Salar de Atacama. Foto: Consejo de pueblos Atacameños
El poblado de San Pedro de Atacama, ubicado en la región de Antofagasta en el norte de Chile, se encuentra rodeado de maravillas naturales como volcanes, lagunas de colores, géiseres, salares, dunas gigantescas y formaciones rocosas. Su calle principal, Caracoles, recibe la visita de turistas de todas partes del mundo que transitan a pie o en bicicleta, cubriendo sus rostros con pañuelos para protegerse del agitado viento altiplánico que sopla arrastrando arena.
A menos de 500 metros de ahí se encuentra, en una casona de adobe, la oficina del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), asociación indígena que representa a 18 comunidades del pueblo Lickanantay que en su lengua, el kunza, significa habitantes del territorio.
El CPA nació con el objetivo de preservar los territorios de las comunidades Atacameñas y asegurar el bienestar de las personas que habitan en ellas. Por lo mismo, se han visto en la necesidad de fiscalizar los impactos de la actividad minera que se desarrolla en este lugar, que es también el hogar de frágiles ecosistemas y especies amenazadas.
Para hacerlo debidamente, en 2017, el Consejo de Pueblo Atacameños creó la Unidad de Medio Ambiente del consejo (UMA-CPA), integrada por profesionales atacameños que pertenecen a las comunidades del territorio, como hidrogeólogos, ingenieros y monitores ambientales.
Se trata de un modelo único en América Latina que, según Francisco Mondaca, ingeniero ambiental y coordinador de la UMA, busca principalmente velar por la protección y monitoreo de los ecosistemas de las comunidades respetando la cultura de este pueblo indígena.
Debido al reconocido trabajo que la UMA-CPA viene realizando, ésta ha sido invitada a colaborar en investigaciones científicas con universidades nacionales e internacionales. Fue el caso del estudio liderado por la Universidad Católica del Norte (UCN) en 2022, que arrojó información inédita sobre dos lagunas altiplánicas, La Punta y La Brava. Los hallazgos de la investigación no solo contradicen lo dicho por la industria minera instalada en el salar de Atacama respecto del funcionamiento de estos ecosistemas, sino que podría ser clave en un proceso judicial iniciado tras una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en contra de tres empresas mineras por daño irreparable del acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo, vía principal de alimentación de esas lagunas.
Las demandas del Consejo de Pueblos Atacameños
Cada una de las 18 comunidades representadas por el CPA ( Río Grande, Machuca, Catarpe, Quitor, San Pedro de Atacama, Solcor, Larache, Yaye, Séquitor, Cúcuter, Coyo, Toconao, Talabre, Camar, Socaire, Peine, Solor y Huatín) cuentan con personalidad jurídica y se agrupan en Ayllu, forma tradicional de comunidad social que reúne a un grupo de familias que se considera descendiente de un lejano antepasado común. En las afueras del pueblo de San Pedro de Atacama se pueden divisar varios Ayllu, rodeados de plantaciones de tomates, cebollas, zanahorias, entre otros vegetales.
Desde la creación del CPA, en 1994, el Consejo se comenzó a legitimar como representante de las comunidades atacameñas ante organismos públicos y privados ante demandas territoriales al Estado de Chile y denuncias por uso indiscriminado del recurso hídrico por parte de la minería que llegó a instalarse en esa zona.
Una de esas demandas territoriales la interpuso la comunidad de Peine. En concreto, sus habitantes reclaman como parte de su territorio Las Vegas de Tilopozo. Las vegas son humedales que se forman por afloramientos de agua subterránea y las de Tilopozo en particular se ubican en un sector al sur del Salar Atacama, que ha sido utilizado continuamente a lo largo de la historia por esa comunidad como zona de pastoreo, aguas para uso medicinal, leña, recolección de plantas medicinales y actualmente para actividades recreativas y de turismo.
Este lugar, sin embargo, ha sido afectado por la explotación de diferentes empresas mineras que extraen para sus procesos las aguas subterráneas que recargan las vegas. Por lo mismo, la Comunidad Atacameña de Peine, con apoyo del CPA, demandó en 2022 a minera Escondida, una empresa dedicada a la extracción de cobre. Posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) también demandó a Escondida y a otras dos empresas más, Albemarle dedicada a la producción de litio y la de cobre Zaldívar, por extraer de manera continua recursos hídricos desde el Acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo que es justamente el que recarga las Vegas de Tilopozo.
