(La Segunda) Pese a que SQM y Corfo firmaron la paz en el arbitraje que mantenían pendiente por el arriendo del Salar de Atacama —que aumentó su cuota de extracción de litio en casi 350 mil toneladas hasta 2030—, la minera controlada por Julio Ponce aún tiene otro flanco abierto con la entidad liderada por Eduardo Bitran.
Se trata del proceso sancionatorio abierto por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) a fines de 2016, tras una denuncia hecha por la propia Corfo.
En el expediente acusatorio figuran tres faltas graves, dos leves y una gravísima: Según “la súper” liderada por Cristian Franz, SQM extrajo salmuera por sobre lo autorizado; afectó progresivamente el estado de vitalidad de algarrobos aledaños al proyecto y entregó información incompleta respecto de la extracción de agua dulce, niveles de pozos y formaciones vegetales.
En el cargo más grave que se le imputa, apunta a que habría modificado las variables consideradas en los planes de contingencia sin contar con la autorización ambiental.
Por eso, Bitran es enfático —sobre todo tras las críticas que recibió ayer en la Cámara de Diputados, a donde asistió a entregar detalles del acuerdo logrado con SQM en el arbitraje— al sostener que “una cosa fue resolver el arbitraje por temas de renta y otra cosa muy distinta es cómo han abordado los temas ambientales que son serios.
En ese proceso (SMA) somos parte y seguiremos haciendo objeciones cuando las respuestas no sean satisfactorias”.
Según fuentes de la SMA, de demostrarse infracciones gravísimas en el proceso sancionatorio, SQM se expone incluso a la clausura de sus operaciones, independiente del reciente acuerdo alcanzado con la Corfo en el área arbitra, tal como ya ha sucedido por ejemplo en el cierre de Pascua Lama. Así, también corre peligro la eventual inversión que debe desplegar SQM para materializar su cuota de extracción de litio y que la autoridad calculó en torno a US$1.000 millones.
SQM ya presentó alternativas
Como parte del proceso sancionatario, SQM ya ha presentado dos planes de cumplimiento con el fin de culminar el proceso y evitar un castigo mayor.
El primero, avaluado en US$18 millones, fue muy criticado por Bitran, las comunidades originarias del Salar y el superintendente Franz, quienes indicaron que el plan no se hacía cargo de todas las infracciones contenidas en el proceso.
Tras ser rechazado finalmente —en octubre de 2017— la firma volvió a la carga y presentó una nueva propuesta, que incluyó un Plan de Seguimiento Ambiental Hidrogeológico en el Salar. Ese ofrecimiento gatilló el rechazo de la Dirección General de Aguas (DGA), poniendo nuevamente en jaque la salida de “Soqui” del proceso sancionatorio.
Según un informe de la jefa del departamento de conservación y protección de recursos hídricos de la DGA, Cinthia Montecinos, el plan presenta falencias que deben ser justificadas en nuevos informes. Así, SQM debería entregar esta semana una respuesta a ese requerimiento, vía el expediente de la SMA.
Luego de eso, “la Súper” tiene que decidir si aprueba el plan presentado por la minera, o si lo rechaza y continúa con el procedimiento sancionatorio hasta un fallo definitivo.
“Acá la DGA fue muy crítica, si no hay respuesta satisfactoria tendríamos que oponernos también”, anticipa Bitrán. Otros actores se hicieron parte
En el proceso sancionatorio llama la atención la participación de Albermarle, la otra minera que extrae litio del salar y que justificó su interés “dada la proximidad de las labores y los potenciales efectos sinérgicos sobre el medio ambiente”, en palabras del gerente general de la firma, Stephen Elgueta. La firma criticó el plan de cumplimiento de SQM, acusándolo de graves deficiencias.
El Consejo de Pueblos Atacameños, vecinos del Salar, también lanzó sus dardos contra SQM. “El programa no debería ser aceptado pues no subsana la sobreexplotación del salar en su conjunto, ni ofrece una reparación integral a todas las actividades culturales y de subsistencia de las comunidades atacameñas”, describe Ana Ramos Siares, dirigenta y representante del pueblo Lickanantay.
Al margen de este proceso sancionatorio, Eduardo Bitrán describe que la conciliación alcanzada recientemente con la minera incluye una serie de compromisos de sustentabilidad inéditos en la historia del salar, como por ejemplo, la instauración de un interventor ambiental, monitoreos en línea, la posibilidad de caducar la concesión en caso de incumplimientos ambientales graves y recursos para las comunidades indígenas.
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Publicado el 29 de enero de 2018
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