La Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas dio por finalizado el proceso de Consulta Indígena que luego de cinco meses logró concretar la autorización de los representantes de los pueblos originarios, para presentar al Congreso Nacional los proyectos de ley que crearán el Ministerio de los Pueblos, el Consejo Nacional y un consejo específico para cada etnia.
Sin embargo, lo que parece ser una buena noticia, no es tomada de esa manera por varias comunidades que, durante la implementación de la Consulta, se sintieron apartadas y ven esta decisión como un proceso más de subyugación a los poderes y reglas del Estado.
Jorge Huenchullán, werkén de la comunidad Temucicui en la zona de Ercilla, región de La Araucanía, es uno de los que expresa sus reparos sobre este proceso.
“No hay independencia, no hay autonomía en la decisión, eso va a depender del Estado. Los mapuche una vez más vamos a ser sometidos a lo que el Estado diga. No van a estar presente los temas territoriales, los temas de autonomía de nuestro pueblo. Eso está fuera de esa situación. Solamente se va a instaurar una figura gubernamental propia de un Estado, pero sin la participación de las comunidades mapuche, sin participación en las tomas de decisiones que se hagan de reclamación tanto de derecho político, como territorial”.
Una mirada similar tuvo el profesor en la Universidad de Chile y Director del Programa de Derechos Indígenas de la Fundación Chile XXI, Salvador Millaleo quien, a pesar de valorar la creación de una nueva institucionalidad, indicó que la Consulta estuvo viciada por problemas de confianza.
“El asunto es que este acuerdo que se instala en este hotel en Los Andes que se hizo el fin de semana, ahí llegaron solo dirigentes que fueron invitados, muchos de ellos como el caso de Isla de Pascua. Las comunidades que participaron no designaron a sus representantes sino que fueron designados por el Estado. Muchas comunidades no se les permitió designar a representantes. Entonces es un proceso que tiene varios signos de manipulación”.
A pesar de todos los cuestionamientos que se dieron durante el proceso, desde el gobierno, la ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas insistió en el carácter democrático y participativo del proceso que se extendió por cinco meses y que congregó, según cifras del Ejecutivo, a más de 122 localidades.
“Hoy después de más de dos décadas avanzamos de manera decidida en esto, pero además tiene un atributo que ha sido fruto del proceso participativo a lo largo del país de manera inédita, de manera democrática, transparente, y guarda los principios del (Convenio) 169. Este es un proceso inédito que lo que hace es cumplir un compromiso de la Presidenta de la República pero dar esencialmente un paso más hacia este necesario dialogo en los pueblos indígenas”.
El proceso fue calificado por la autoridad como “participativo”, aunque reconocieron que existieron varios cuestionamientos por parte de las comunidades durante el proceso.
Entre los últimas que ocurrieron a los días previos de la finalización de la Consulta, los más importantes fueron la del pasado 16 de enero donde los representantes del pueblo Kawsqar de Magallanes se manifestaron en Punta Arenas. Luego el 22 de enero comuneros de los pueblos aymara, mapuche y quechua irrumpieron en las dependencias en la sede de la Seremi del Ministerio de Desarrollo Social en Arica, y el 27 de enero la presentación de un recurso de amparo presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la ministra Villegas por parte de una comunidad mapuche de La Florida, Santiago.
Tweet
Publicado el 02 de febrero de 2015
Visto 296 veces
