Ulises Cárdenas Hidalgo es director del Colegio de Arqueólogos de Chile, y desde hace más de dos años ha venido alertando sobre el arqueocidio que se está produciendo en San Pedro de Atacama, donde en forma incomprensible, fue demolido el único museo arqueológico de la localidad, -el Gustavo Le Paige- el cual contenía más de 400.000 piezas y artefactos arqueológicos -sin contar los más de 5.000 cráneos humanos y cuerpos momificados-, los cuales actualmente yacen depositados en containers y expuestos a graves daños por el clima y las condiciones extremas del desierto.
Cárdenas ha enviado cartas a la presidenta Bachelet y a varios otros estamentos públicos, como la Dibam. La falta de respuestas lo llevó a denunciar internacionalmente el hecho ante la Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, obteniendo también una positiva respuesta de Alvaro Pop, ex presidente del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas, y del Presidente del Comité Internacional de Patrimonio Arqueológico de ICOMOS, órgano auxiliar de UNESCO.
“Realmente estoy muy desilusionado”, dice el arqueólogo, “ya que puse en antecedentes a las autoridades regionales y provinciales del caso hace dos años atrás y no hicieron absolutamente nada. La única persona que escuchó mi planteamiento el año pasado fue el Angel Cabeza, director de DIBAM, pero me señaló la imposibilidad de su servicio de hacer algo ya que el Museo es privado y pertenece a la Universidad Católica del Norte”.
Cárdenas explica en este punto que la universidad despidió a ocho funcionarios atacameños que trabajaban en el museo, denunciando además malos tratos “hacia ellos y hacia mi persona. El año pasado por órdenes expresas del director del Museo, Manuel Torres, me fue negado el acceso. Son hechos que denotan las graves irregularidades que se han registrado”, expresa el profesional.
“Bajo el ‘engañoso’ nombre del proyecto -Reposición del Museo Arqueológico-, se ha pretendido esconder la verdadera destrucción de un edificio con más de 50 años de historia y antigüedad que está emplazado en el casco histórico del pueblo, en pleno entorno colonial que hoy reúne todas las características para estar protegido por la Ley Nº17.288 de Monumentos Nacionales, ya que al emplazarse en la Zona Típica goza de protección legal según esta ley”, dice Cárdenas.
No obstante estas condiciones, en su lugar, relata el arqueólogo, “se gastarán 20 millones de dólares del Programa Puesta en Valor del Patrimonio/BID/Gore Antofagasta, para construir una mole de hormigón armado y líneas rectas que, con el doble de la superficie anterior, no sólo vulnerará todo el patrimonio arqueológico del subsuelo, porque son conocidos el sinnúmero de entierros precolombinos que permanecen sin excavar y proteger, sino que borrará de un plumazo toda la tradición e historia reciente de esta zona y de la región”.
Un dato no menor en ese sentido es que el Museo, construido en 1957, fue levantado únicamente por “manos atacameñas, bajo la tenacidad y guía de Gustavo Le Paige, cuya visión, recogida por el arquitecto antofagastino Carlos Contreras Alvarez, fue pionera para los tiempos, tanto desde el punto de vista del desarrollo social, como científico y educacional, proyectado, según sus propias palabras, ‘para la gente de San Pedro de Atacama y de todo el interior de la Segunda Región’. Personalmente, considero que el Banco Interamericano de Desarrollo debe ser sometido a un juicio ético porque financia a través de un préstamo con el Estado de Chile lo contrario de lo que enuncia: la Puesta en Valor del Patrimonio”, sostiene Cárdenas.
Denuncias no escuchadas
Las innumerables voces que, hace más de dos años, se han alzado en contra de este “arqueocidio”, no han encontrado ni siquiera una respuesta en las muchas puertas que han tocado. Cárdenas destaca “recursos de protección presentados por las propias comunidades atacameñas como Chiu-Chiu, cartas a la Presidenta de la República, al Consejo de Monumentos Nacionales, a las autoridades regionales y provinciales, no han tenido respuesta, o bien se han escudado en que como este museo pertenece a la Universidad Católica del Norte, es una entidad privada ante lo cual nada se puede hacer. Eso es de una falsedad absoluta”, concluye el académico.
“Primero, este proyecto presenta graves incumplimientos de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA Nº237/2013) que lo autorizó, ante los cuales la Superintendencia de Medio Ambiente sólo se remite a opinar sobre el componente ambiental de la misma, dejando de lado los aspectos que son de su competencia, como el legado precolombino en esta área, la conservación, restauración y puesta en valor del mismo, y su rol vital para la arqueología andina”, denuncia Cárdenas.
Asimismo, de acuerdo al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “ratificado” hace 8 años por Chile, los grupos indígenas deben ser consultados ante medidas legislativas o administrativas que afecten el patrimonio cultural y el desarrollo de los territorios donde se ubican. En este caso concreto, agrega Cárdenas, la comunidad local fue integrada bajo el modelo de Participación Ciudadana (PAC) y no consultada a sus diversos componentes estamentales, como debió ser.
“Debió ser una consulta indígena vinculante, que se pronunciara con carácter resolutivo si estaba de acuerdo o no con la desaparición total del tradicional Museo de R.P. Gustavo Le Paige de San Pedro de Atacama”, sentencia el especialista.
Otra irregularidad se encuentra en los “lapidarios” informes de arquitectos no especializados, que según Cárdenas, no dan verdadera cuenta de la realidad del estado estructural del edificio, condenándolo a la destrucción, “en circunstancias de que otros inmuebles de San Pedro de Atacama, gravemente deteriorados, como por ejemplo la Iglesia de San Pedro de Atacama, de más de 300 años, han sido restaurados y conservados”.
La última rama tiene que ver con la Universidad Católica del Norte. La institución, que ha propiciado este proyecto, “ha denotando una falta de consideración con el legado del Padre Le Paige”, apunta Cárdenas. “Además, se desvincularon 8 funcionarios atacameños. Propiciamos que el Pueblo Atacameño administre el futuro museo”, añadió, precisando que “habiendo tanto sitio perteneciente al fisco, ¿por qué no ejecutaron este proyecto de hormigón armado en un sector eriazo, y así promueven la descongestión turística del casco histórico de San Pedro de Atacama?”
La solución para esta grave situación es clara para el director del Colegio de Arqueólogos de Chile. “En relación al Proyecto ‘Reposición Museo Arqueológico R.P. Gustavo Le Paige’ es imperativo poner en valor lo que queda del edificio y dar soluciones u orientaciones concretas al problema de fondo a las nuevas autoridades municipales: aplicación de una Consulta indígena vinculante informada, con libre consentimiento y de buena fe ante la falta de conciencia patrimonial entre los mismos miembros de las comunidades indígenas sobre su valioso patrimonio arqueológico, producto de los fuertes procesos de cambio cultural y social que han experimentado los pueblos atacameños y que han trastocado gravemente la identidad cultural de estos pueblos”, concluye Cárdenas.
En este punto, una última escena. Dice el arqueólogo: “Lo que más impotencia me da que hoy es que las comunidades atacameñas se estén peleando por una ventana, una puerta, un adobe de barro o un mueble o todo lo que se está regalando a raíz de la desmantelación del museo. La nula conciencia patrimonial, estimulada por una política educacional que invisibiliza las particularidades étnicas y/o religiosas, es la responsable de este arqueocidio, que pasará a la historia como un nefasto atentado al Patrimonio Histórico de la zona de Atacama, de Chile y el mundo”.
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Publicado el 26 de junio de 2017
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