“Si hay perjuicio fiscal, estoy dispuesto a devolver esos recursos”, señaló el lunes de la semana pasada Joaquín Lavín en Radio Agricultura, haciendo referencia a los últimos antecedentes que ligan su fallida campaña senatorial de 2009 con dineros irregulares provenientes de Soquimich (SQM), la empresa de Julio Ponce Lerou.
El caso de las boletas ideológicamente falsas que sirvieron para financiar la aventura electoral del padre del bacheletismo aliancista, fue el que permitió abrir la arista SQM en el caso del escándalo de las platas políticas que investiga la Fiscalía. Los datos surgieron luego que el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara en contra del ex subsecretario de Minería y militante UDI, Pablo Wagner, y su cuñada, Carolina de la Cerda, a quien se le detectaron boletas emitidas a la minera sin que se hubiesen realizado trabajos que las justificaran. Diversos testimonios revelaron que los dineros pagados por esas boletas fueron a parar a la campaña de Lavín.
El último antecedente conocido fue el testimonio de la secretaria personal de Lavín, Lorena Espinoza, quien reconoció ante la Fiscalía que en la campaña senatorial del 2009 se utilizaron dineros provenientes de cheques emitidos a nombre de Carolina de la Cerda, quien a su vez había declarado que esos cheques le llegaron después de emitir una serie de boletas falsas a SQM.
Pero los antecedentes descubiertos por el Ministerio Público, que ligan a la minera con la UDI, solo sirven como una primera aproximación a la extensa relación que mantiene el gremialismo con los negocios de Julio Ponce Lerou, la que comenzó a gestarse cuando la entonces Sociedad Química y Minera de Chile se privatizó, en plena dictadura.
Hoy, los vínculos entre el mundo de la derecha gremial y la empresa que explota el litio están más expuestos que nunca, luego que apareciera una serie de nombres vinculados al partido de Jaime Guzmán que emitieron boletas a Soquimich en tiempos de elección presidencial y parlamentaria.
Las últimas revelaciones de la investigación de la Fiscalía por financiamiento ilegal de campañas políticas han puesto el foco sobre un puñado de militantes gremialistas que otorgaron boletas a Soquimich entre 2009 y 2010. La mayor parte de esos nombres están ligados a Pablo Longueira. La relación del partido creado por Jaime Guzmán con la minera es de larga data, y el ex yerno de Pinochet nunca ha dejado de contar con representantes UDI en sus directorios.
LAS BOLETAS UDI
Según datos recabados por El Mostrador, son al menos diez las personas que aparecen entregando boletas a SQM entre 2009 y 2010. Hay que tener en cuenta que los documentos que se tuvieron a la vista para llegar al listado fueron un informe de la Fiscalía que da cuenta de 21 nombres sospechosos que le boletearon a la empresa en julio de 2009 –único mes de ese año que se le ha permitido investigar–, y un listado con 240 Rut, enviado por la minera al SII y que incluye a personas naturales y jurídicas que presentaron boletas durante el 2010.
Fuentes de la UDI indican que varios de los nombres relacionados con ese partido que figuran en la lista están internamente relacionados con Pablo Longueira –partiendo por su hijo, José Tomás Longueira Brinkmann, quien rindió una boleta por $4.450.333 en 2010–, mientras que otros son cercanos a Jovino Novoa, el único “coronel” que aparece cercano a la actual directiva comandada por Ernesto Silva.
Una ex asesora de Joaquín Lavín que figura en el informe 2010 es Karin Grollmus Fritz, quien presentó un documento por $3.340.000. Militante UDI, Grollmus trabaja actualmente en la Universidad de Los Andes, pero el 2009 aparecía firmando junto al entonces candidato a senador el texto “Emprendimiento contra la pobreza”. La misma asesora lo acompañó también en sus dos anteriores aventuras presidenciales. En la UDI comentan que ella trabajó junto a Lavín varios años en la Universidad del Desarrollo, pero que después se fue junto a Pablo Longueira al Ministerio de Economía, donde asumió la dirección de Comunicaciones.