Según la demanda, la extracción “ha provocado una disminución mayor a la que pueden soportar los sistemas vegetacionales del sector de Tilopozo”, y además el descenso del nivel de agua “provocó el deterioro grave, permanente e irreparable del acuífero, de las vegas, de la fauna, y de los sistemas de vida y costumbres de la Comunidad Indígena de Peine”.
Por todo eso, el estudio liderado por la UCN, y que contó con la colaboración del UMA-CPA, se sumó como evidencia utilizada por el CDE para la causa que aún se encuentra en tramitación en el Primer Tribunal Ambiental. Sergio Chamorro, abogado y asesor jurídico del CPA, resalta que el estudio “ha sido parte de los medios probatorios junto con otras investigaciones elaboradas por la unidad a través de las ciencias comunitarias”.
Científicos de la academia y la UMA se unen para investigar
Cada mañana, apenas alumbra el candente sol del extremo norte de Chile, los integrantes de la UMA se reúnen en la ciudad de San Pedro de Atacama para cargar las camionetas con diferentes equipos tecnológicos y luego trasladarse a los diferentes puntos de la cuenca del salar de Atacama que son estudiadas por el equipo de la unidad.
Tras recorrer varios kilómetros, solo acompañados de parajes de color tornasol, llegan a los puntos de medición, donde un monitor ambiental se instala con una mesa, una silla y un computador para ingresar en una planilla excel los datos registrados ese día.
Las principales tareas que realiza la UMA-CPA consisten en monitoreos de caudales de agua superficial, de niveles lagunares y de agua subterránea; calidad fisicoquímica de agua superficial y subterránea, ecosistemas acuáticos, entre otras actividades. Además, investigan las conexiones entre la salmuera y los sistemas lagunares del borde del salar de Atacama; la relación entre la variación de los niveles de agua subterránea y la vegetación en las vegas de Tilopozo; las relaciones entre el crecimiento vegetacional, la calidad fisicoquímica del agua y del suelo en el borde este y sur del salar de Atacama; la química del agua en salares Altoandinos y del borde este del salar de Atacama y las propiedades físicas del subsuelo en la Alta Cordillera.
Mondaca, el coordinador de la UMA, cuenta que el origen de esa unidad ambiental se debió a un acuerdo que el CPA sostuvo con una empresa minera para realizar un monitoreo participativo entre las comunidades y la compañía. Posteriormente, y dado los buenos resultados de su implementación, pasó a convertirse oficialmente en la Unidad de Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños, por lo que comenzó a capacitar a miembros de las comunidades atacameñas que habitan en diferentes pueblos de la zona en monitoreo hídrico y otros temas ambientales.
En 2020 el CPA realizó aportes económicos significativos para desarrollar un plan de trabajo que tenía como objetivo generar investigación en diferentes áreas de importancia para las comunidades. Desde ese entonces, la UMA comenzó a profesionalizarse, contratando a hidrogeólogos e ingenieros y adquiriendo equipos tecnológicos para realizar los monitoreos a los ecosistemas de la zona.
Cinco años antes, en 2015, el español José Luque, doctor en geología con mención en hidrogeología y efecto del clima en los recursos hídricos, había llegado a Chile a trabajar como investigador del Centro de Investigación Tecnológica del Agua y Sustentabilidad en el Desierto (CEITSAZA) de la Universidad Católica del Norte. En 2022, como docente en el departamento de Ciencias Geológicas de la misma universidad, se le encomendó la misión de desarrollar un monitoreo del plan hidrológico de las lagunas La Punta y La Brava, para lo cual la UMA fue invitada a participar.
Dichas lagunas son parte del sistema lagunar del salar de Atacama y se ubican entre el acuífero de Monturaqui-Negrillar-Tilopozo (el mismo que según las demandas del Estado y de la comunidad de Peine ha sido sobreexplotado) y las salmueras del salar de Atacama. Son hábitat para grandes comunidades de flamencos e investigaciones previas han evidenciado en ellas la existencia de una alta biodiversidad debido, principalmente, a la presencia de una gran cantidad de comunidades extremófilas que son organismos que han evolucionado para prosperar en entornos que antes se creía que eran completamente inhóspitos.
Por todas esas razones, el experto destaca que la investigación de esas lagunas tiene un interés científico mundial pues estudiar la biodiversidad de estas comunidades extremófilas puede arrojar información de cómo se adapta la vida a condiciones extremas del medio ambiente.
