Las empresas que planean construir centrales termoeléctricas en terrenos licitados por el gobierno para este efecto ya no deberán enfrentar la realización de las consultas indígenas asociadas al Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Este trámite está incluido dentro del proceso de evaluación ambiental bajo el nuevo reglamento del SEA, que entró en vigencia el 24 de diciembre del año pasado.
Fue a fines del año pasado, tal como consigna El Pulso, cuando el ministerio de Bienes Nacionales, en el marco de una política de ordenamiento territorial, inició una licitación de siete paños aptos para la construcción de centrales termoeléctricas, en la que puso como requisito central que en cada una de las zonas dadas en concesión se levante una generadora térmica de al menos 350 MW.
Así se escogió una zona de la Región de Tarapacá (Caleta Chica), dos en Antofagasta (Tames y Cobija Sur) y cuatro en Atacama (Caleta Obispo, Totoralillo Norte, Totoralillo Sur y Caldera), que permitirían cubrir la demanda futura proyectada principalmente por proyectos mineros que se instalarán en esa zona.
En el siguiente paso, la semana recién pasada, la cartera dio a conocer la lista de interesados, entre los que se cuentan empresas de la talla de Endesa, Suez, Collahuasi y IC Power, entre otras. Mientras tanto, los nombres de los ganadores de la licitación -fueron presentadas ofertas por seis de los siete terrenos- serán dados a conocer en los próximos días.
Es así como durante la etapa de diseño del proceso, el ministerio de Bienes Nacionales solicitó a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) información acerca de si se aplican o no las causales que obligan a un proceso de tramitación ambiental a incorporar la consulta indígena. Y la respuesta de la entidad fue un “no”.
“Requerimos se nos informe respecto de la existencia de presencia de comunidades o asentamientos indígenas en las áreas (a licitar) y si se encuentran pendientes en trámite de espacio costero marítimo admisibles. Asimismo, les solicitamos indicar si alguna de estas áreas figura inscrita en el registro de tierras indígenas que lleva la Conadi”, señalaba la misiva, firmada por el propio subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes y emitida al director nacional de Conadi, Jorge Retamal y al asesor especial para asuntos indígenas, Matías Abogabir.
El subsecretario añade que la ejecución de esta política pública “reviste de importancia, prioridad y urgencia, por cuanto pretende como fin último contribuir a ampliar la matriz energética nacional”.
La respuesta, enviada por Matías Abogabir, señala que el análisis hecho por Conadi da cuenta de que no existen “sitios arqueológicos, cementerios indígenas, sitios de significación cultural, territorios indígenas ni comunidades indígenas”, por lo que “se estima que no procedería realizar un proceso de consulta indígena”.
El documento resulta clave para evitar una potencial judicialización de estos proyectos, que es el principal reparo que manifiestan -en privado- las empresas que participaron del proceso de licitación.
Si es que se concretan las seis iniciativas por las que se presentaron ofertas, y que además se relicite de manera exitosa el paño que no concitó interés por parte de privados, sumarán 2.450 MW, aunque podrían ser más si los adjudicatarios optan por desarrollos mayores.
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Publicado el 06 de marzo de 2014
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