Informamos a todos los pueblos indígenas de Chile, que como Alianza Autónoma de Pueblos Indígenas presentamos una denuncia ante el Relator sobre Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, James Anaya, contra el proceso de consulta sobre la consulta que encabeza el Gobierno, la Comisión de Consulta del Consejo de la CONADI, y Matías Abogabir, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Creemos que es necesario derogar y reemplazar el Decreto 124 dictado por el Gobierno de Michelle Bachelet, que viola de manera flagrante y brutal los derechos indígenas, pero lamentablemente el remedio parece ser peor que la enfermedad: el “procedimiento de consulta sobre la consulta” que está llevando a cabo el actual gobierno de Sebastián Piñera, es peligroso y lesivo: la consulta se está realizando sin asesoría a las organizaciones, no existiendo acuerdo sobre la periodificación de la misma; se eligen delegados regionales y por pueblo para decidir todo a puertas cerradas en Santiago, todo lo cual constituye una violación de todos los estándares del Convenio 169.
Asimismo, resulta impresionante cómo el gobierno puede presentar una propuesta de decreto tan irresponsable, y que vulnera de manera manifiesta el Convenio 169 de la OIT. Por dar algunos ejemplos:
1. Se confunde la consulta y la participación
2. La decisión sobre si consultar un decreto o medida legislativa, depende exclusivamente de la decisión del órgano que emite la medida, y del Subsecretario de Desarrollo Social. Los indígenas quedaremos debajo de la mesa.
3. La consulta sobre los proyectos de ley del gobierno se realiza sólo sobre sus “ideas matrices”, es decir, sobre sus ideas generales, lo que impedirá que conozcamos la “letra chica” de los mismos.
4. En la etapa de “información” el gobierno sólo tiene el deber de entregar “un documento descriptivo” y el calendario de la consulta, es decir, meros resúmenes o minutas, o sea, recibiremos información incompleta y al arbitrio del gobierno.
5. La etapa de “diálogo” con los pueblos indígenas está compuesta de sólo “una” reunión, lo que es claramente insuficiente.
6. Fuera de la información incompleta, la consulta no contempla asesoría independiente para los indígenas. Es decir, el gobierno tendrá un ejército de asesores, pero los indígenas iremos sin apoyo alguno, sólo confiando en la información sesgada e incompleta del gobierno, lo que claramente es un grave atropello a nuestros derechos.
7. Sólo se consultarán los decretos de efectos generales, por lo que los decretos que tengan efecto directo sobre algunas organizaciones o grupos indígenas no se consultarán. Por ejemplo, la constitución de derechos de agua, simplemente será inconsulta, si afecta a una o dos comunidades indígenas.
8. El reasentamiento o relocalización de los pueblos indígenas y la afectación grave de su forma de vida serán consultados, pero el derecho internacional y el mismo Convenio 169 contemplan que para estos casos se requiere del consentimiento de los pueblos.
9. Impone como sujetos de consulta a asociaciones y comunidades, mientras que la Corte Suprema y la Comisión Interamericana reconocen como tales a indígenas organizados de otras maneras (sindicatos, comunidades agrícolas, juntas de vecinos u otras), e incluso a grupos humanos no organizados. Esto es una discriminación intolerable.
10. Asimismo, impone como sujetos de consulta a las “organizaciones tradicionales indígenas”, sin distinguir entre las legítimas que ya existen y las nuevas, posibilitando que se levanten eventuales autoridades tradicionales “express”, las que deben ser legitimadas antes de reemplazar a las orgánicas locales ya asentadas. Levantamientos de, por ejemplo, “falsos lonkos” es una práctica desleal del gobierno, que viola el requisito de buena fe del Convenio 169, como se puede ver en las denuncias de las comunidades mapuche de Freire.
11. Las consultas regionales se realizarán en una Comisión regional de consulta compuesta por 15 miembros, lo que constituye una usurpación de la voz de los indígenas, constituyéndose en un espacio intervenido por la coaptación, el dinero, y los partidos políticos tradicionales.