Cercano también por esos años a Longueira era Juan Pablo Aguerreberry –ex vicepresidente de la juventud, ex consejero general y ex concejal por Renca–, cuya cónyuge, Laura Toledo, aparece emitiendo boletas a SQM en 2009 y 2010, las dos veces por un total de $5.555.555.
Roberto Lewin Valdivieso es Core de la UDI por Las Condes. Antes, en el Gobierno de Piñera, formó parte de la avanzada presidencial, y en los pasillos del gremialismo comentan que es “cercanísimo a Pablo”, tanto que su señora, Mercedes Vial, estuvo en el comando presidencial de Longueira el 2013. El hijo de ambos, Roberto Lewin Vial, emitió boletas a SQM el 2010 por $6.673.340.
A pesar de que es militante RN, varias fuentes coinciden en que Gustavo Alessandri Balmaceda –eterno candidato a diputado por La Florida– es uno de los allegados a Pablo Longueira. Dicen que se hicieron cercanos en la senatorial del 2005 y que nunca más se separaron, que incluso compartieron oficina durante la primaria, pero que siempre se ha leído esa relación como de “ayuda” del UDI hacia Alessandri. Como sea, el hijo de este último, Gustavo Alessandri Bascuñan, que es concejal por Puente Alto en cupo UDI, presentó boletas a SQM el 2010 por $5.555.556.
De Víctor Krefft Marín dicen que es un cuadro más bien transversal. Asesor del senador Juan Antonio Coloma desde el año pasado –abril del 2014–, y presidente de la UDI en la RM Poniente, aparece boleteando en 2010 por $4.444.444. Si bien en el partido dicen que Krefft está en la línea política de Longueira, también aseguran que le ha tocado trabajar por años con Jovino Novoa, quien era el senador gremialista por la zona poniente de la Metropolitana, por lo que se lo podría calificar como cercano a ambos.
De Enrique Gillmore Carmona, quien el 2010 presentó boleta por $14.472.230, comentan que es allegado a Novoa, que es parte de la línea del actual timonel Ernesto Silva, y del grupo de los “illuminati”, como internamente designan a quienes aparecen como “apadrinados” por Novoa.
Otros nombres cercanos al gremialismo que aparecen mencionados en el informe de SQM son la asesora del senador Jaime Orpis, Carolina Gazitúa Larenas, por una boleta de $3.335.011, el 2010, y el ex candidato a Core por Arica, Manuel Rodríguez Campillay, quien actualmente es investigado por la Fiscalía por emitir el 2009 una boleta por $1.666.667. Un año después el monto fue mayor: $13.350.003.
Hasta ahora solo forman parte de la investigación quienes emitieron boletas en julio del 2009, ya que a pesar de los nuevos antecedentes surgidos, el SII aún no presenta una ampliación de la querella para que el Ministerio Público pueda indagar lo sucedido con Soquimich en los meses y años posteriores.
WAGNER Y EL LITIO
Pablo Wagner mencionó el 2012 a El Mostrador que Longueira, Novoa, Chadwick y Lavín eran “sus mentores” en el partido en el que militó desde 1992, mismo que debió abandonar el 18 de enero pasado, tras conocerse que recibió platas de Penta mientras era subsecretario de Minería.
Pero antes del actual escándalo, Wagner protagonizó otro, y esa vez relacionado con SQM. En diciembre del 2012, el Gobierno de Sebastián Piñera debió invalidar una licitación que se había adjudicado Soquimich para explotar 100 mil toneladas de litio, y que se había realizado mediante un Contrato Especial. A cargo de todo ese proceso estuvo un Comité Especial de Licitación, presidido entonces por Pablo Wagner.
El problema estuvo en que SQM falseó información al fisco –al asegurar que no tenía litigios pendientes con el Estado, que era uno de los requisitos en las bases de la licitación–, lo que llevó al gobierno a anular el resultado de la operación. Por este escándalo, Wagner renunció a la subsecretaría de Minería, asegurando que “si no conseguía el objetivo de adjudicar la licitación, es mi responsabilidad poner mi cargo a disposición del Presidente de la República”, declaró entonces.
