El Estado chileno tergiversa los principios y fundamentos del convenio 169 de la OIT

Denunciamos que el nuevo Reglamento nº 66 de Consulta Indígena es ilegitimo y no lo reconocemos como instrumento para la consulta previa libre e informada, según convenio 169 y hacemos un llamado al nuevo gobierno de Michelle Bachelet a restablecer un verdadero dialogo político directamente con los pueblos indigenas

Aymara- Quechua-Lickan antay- Diaguita- Colla-Rapa Nui- Mapuche-Kawésqar- Yagan

1.- EL ESTADO CHILENO TERGIVERSA LOS PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL CONVENIO 169 DE LA OIT AL PROMULGAR UN NUEVO REGLAMENTO CANCELATORIO DE DERECHOS.

El Gobierno de Sebastián Piñera, al promulgar el nuevo reglamento N° 66 sobre la consulta indígena (Publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, con fecha de 4 de marzo de 2014, N°40.798), no hace más que ratificar sus políticas de baja intensidad cuyo objeto es asimilar, integrar y someter a los Pueblos Indígenas, vulnerando sus  derechos fundamentales, transgrediendo los tratados internacionales que los protegen.

Durante su mandato se empeñó en aplicar el convenio 169, de modo torcido, dando la apariencia de “buena Fe”, con interpretaciones que rebajaron los estándares internacionales. A través de su maquinaria burocrática, articuló una campaña orientada a confundir a los Pueblos Indígenas y se construyó un relato a nivel nacional e internacional de un supuesto acatamiento y observancia de los estándares del Convenio 169 de la OIT,  utilizando para ello, una denominada mesa de consenso, cuyo tenor ha sido la baja participación,  la no representación de los mismos, junto a graves errores técnicos en el contenido del mismo.

Se intenta, de esta forma, consagrar un instrumento administrativo ajustado  para la generación de políticas públicas con una débil participación de los Pueblos Indígenas, restringiendo sus derechos a una consulta previa libre e informada de los Proyectos de Ley y medidas administrativas que nos afecten directamente,  disminuyendo la calidad del ejercicio de los derechos individuales y colectivos.

En síntesis, la política pública orientada a los Pueblos Indígenas ha sido errática, confusa y ha instalado en la opinión pública a un sujeto indígena enemigo de la nación chilena, del bienestar y su desarrollo. Y que, potencialmente, prepara las condiciones para la creación de un enemigo interno a quienes derrotar, típico de una lógica contrainsurgente, de guerra de baja intensidad propio de la guerra fría. 

Algunos hitos de esta política fueron:  
•    Aplicar durante los cuatro años  de su mandato el ilegal Reglamento 124, mientras desviaba la atención en un supuesto proceso de consulta.
•    Promulgó el reglamento del SEIA, que contiene la Consulta Indígena de los proyectos medio ambientales, contraviniendo los estándares del Convenio 169.   
•    Ausencia de política pública, impidiendo un cambio de dirección en la relación del Estado y los Pueblos Indígenas. 
•    Aprovechando los eventos trágicos en zona mapuche, formula el Plan Araucanía, como Política Indígena Nacional, sacando ventaja de la situación de pobreza de las comunidades, forzándolas a renunciar a su derecho ancestral a su territorio a cambio de bonos indignantes.
•    No sometió a Consulta Previa, libre e informada los Proyectos de Ley de Pesca, Creación del Ministerio de Desarrollo Social, Ley Monsanto, Ley de Bosques, entre otras; ni mucho  menos medidas administrativas desarrolladas por el Ministerio de Educación, de Salud, de Medio Ambiente y Servicios Públicos como CONADI, INDAP, SERNAM, SENAME entre otros.
En consecuencia, dichas acciones no hacen más que dar continuidad a la política neo-colonialista de baja intensidad, favoreciendo como siempre a los grupos de poder políticos y económicos. Se ha intentado tergiversar, hasta llegar a suplantar la organización social y política propia de los pueblos,  negándose el derecho legitimo  de los Pueblos Indígenas, para debatir, deliberar y resolver sus asuntos centrales y de alta complejidad como la representatividad, las formas de participación,  institucionalidad, afectación, la consulta y derecho al territorio.  Por último, señalamos que con esta MALA FORMA DE GOBERNAR, no se resuelven nuestras principales demandas ni mucho menos se logra Justicia Social para millones de Indígenas de los Pueblos Originarios. 