¿Pero qué es lo que demostró la investigación que realizaron en conjunto la Universidad y la UMA?
Los hallazgos del estudio
Antes del estudio se consideraba que la salmuera del salar de Atacama, es decir, el agua con concentración de sales que poseen los salares, no estaba aportando ningún fluido hacia las lagunas La Punta y La Brava pues se pensaba que éstas eran alimentadas casi exclusivamente por el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo. Sin embargo, los hallazgos del estudio dan cuenta de que La Brava presenta indicios de contener una mezcla de salmuera (proveniente del salar) además del agua dulce del acuífero. La investigación indicó que la vía de migración de la salmuera hacia la laguna La Brava se debe a una falla geológica que posee el terreno y a procesos del fenómeno geológico conocido como karstificación.
La dependencia de La Brava a un flujo de alimentación hipersalina procedente de la salmuera del salar hace que esta laguna sea especialmente frágil y sensible ante variaciones en la entrada de salmuera en su cuerpo de agua. Estas variaciones pueden generar “cambios en su ecosistema” que necesitan ser monitoreados y controlados año tras año, dice Luque.
Javier Escudero, hidrogeólogo de la UMA dice que “el gran slogan” de las empresas en sus videos promocionales es decir, “nosotros no afectamos a las lagunas que se encuentran en el área de transición”, es decir, en los bordes del salar. Sin embargo, dados los resultados del estudio, “podemos dar indicio de que eso no es así”, sostiene el profesional.
Esta información científica, que contradice lo planteado por las empresas que extraen salmuera del Salar de Atacama, entrega elementos que permiten sostener que la afectación de las vegas no solo se debió a una extracción desmedida de agua dulce desde el acuífero Monturaqui-Negrillar-Tilopozo sino que la propia extracción de salmuera desde el núcleo del salar podría haber puesto en jaque a estos frágiles ecosistemas.
Tanto Escudero como Mondaca, coinciden además en que el estudio arroja importantes alertas sobre la incorporación de las nuevas tecnologías de Extracción Directa de Litio (EDL o DLE por sus siglas en inglés). Este proceso consiste en separar el litio o aislarlo de los otros componentes de la salmuera para que pueda ser retirado de manera más fácil sin necesidad de utilizar grandes piscinas de evaporación. Además, diversas empresas ligadas a la industria del litio aseguran que la salmuera de descarte (la que sobra luego de obtener el litio) puede ser reinyectada al salar sin perjudicar el balance hídrico de la cuenca y el ecosistema. Sin embargo, dado que el estudio evidenció que La Brava contiene salmuera del salar, las lagunas podrían cambiar sus niveles de agua o su salinidad si se modifica el flujo de salmuera natural hacia el sistema lacustre, explica Luque. En ese sentido, Mondaca advierte que la reinyección puede generar impactos.
Según Luque, la participación de la UMA en la investigación fue clave. La unidad de investigación del Consejo de Pueblos Atacameños no solo permitió que se obtuvieran los permisos de las comunidades para acceder a los pozos y hacer el monitoreo de los niveles de agua, sino que aportó con metodologías que resultaron fundamentales.
“Sugerimos utilizar sensores que miden diversos parámetros físicos, químicos y biológicos, y drones para monitorear los cuerpos de agua”, cuenta Mondaca. El estudio no contemplaba el uso de esas herramientas, por lo que la unidad le dio un valor agregado a la investigación. Mondaca reconoce, además, que participar del estudio sirvió para fortalecer y visibilizar el trabajo específico que hace la unidad.
El año pasado tuvo lugar uno de los hitos más importantes en la gestión de la UMA: se instalaron en la cuenca del salar de Atacama 18 estaciones de monitoreo. De todas ellas, 16 miden variables hidrometeorológicas y dos son pluviómetros para medir la lluvia caída.
Mondaca explica que la instalación de esta red de monitoreo “permitirá calibrar de mejor manera” las recargas a los acuíferos que existen en los diferentes sectores del territorio. “Todo lo que hacemos —dice Escudero, el hidrogeólogo de la UMA-CPA— es con el fin de proteger la Puri (el agua) y los ecosistemas de las cuencas del salar de Atacama y la Alta Cordillera del territorio Lickanantay”.
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Publicado el 11 de febrero de 2024
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