12. Las consultas nacionales se realizarán en una Comisión nacional, compuesta por un representante de cada Comisión regional más el consejo de la CONADI. Esto es una desfachatez, un atentado, hacer que el Consejo de la CONADI extienda sus tentáculos a la consulta, usurpando la voz de los pueblos, mancillando a la consulta con su baja votación y sus negociados internos, sin considerar además que dicho consejo está mayoritariamente designado por el gobierno de turno, siendo solo 8 de sus 17 integrantes elegidos por votación, lo que le quita toda legitimidad a cualquier decisión que tomen sobre esta materia.
Responsabilizamos de este atentado a Matías Abogabir, funcionario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, quien es el operador de este simulacro de consulta sobre la consulta. Queremos advertir a todos nuestros hermanos, que detrás de su aparente debilidad física, tranquilidad, enjutez y dificultad para expresarse, se oculta un funcionario despiadado y peligroso, aún más que su antecesor Sebastián Donoso, con toda su arrogancia e intolerancia académica. Un funcionario por lo demás, elegido a la medida de lo que busca el gobierno de Chile, cual es la desactivación total del derecho a la consulta que nos entrega el Convenio 169 de la OIT, un Convenio que costó 18 años aprobarlo.
También hacemos responsable de este atentado a don Marcial Colín, y nos preguntamos legítimamente, ¿para esto llegó este miembro del Partido Socialista al Consejo de la CONADI? La forma y el fondo de la actual “consulta sobre la consulta” parecen revelar otro pacto más entre la derecha y la concertación, pacto a los que se acostumbraron por más de 20 años. Solo por citar algunos: la desactivación del trámite legislativo del Convenio 169 a cambio de la aprobación de una Ley Indígena mutilada, el año 1993, o el pacto secreto para fusionar un proyecto de reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas, el año 2007, proyecto que lejos de reconocer nuestros derechos lo desconoce.
Queremos señalar que nadie puede reemplazar la voz de los pueblos indígenas, de los hermanos que viven en los territorios, salvo expreso mandato de las organizaciones. Nos oponemos a reconocer como sujeto de consulta a nivel nacional o regional a cualquier Comisión de pueblos que pretenda “representar” a los pueblos indígenas, sea cual sea su origen, sin ese mandato expreso. No necesitamos “vanguardias” que conduzcan a una “masa” de indígenas. Menos si están ligadas a partidos políticos tradicionales. Ya hemos sufrido demasiadas traiciones de dichos partidos políticos. Como Alianza Autónoma, levantamos nuestra voz, pero jamás pretenderemos usurpar la voz de los pueblos, organizados o no, pues ese mandato expreso es siempre imprescindible.
Llamamos a todos los pueblos indígenas a rechazar tanto el procedimiento de “consulta sobre la consulta” como el contenido de la consulta indígena en sí, y a no entregar su soberanía territorial a representantes regionales o nacionales que al primer descuido “negocian con el enemigo”.
Es nuestro deber, los ancestros nos llaman en este instante a cumplir con esta responsabilidad, para proteger la tierra, nuestra herencia, a no venderla ni por dinero ni por cargos de ningún tipo, a defenderla de verdad hasta el final.
Marrichiwew, Jallalla Jallalla, Alabalti alabalti, Amua!!!!!!!!
ALIANZA AUTÓNOMA DE PUEBLOS INDÍGENAS
Ariel León Bacián, aymara, Presidente de la Corporación Aymara Jacha Marka Aru
Francisco Vera Millaquén, mapuche williche, Werken de la Comunidad Williche Pepiukelen de Pargua Alto.
Sonia Ramos, likan Antai, Ayllu sin Fronteras
Amelia Mamani, quechua, Ayllu sin Fronteras
Catalina Cortés, aymara, Consejera ADI Jiwasa Oraje, Ecozona Matilla
Marcela Lincoqueo, mapuche, Sabiduría del Lakutun
Tweet
Publicado el 06 de septiembre de 2012
Visto 290 veces
