Si bien el despacho de ambos proyectos de ley son compromisos del programa del gobierno de la Presidenta Bachelet, también lo era la adecuación de “los marcos regulatorios actualmente vigentes a las normas del Convenio 169, de manera de velar por su adecuada implementación y respeto. Esto incluye la revisión y eventual modificación -con consulta- del reglamento general de consulta en proceso de aprobación como también respecto del nuevo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental recientemente en vigencia…” (Programa 2014-2018, p. 173).
La consulta aplicada, usando el Decreto Nº 66, ha estado afectada desde un comienzo por cuestionamientos de legitimidad, puesto que el marco normativo usado no se ajusta a los principios del Convenio 169 de la OIT. Ello significó que muchas comunidades, e inclusive territorios enteros, se restaran a la consulta –la consulta fue realizada para 122 de un total de 3.213 comunidades. Sólo en medio del proceso, el Ministerio de Desarrollo Social anunció que se revisaría el DS 66, así como el DS 40 (SEIA), pero no indicó cuándo ni de qué manera se haría la consulta indígena para reformar esos reglamentos.
Paralelamente, el proceso ha estado afectado por una serie de gruesas debilidades respecto a la buena fe, la representatividad y la adecuación de los procedimientos. En los territorios se ha revelado la falta de protocolos para tratar con autoridades tradicionales, carencia de preparación de los equipos en competencias para hablar lenguas indígenas, falta de información, uso de reuniones con otros fines para hacer consultas, bajísima participación de las comunidades, excesiva estrechez de tiempos para deliberación, falta de disposición para llegar a acuerdos, designación arbitraria de representantes, limitaciones para presentar contra-propuestas, entre otros muchos problemas. En esto, la consulta conducida por el Consejo de la Cultura sobre el proyecto de Ministerio de la Cultura ha evidenciado el matiz de mayor fortaleza metodológica y capacidad de comunicación con los pueblos indígenas.
Quizás el Ministerio de Asuntos Indígenas llegue, algún día, a ser una avance, aunque responda primero a una urgencia del Estado por hacer más consistentes sus políticas públicas antes que una demanda de los pueblos, más interesados en una autodeterminación intra-estatal, en conformidad con la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. En cualquier caso, la forma en que se está imponiendo dicho ministerio implica un claro retroceso para el derecho a la consulta y al consentimiento previos de los pueblos indígenas que establece el sistema del Convenio 169 y siembra dudas sobre cuál será su verdadero aporte en el futuro.
Las negociaciones de un nuevo convenio con el BID, sin participación indígena, así como la ausencia de inclusión de la mujer indígena en el ministerio de la mujer y de consulta para la ley de biodiversidad y la política energética, nos dibujan un escenario donde los indígenas parecen más espectadores que protagonistas de los asuntos que los afectan.
Lo anterior hay que sumarlo a un contexto donde hay cada vez más señales de una política de ley y orden desde el Ministerio del Interior para abordar los temas indígenas. A mayor abundamiento, nunca se convocó a una comisión de personalidades chilenas e indígenas para estudiar los abusos policiales en el sur, como se había prometido en el programa, ni tampoco ha habido cambios positivos importantes en la política de tierras y aguas.
En ese sentido, los gestos promisorios del Intendente Huenchumilla durante el año anterior navegan todavía, en el amplio contexto del gobierno, en un mar de aislamiento, incertidumbres y repetición de las prácticas paternalistas e imperativas usuales.
Esperemos que ante el próximo inicio del debate sobre la nueva constitución, no vayamos a perder una nueva oportunidad para respetar los derechos de los pueblos indígenas en todas sus dimensiones dentro de la república plurinacional que todos compartimos, pero que aún no estamos dispuestos a reconocer.
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Publicado el 11 de febrero de 2015
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