La “fiesta” del Dakar pasó nuevamente por Chile, Argentina y Bolivia y con ello también la larga caravana de camiones, toneladas de neumáticos y combustibles fósiles que se quemaron divirtiendo a la élite “deportiva” que cambió los desiertos del tercer mundo africano por los desiertos del tercer mundo latinoamericano, justo cuando fueron amenazados por terroristas y fanáticos religiosos, que curiosamente occidente financió para entregar en sus manos la seguidilla de primaveras que florecieron en África.
El año 2009 Chile recibió la primera edición del Rally Dakar, con amplios cuestionamientos por el daño patrimonial, arqueológico y ambiental que provoca el paso de camiones, autos, 4×4, y motos en nuestro terriotorio. La actividad organizada por la productora de eventos deportivos Amaury Sport Organisation (ASO) de capitales franceses, cuenta con una enorme lista de patrocinadores y auspicios del Gobierno de Chile a través del Instituto Nacional del Deporte (IND)… un negocio redondo para sus organizadores.
LOS NÚMEROS DEL DAKAR
Para ser parte de este ecocidio, los participantes deben tener un saco de billetes y algo más que un raspado de olla o un almuerzo con Penta, ya que los costos de inscripción fluctúan dependiendo del vehículo y las personas que forman el equipo. La inscripción de motos y cuadrimotos cuesta $ 11.204.452, entre $ 8.326.890 y $13.928.616 la de autos y camiones, hasta los $ 37.798.000 por remolques y/o camiones de asistencia. Esto obviamente no incluyen ni los gastos del viaje, ni del visado ni mucho menos el combustible que utilizaron durante las 14 etapas los “deportistas”.
Solo por concepto de inscripción, la organización recaudó este año alrededor de $ 6.159 millones, una cifra que supera en $1.500 millones el presupuesto asignado para el Fondo Nacional de Fomento al Deporte del año 2015.
La entretención de la élite puede llegar a costar fácilmente US $ 2 millones según indican medios especializados y eso no asegura terminar la carrera a los participantes, de los cuales solo el 20% son profesionales y el resto millonarios excéntricos.
El Gobierno de Chile por su parte, haciendo gala del principio de subsidiariedad y siempre ávido de luces y cámaras que ayuden a esparcir por el mundo entero la famosa imagen de un país OCDE, de inmovilismo político y la chilean way, ha cometido por seis años consecutivos la locura de pagar unos cuantos millones de dólares a ASO por el simple hecho de que el rally pase por territorio chileno.
Es una locura pagar por una franquicia para que el rally se haga en Chile, una locura de varios millones de dólares. Pero es eso precisamente lo que ha hecho el Gobierno de Chile en los últimos años.
Para el Dakar 2014 el gobierno de Sebastián Piñera y el entonces Ministro del Deporte, actual dueño de el periódico derechista El Libero, el empresario Gabriel Ruíz-Tagle firmó un convenio por US $ 8 millones con el Dakar, de los cuales según el mismo Ruiz-Tagle, US $5,6 millones salieron de las arcas fiscales bajo el concepto de “financiamiento de gastos operacionales” de la carrera.
Para el 2015 Sebastián Piñera había destinado US $ 6 millones para el Dakar 2015, sin embargo por decisión de Michelle Bachelet y movida por el terremoto que afectó el norte grande de Chile, solo se destinaron US $ 4 millones bajo el rótulo de fomento para deportistas chilenos
LOS COSTOS AMBIENTALES Y PATRIMONIALES
Desde que el Dakar aterrizó en nuestro país han sido numerosas las voces que se consideraron una grave amenaza su paso. Ya en el año 2009, durante el primero gobierno de Michelle Bachelet, el Dakar comenzó a escribirse su prontuario. Ese año debutó con graves daños en cinco sitios arqueológicos del Desierto de Atacama en las regiones de Atacama y Coquimbo: Quebrada Pelicanos 1 y 2, Majada el Tomate 1 y 3, y el Área arqueológica Pampa Austral Camino Oeste. Muchos de estos sitios tienen su génesis en el año 2000 a.c. por lo que han estado en el desierto por más de 4000 años, según el informe del Consejo Nacional de Monumentos (CNM).
Desde entonces el CNM, órgano dependiente del Ministerio de Educación, ha denunciado el daño irreparable de más de 300 sitios arqueológicos a todos les ex ministros que desde la llegada del Dakar han desfilado por el MINEDUC entre ellos Joaquín Lavín, Felipe Bulnes, Harald Beyer, Carolina Schmidt y Nicolás Eyzaguirre. Por ejemplo el año 2010 se examinaron un total de 111 sitios arqueológicos de los cuales 52 resultaron dañados, aunque esa cifra podría aumentar ya que la organización modificó las rutas unilateralmente, lo que podría haber afectado otros sitios arqueológicos.
La evaluación del Rally Dakar del año 2011 evaluó 283 sitios arqueológicos y arrojó que 126 presentan daños de diversas magnitudes, eso fue lo que llevó al Consejo afirmar que el Dakar es una “actividad altamente dañina para el patrimonio arqueológico e histórico del país”. Al año siguiente, el mismo Consejo solicitó que el Consejo de Defensa del Estado interviniera en resguardo del patrimonio que cada año provocaba el Dakar.
Ha sido los mismos funcionarios del Estado quienes han actuado como aval del daño que ha perpetrado en nuestro país esta carrera. Así recordamos las declaraciones de Ruiz-Tagle restando importancia a las denuncias y los estudios que justifican el amplio rechazo de la comunidad académica y ecológica a este negocio. No debemos olvidar que bajo el gobierno de Sebastián Piñera se eliminaron las medidas de mitigación que regían al Dakar, dando manga ancha para continuar impunemente recorriendo sitios de conservación histórica.
En materia ambiental, esta carrera está fuera de la institucionalidad vigente y la autorización de sus rutas no depende de los resultados de los estudios del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que la organización ha tenido todos estos años manga ancha para poder hacer y deshacer en nuestro territorio, aun cuando en sus últimas dos versiones el IND realiza consultas no vinculantes al CMN, a CONAF, CONADI y el SAG, entre otras instituciones, que solo pueden sugerir modificaciones a las rutas impuestas por la organización.
El Dakar es una carrera que surca a toda velocidad el desierto de nuestro país y con esa misma velocidad se destruye irreversiblemente nuestro patrimonio histórico y natural. Mientras el lucrativo negocio que subvenciona el Estado año a año reporta como es costumbre, utilidades a privados y tremendas perdidas a lo que nos pertenece a cada uno de nosotros.