El duro revés sufrido por el Gobierno hace más de un año con el proceso de licitación de concesiones para la explotación del litio llevó al Ministerio de Minería a encargar dos estudios para definir una posición clara del Ejecutivo frente al futuro de este recurso.
Los análisis realizados por Cochilco y Sernageomin arrojaron como principal conclusión que el mineral debe ser materia de concesión y que no existe ningún sustento técnico que permita catalogar al litio como un recurso estratégico para el país.
Para respaldar esta tesis, el estudio de Cochilco entrega varios argumentos. Por un lado, sostiene que en los próximos años se generará una sobrecapacidad de este mineral no metálico en el mundo, pese al aumento de su demanda. También indica que el volumen que mueve este negocio a nivel global alcanza a los US$ 2.200 millones, lo que representa solo el 2% del mercado del cobre, en el que Chile es el mayor productor mundial.
El informe también refuta el argumento de que el litio no puede ser concesible, debido a su importancia futura en la generación eléctrica por medio de la fusión nuclear. Esto último, porque no existe claridad sobre el desarrollo de esta tecnología y las estimaciones afirman que no se resolverá este asunto hasta la segunda mitad de este siglo.
“Ya no estamos en la lógica de hace 30 años con la Guerra Fría, en la que la energía nuclear podía ser un tema delicado. Por eso, tenemos que avanzar hacia una nueva política nacional que permita explotar el recurso”, dice el subsecretario de Minería, Francisco Orrego.
Según plantea, los estudios advierten que si no se modifica la legislación, Chile seguirá perdiendo presencia en el mercado. Ya en 2012 cedió el liderazgo productivo a Australia.
Este cambio que menciona tiene relación con que la industria del litio use un modelo similar al de la minería del cobre, en la que conviven en un mismo mercado tanto las empresas privadas como las estatales.
Para eso, agrega, el sistema debe ser modificado en su fondo, desestimando una vía administrativa como fue la licitación de contratos. “La concesión del litio no entorpecería la posición que tiene el Estado en este negocio a través de sus empresas. De los 18 salares estudiados, el Estado ya es titular del 52% de la superficie total de estos (a través de Codelco, Enami y Corfo que no explotan esas áreas), y ello no sería concesible. Si quisiéramos abrir el mercado del litio, no estaríamos afectando la participación del Estado”, sostiene.
Explica además que para resguardar aún más los intereses de Chile, podría introducirse una cláusula en las concesiones que le entregue al Estado la primera opción de compra de litio en caso de ser considerado como mineral estratégico. Este sería un modelo similar al que rige para el uranio y el torio.
“Hay que definir una política pública en cuanto al litio. Si no lo hacemos, claramente vamos a continuar perdiendo el liderazgo que teníamos hasta el 2012, cuando lo perdimos frente a Australia”.
Francisco Orrego, subsecretario de Minería: “Condiciones de 2013 no estaban dadas”
Tras la fallida licitación de los contratos especiales de explotación de litio, en octubre de 2012, el Gobierno evaluó la posibilidad de lanzar un nuevo proceso. Sin embargo, esto no se llevó a cabo. “Las condiciones en 2013 no estaban dadas para volver a intentar una licitación debido a las cargas ideológica y política que existen sobre el litio”, dice Orrego. Y agrega: “Enfrentábamos un año electoral donde cualquier política pública iba a estar contaminada desde el punto de vista político e ideológico. Por eso consideramos que lo más prudente fue avanzar en la línea de estos dos informes y ponerlos a disposición como insumo para el próximo gobierno”.
Sobre el fallido proceso dice: “No prosperó, no porque fuese un mal instrumento, sino por otras consideraciones. Creo que la decisión de avanzar por el plano administrativo de alguna manera dejó en evidencia que este es un mineral cuya discusión está tremendamente ideologizada”.
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Publicado el 29 de enero de 2014
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