“No estamos de acuerdo que después de todas las faltas medioambientales que ha cometido SQM, tengan que llegar a un acuerdo que además, amplía la extracción de litio”, sostiene Ana Ramos, presidenta del Consejo de Pueblos Atacameños a El Ciudadano, quien agrega que este convenio “está fuera de toda norma porque no se consideran los daños ambientales”.
Tal como lo explican en un comunicado de prensa desde el Consejo de Pueblos Atacameños, el año 2014 Corfo inició un juicio para poner término al contrato de arriendo de ciertas pertenencias mineras del Salar de Atacama debido a múltiples incumplimientos que SQM cometió, pero “hoy cede ante esta empresa que se ha mantenido en la impunidad y acepta la propuesta de SQM a cambio de la salida de Julio Ponce Lerou como socio controlador”, agregan en el comunicado y explican que además este acuerdo extendería el arrendamiento del Salar hasta el año 2030, aumentando la cuota de extracción del mineral a unas 180 mil toneladas anuales.
Ana Ramos explica que la Corfo, por medio del Comité de Minería No Metálica y Gobernanza de Salares, estaba realizando un estudio de la cuenca para tener antecedentes hidrogeológicos y así conocer cuál era el estado del Salar. Este estudio está recién empezando, por lo tanto, aún no se sabe cuál es la implicancia real que va a tener respecto a la cantidad de agua que se va a usar si es que se estampa la rúbrica, explica la dirigenta quien agrega que si bien hay documentos, “SQM siempre se ha negado a entregarlos, entonces para nosotros es inaudito que se llegue a un acuerdo”, sostiene.
Este acuerdo permitiría también implementar un programa de Responsabilidad Social Empresarial inédito a través de una fundación, impulsado por Eduardo Bitrán, vicepresidente de la Corfo, quien estaría dispuesto a dejar el recurso sin efecto para implementar tanto la salida de Julio Ponce Lerou como el programa de RSE extendiéndole los años de extracción como las toneladas.
“Nosotros no hemos sido consultados”, sostiene Ana Ramos quien relata que Bitrán tuvo reuniones con algunas comunidades y después apareció diciendo que “era casi como un regalo para las comunidades y el Consejo de Pueblos el que nosotros quedáramos dentro de ese acuerdo, y nosotros no queremos ser parte del juego que tiene SQM con Corfo”, espeta.
Bitrán había sido informado de que el Consejo de Pueblos Atacameños era la única institución representativa del territorio, pero de igual forma realizo reuniones individuales con algunas de las comunidades más cercanas a las faenas de SQM, “generando una afectación a nuestro tejido social”, dice el comunicado. Pero además, el viernes 5 de enero de 2018 en el Ayllu de Larache se llevó a cabo una reunión que el consejo estaba solicitando hace un tiempo y que tenía como objetivo saber sobre el estado del juicio arbitral entre SQM-Corfo y la situación de los contratos de litio que han sido fuertemente criticados por el mundo académico así como por el Informe de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados. En dicha instancia, se informó al Consejo de este acuerdo para extender las operaciones de SQM hasta el año 2030, y que el acuerdo contemplaba una “cláusula de responsabilidad social empresarial” para las comunidades, “la cual ha sido rechazada unánimemente por el Consejo de Pueblos Atacameños porque nuestra mayor ganancia siempre va a ser la sustentabilidad de la cuenca del Salar de Atacama”, sostienen.
Los malos vecinos de algarrobos
Las comunidades atacameñas sostienen en el comunicado que ellas son legítimas dueñas de este territorio ancestral que legaron sus ancestros “quienes desde hace 12.000 años dominaron y comprendieron los desiertos, montañas, oasis y salares que hoy son codiciados por sus recursos naturales” y que con el conocimiento de nuestra cultura milenaria “nos hemos mantenido unidos en nuestro territorio pese a la invasión y saqueo que ha realizado el Estado y las empresas transnacionales, especialmente de nuestra Puri (agua) que hoy nos mantiene en una situación crítica de abastecimiento”. Agregan que les han vulnerado derechos territoriales y la consulta indígena reconocidos en el Convenio 169 de la OIT y en la Ley Indígena.
Ramos sostiene que con este acuerdo “le están dando el favor a una empresa que lo ha hecho todo mal”, pues SQM ya secó un bosque de algarrobos en la comunidad de Cámar “y no hay medidas de reparación… de todas maneras, cuando el agua es derramada no sé si existe alguna forma de volver a recuperarla”, expresa.
En relación a esta denuncia, existe un proceso sancionatorio en proceso en la Superintendencia de Medioambiente por el daño ambiental que SQM ha provocado en la zona y del cual las comunidades y el Consejo se han hecho parte, pero lo más probable es que “si firman este acuerdo, SQM ni siquiera vaya a ser sancionada, ni siquiera multada, va a partir de cero y con una mayor cuota de explotación”, sostiene Ana Ramos.
El proceso sancionatorio en la SMA se inició porque la empresa extrajo más salmuera que la permitida entre los años 2013 y 2015, y alteró su plan de contingencia secando gran parte del bosque de algarrobos. Entonces, “ya hay afectación porque esto es como una taza, entonces se va consumiendo el agua y va afectando toda la cuenca porque es una cuenca cerrada”, explica la dirigente quien grafica la situación: “ellos están extrayendo agua y estamos en un desierto”.
Esta tarde la reunión donde se firmaría el acuerdo en la Cámara de Comercio de Santiago estará acompañada por una manifestación que rechaza la firma y que ha sido convocada el Consejo de Pueblos Atacameños. Será apoyada por diversas organizaciones ambientales de Santiago.
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Publicado el 17 de enero de 2018
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