2.- LAS 50 MEDIDAS Y LOS PUEBLOS INDIGENAS EN EL GOBIERNO DE BACHELET

El principal escollo que enfrentará el nuevo gobierno respecto a las medidas que ha declarado prioritarias para los pueblos indígenas en el país, tiene que ver:

2a. PRIMERO, CON SUS PROPIAS DEFINICIONES POLÍTICAS Y PLAZOS AUTOIMPUESTOS SOBRE INSTITUCIONALIDAD INDÍGENA. 

Sin embargo, es absolutamente necesario resolver la tensión entre continuismo o ruptura con la forma histórica de hacer política indígena en el país,  que principalmente ha evadido abordar los aspectos estructurales, como el derecho a la  libredeterminación. Hasta hoy día no se han dado las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales, mientras esto no ocurra la relación estado y pueblos indígenas seguirá siendo tensa.

2b.- EN SEGUNDO LUGAR, DAR SEÑALES CLARAS REPARANDO EL DAÑO CAUSADO A LOS PUEBLOS  INDÍGENAS, DEROGANDO LOS REGLAMENTOS, PROGRAMAS Y  LEYES CANCELATORIOS DE DERECHOS. 

1. No imponer una institucionalidad que ha sido cuestionada y deslegitimada por los pueblos indígenas, derogando aquellos decretos de los que se ha servido el actual gobierno para negar derechos, como el Nº124, actual Nº66, del SEIA. Revisar Leyes como la Ley de Concesiones Eléctricas, Ley de Pesca, Plan Araucanía, entre otros. Se trata de afianzar la premisa que todo aquello que ponga en riesgo el equilibrio del territorio y afecte la vida de los pueblos indígenas debe ser intocable, eliminando así la cooptación de los que buscan el consentimiento para ejecutar proyectos de inversión depredadores.

2. Esto requiere fundamental y prioritariamente establecer modalidades de funcionamiento transitorios de común acuerdo, mientras se discute un nuevo camino, generando, desarrollando e implementando una agenda pertinente, participativa y transparente que al más breve plazo, permita consultar todas las medidas legislativas y administrativas que nos afectan directamente y que nos permita establecer una nueva relación.   

3.- EN TERCER LUGAR, DAR UNA RESPUESTA PERTINENTE, OPORTUNA, EFICAZ Y EFICIENTE A LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

1. Es primordial dar una salida oportuna a la demanda de Participación Política de los Pueblos Indígenas. Basadas en nuestras propias formas de organización social y política, evitando formulas de bajo estándar a través de mecanismos organizativos sin pertinencia indígena y menos imponiendo resoluciones extemporáneas y bajo la lógica del pensamiento occidental.

2. Respecto al reconocimiento Constitucional, si bien es una aspiración no cumplida, no se debe olvidar que los mismos pueblos paralizaron el Proyecto de Ley en el Congreso Nacional, por no reunir los requisitos mínimos para el efectivo reconocimiento de los pueblos desviando su objetivo hacia una concepción nacionalista de ciudadanía. Es indispensable, dar un salto cualitativo en la relación del Estado con los Pueblos Indígenas a través de un debate amplio, participativo, honesto y resolutivo. 

3. Formular políticas públicas que permitan resolver los conflictos del Estado con el territorio ancestral de los pueblos indígenas, resguardando y conservando el territorio, sus recursos naturales para asegurar la continuidad, fortalecimiento y desarrollo a los  Pueblos Indígenas. 

4. Restablecer la justicia ajustada a los estándares internacionales, incorporando el enfoque del derecho propio de los pueblos. En las denominadas áreas de conflicto, es necesario iniciar un diálogo genuino, colocando fin a la Ley Antiterrorista y liberando a todos los presos políticos mapuches.

Autoridades Ancestrales y Dirigentes de Los Pueblos Indígenas Autoconvocados
Marzo  2014
pueblosindigenasautoconvocados@gmail.com

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