Con la información que hoy está sobre la mesa, queda de manifiesto la relación que existió entre el entonces subsecretario y la minera. La cuñada de Wagner, Carolina de la Cerda, ha reconocido que este le solicitó emitir boletas falsas a distintas empresas, entre ellas a SQM, desde el 2009, antes de que el militante de la UDI ingresara formalmente al Gobierno.
Cuando estalló la polémica por la fallida licitación, fueron numerosas las voces que cuestionaron los vicios del proceso, entre los que se incluyó la decisión del Gobierno de devolverle una boleta de garantía por US$4 millones a la empresa de Ponce Lerou, la que había entregado al momento de postular a la licitación que luego perdió por falseo de información.
UNIDOS DESDE LA CUNA
La ganadora del Premio Nacional de Periodismo y directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Mönckeberg, describe el proceso mediante el cual SQM se privatizó durante la dictadura y asegura que actuales militantes gremialistas ocuparon un rol protagónico en ese proceso.
Mönckeberg comenta que la privatización de Soquimich, que era 100% estatal desde 1972, comenzó en 1985, solo meses después que Hernán Büchi –ex candidato presidencial UDI–, asumiera como ministro de Hacienda. La periodista relata que el proceso fue lento, ya que había resistencia por parte de algunos sectores militares a privatizar las llamadas “empresas estratégicas”.
“El 25 de mayo de 1987 Julio Ponce Lerou retornó al directorio de SQM. El 2 de diciembre de 1987 el directorio designó nuevamente como vicepresidente a Patricio Contesse, hasta que fue nombrado presidente de Codelco, en enero de 1989. Al 31 de marzo de 1988, SQM era enteramente privada, y su principal accionista era Pampa Calichera, que reunía el 15,2% de la propiedad accionaria. Y al 31 de diciembre de 1989 Pampa Calichera era dueña de casi el 20% de las acciones de SQM”, asegura, citando datos de su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno.
“En 1989 ya no había militares en la primera plana del directorio. Los civiles en cambio constituyeron un símbolo de lo que ha significado este proceso, junto al presidente de la empresa, Julio Ponce Lerou, que la preside desde 1987”, agrega, haciendo referencia al poderoso directorio al frente de la minera, el que desde sus inicios ha contado con presencia de militantes, o de cercanos, a la UDI.
Desde 1993 que Büchi es director de la compañía. Candidato presidencial de la derecha en 1989, es uno de los fundadores de Libertad y Desarrollo, centro de estudios ligado a la UDI; preside el consejo directivo de la Universidad del Desarrollo, en cuya propiedad participan los Penta. Ex ministro de Hacienda de Pinochet, participó en el directorio de Copesa, y ahora es uno de los socios del medio digital El Líbero, junto a Luis Larraín y Gabriel Ruiz-Tagle.
Juan Antonio Guzmán Molinari, casado con Paulina Dittborn –y por tanto cuñado del ex diputado y presidente de la UDI Julio Dittborn–, forma parte del directorio desde 2013. Desde hace un par de semanas es parte del comité especial creado por SQM para indagar lo sucedido con el pago a campañas políticas por parte de la firma.
Actualmente figura como director de Oro Blanco –una de las sociedades cascadas ligadas a Ponce–, Cristián Leay Morán, ex diputado UDI entre 1990 y 2005, uno de los mejores amigos de Pablo Longueira y director también de TVN en cupo de la derecha.
En todo caso, por los directorios de Ponce también han pasado otros personajes ligados al mundo de la política, como Osvaldo Puccio (PS) y Alejandro Ferreiro (DC), ambos venidos de la cuna de la Concertación.
A pesar de diversos correos electrónicos y llamados telefónicos, ninguna de las personas que aparecen emitiendo boletas a SQM respondió las solicitudes de El Mostrador. En la familia de Pablo Longueira también se negaron a contestar los llamados, y en la UDI indicaron fuera de micrófono que todos los casos mencionados deberán ser enfrentados como “asuntos individuales” y que no le corresponde al partido salir a dar explicaciones por ellos.