no solo la organización social, sino que también el comprender los salares como ecosistemas aún más complejos de lo que se prevé técnicamente.

En este contexto, como señala Luciano Travella, integrante de CODEMAA, «son ecosistemas muy únicos, y a la vez, muy frágiles en el sentido de que su formación y preservación es muy sensible a los cambios climáticos y a los cambios en regímenes de agua«, a lo que se suma la relación que establecen las y los pobladores de los territorios cercanos como también las comunidades indígenas presentes en estos, las cuales establecen un nexo cultural fundamental para con los ecosistemas.

Así, la experiencia de la postdictadura ha sido enfática en señalar las consecuencias que traen a las comunidades el desarrollo de proyectos -de diverso rubro- que buscan instalarse sin la consideración de las múltiples variables que componen el territorio, obviando una mirada amplia y que promueva el diálogo y participación de la población.

Es este desconocimiento e ímpetu empresarial el que, en el caso del litio, ha llevado el desarrollo de importantes conflictos que se han expresado en facetas como la movilización social y la judicialización de las exigencias.

En este punto, el salar de Atacama vuelve a ser un referente respecto a la materia en relación a, por ejemplo, la relación de la explotación de litio con las comunidades indígenas del territorio. Investigaciones han señalado y afirmado que el empresariado ha vulnerado los derechos territoriales de las comunidades, colocando en el centro de la discusión un concepto que ha sido trabajado a escala latinoamericana: los derechos de la naturaleza.

Asimismo, las retribuciones que ha tenido el empresariado para con la población ha sido conceptualizada como denigración de la calidad de vida: «salarios bajos, ayudas y transferencias limitadas, apoyos modestos al desarrollo de las comunidades cercanas, o al municipio«, forman parte de las reflexiones que investigaciones han establecido. En este sentido, las expresiones de resistencia han sido dinámicas acorde a los momentos en los que se encuentren los proyectos, pese a ser una problemática latente y constante.

Por otro lado, la precarización de la vida, a partir de la explotación del litio, también se ha visto agudizada a causa del estrés hídrico presente en los ecosistemas, cruzándose con otros actores del territorio como lo son el turismo y las poblaciones aledañas que no conforman necesariamente comunidades indígenas.

De igual forma, la contaminación propia de las instalaciones -expresada no solo materialmente sino que también de forma acústica-, la sobreexplotación indiscriminada, el obviar las consultas que la propia legislación impone y el desgaste de los ecosistemas forman parte de las consecuencias que la minería del litio ha dejado en el norte del país.

Ante este escenario, la alianza público-privada ha recurrido a la conocida "Responsabilidad Social Empresarial" (RSE) como forma de enfrentar sus consecuencias y el relacionarse con los territorios y la población. A modo de ejemplo, SQM da a conocer en sus reportes anuales cómo aborda esta táctica: programas de emprendimiento, apoyo logístico en el llamado «invierno altiplánico» e instancias de fomento agrícola forman parte de lo que las formas en el que la empresa busca responder a las alteraciones provocadas en el ecosistema por la mercantilización del litio.

Sin embargo, pese a lo que podría proyectarse como una verdadera política de mitigación, el auge de los proyectos ha sido sostenido como también la ampliación territorial -y en capacidad- de los ya existentes, contraviniendo las demandas centrales de las comunidades.

El caso de Maricunga

Ante el aumento del interés empresarial sobre la explotación del litio, sumado a la presencia e impulso de una agenda política de parte del gobierno respecto a incentivar la alianza público-privada para que esta sea desarrollada, el Salar de Maricunga se encuentra en la mira del empresariado nacional y transnacional.

Ubicado en la región de Atacama a más de 160 kilómetros al noroeste de Copiapó, Maricunga, en palabras de Carlos Pizarro Figueroa, guía de turismo de Chillitrip, e integrante de una agrupación de esta actividad en el territorio,  es "un portal del ecosistema altoandino".

Y es que a una altura de 3.760 msnm el salar en sí mismo es un ecosistema vital que, incluso, forma parte del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, estando alimentado, principalmente, por siete arroyos que decantan desde las alturas de la Cordillera de los Andes.

Actualmente, el salar de Maricunga cuenta con tres proyectos que tienen la aprobación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), pero que están frenados tras reclamaciones presentadas por diferentes organizaciones presentes en el lugar.

Los millonarios proyectos corresponden a:

1. La extracción de litio encabezada por SIMCO SpA -parte del Grupo Errázuriz- con una inversión de US$350.000.000, proyectando un producto final de 5.700 toneladas anuales de carbonato de litio, 9.100 de hidróxido de litio y 38.900 de cloruro de potasio, considerando en su etapa de operación 130 l/s en piscinas de evaporación solar, 130 l/s en la planta de LIOH y 15 l/s de uso de agua industria.

2. La extracción de Proyecto Blanco donde Minera Salar Blanco S.A., empresa propiedad de Lithium Power International Limited (australiana), Minera Salar Blanco SpA (chilena) y Li3 Energy Inc (estadounidense) invierte  US$527.000.000 y proyecta la producción de 20.000 toneladas anuales de carbonato de litio -más de mil toneladas mensuales-, y 58.000 de cloruro de potasio, calculando para su etapa de operación la extracción promedio de 209 l/s dependiendo de la estación del año y las condiciones climáticas, pudiendo aumentar a 315 l/s.

3. La exploración del Salar liderada por CODELCO, con la intención declarada de recopilar información hidrogeológica, además de realizar una evaluación preliminar del metal presente en formato salmuera.

Ante la presencia de estos proyectos, las comunidades y organizaciones han respondido en la marcha, priorizando la defensa del salar de Maricunga, el cual ya ha sido intervenido previamente por la minería del Boro y Oro.

En este contexto, Lesley Muñoz Rivera, integrante de la comunidad indígena Colla en la comuna de Copiapó y del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, comenta que ninguno de estos proyectos «tienen estudios que nos digan que a nosotros una afectación en el salar pueda afectar las aguas de la parte sur, ninguno tiene certeza«.

En este sentido, la mirada integral del conflicto ha sido catalogada, de parte de las y los actores presentes en el conflicto y que resisten al avance de los proyectos, como un eje central para promover la defensa del salar, cuestión que les ha permitido organizar la oposición a las ya conocidas consecuencias que trae consigo la ambiciosa minería del litio en el norte del país.

* Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

** Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina

El presente escrito forma parte de una serie de notas de una investigación que se encuentra en curso respecto a «MARICUNGA AMENAZADO: Ambición, extractivismo y resistencias frente al litio», la cual tiene como objetivo sistematizar la situación a la que se enfrenta el ecosistema del Salar de Maricunga ante el avance de la explotación del litio en el territorio.